En un hecho inédito, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, exigió una ley que entregue amnistía a los efectivos policiales y militares que posean causas abiertas o que hayan sido condenados por hechos ocurridos durante la revuelta del 2019. Un llamado a la impunidad y que abre una peligrosa puerta para que Carabineros y PDI puedan actuar de forma sumaria.
Jueves 18 de abril
Nuevamente apareció Rodolfo Carter en medios de prensa a pedir impunidad para el accionar violento y represivo de Carabineros. Esta vez el alcalde hizo una exigencia al gobierno a impulsar una ley que entregue amnistía a los efectivos con causas abiertas o ejecutoriadas producto de la revuelta del 2019. En un punto de prensa Carter señaló que “Ha llegado el momento de terminar con la persecución a Carabineros” e hizo hincapié en que hoy existiría un supuesto “activismo judicial de la ultraizquierda” un completo delirio.
No contento con esto, Carter también señaló que debe detenerse incluso las causas contra el general Ricardo Yañez y la institución “dejen a sus oficiales y suboficiales tranquilos, a su director general tranquilo,[...] que termine este acoso judicial del que están siendo víctimas”.
Solo como un hecho de la causa, cabe recordar que Yañez está siendo acusado por La fiscalía hace un par de días que agregó más de mil casos a la formalización. Dando un total de 1386 casos, por los cuales será formalizado como responsable institucional de la policía.
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Este pedido de Carter se suma a otros que hicieran semanas atrás el historiador Joaquín Fermandois en una editorial de El mercurio quien eleva a la estratósfera a los efectivos policiales y militares señalando que estos habrían actuado para mantener en pie la esperanza de que el caos pasaría, incluso llega a señalar que los objetos que lanzaban los manifestantes eran más peligrosos que una bala.
Esta ofensiva de la derecha y la ultraderecha de buscar impunidad para las policías va de la mano con el discurso de más represión y militarización de la sociedad ante el clima de inseguridad que se vive en el país.
Como decíamos en una nota anterior, si el estado garantiza la impunidad a los agentes policiales para que puedan reprimir incluso asesinar sin consecuencias, puede profundizar una lógica de disparar primero y preguntar después, acciones que solo perjudicarán a los sectores populares y que difícilmente podrá detener la delincuencia o al crimen organizado.
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