El Consejo de Ministros aplicará esta medida prorrogando la prohibición de desahucios hasta el 30 de septiembre y el corte de suministros hasta el 30 de junio. Pese a que esta medida se aprobó a raíz de la pandemia, tan solo en 2021 se ejecutaron más de 30.000 desahucios.
Miércoles 23 de febrero de 2022
Una vez más, con el gobierno “progresista”, la apariencia supera a la realidad. El Seno del Ejecutivo aprueba llevar al Consejo de Ministros una prórroga del “escudo social” que se llevó a cabo durante la pandemia, en materia de vivienda. Aparentemente, se establece la prohibición explícita del desahucio de personas sin alternativa habitacional hasta el día 30 de septiembre, estableciendo también la prohibición del corte de suministros de dichas familias en riesgo hasta el día 30 de junio.
En 2011, las calles gritaban “STOP desahucios” contra la especulación inmobiliaria, las viviendas vacías de los fondos buitre y las políticas represivas que aplicaba el gobierno de Mariano Rajoy. Los autoproclamados herederos del 15M y por tanto de estas consignas, se mantienen tambaleantes en la cuerda floja, tratando de no caerse al precipicio electoral, porque saben que se han convertido en ese monstruo que juraron destruir.
Hace tan solo 3 días, se produjo en el barrio de Carabanchel en Madrid, el desahucio de una pareja de 78 y 82 años, cuya imposibilidad de pago de las tasas de comunidad hizo que un juez decretara su desahucio inmediato. Contra la amenaza de dos peligrosos jubilados, se lanzó un despliegue policial de película de Hollywood. Esta es la rutina que se lleva produciendo desde mucho antes incluso de la pandemia y cuyos números ni cesan ni tan siquiera se revierten.
En el último trimestre de 2021, se produjeron 8.700 desahucios en todo el estado, superando este número los 30.000 si tomamos los datos anuales. En todo caso, muestra que o las Fuerzas policiales controladas por el Ministerio del Interior están desobedeciendo sus dictámenes, o lo que es más probable, que realmente el Gobierno no la está aplicando de forma real.
Mucho ruido y pocas nueces. Tratar de mostrar que eres progresista, mientras mandas las nuevas unidades con material renovado de las UIP a desahuciar personas mayores y familias enteras.
Con respecto al corte de suministros, la experiencia de estos pasados meses muestra que el valor de esta ley es totalmente nulo. Hace un par de días se cumplían los 500 días sin luz de los habitantes de la Cañada Real, que ya cumplen dos inviernos contando con olas de frío como Filomena, con recursos básicos cortados por esas mismas empresas como Naturgy, que son las mismas que han producido la histórica subida del precio de la luz. Y mientras tanto, ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid ni el Gobierno Central hacen absolutamente nada por restablecer el servicio de luz en un barrio entero.
Estas medidas forman parte de todo un entramado de medidas que apenas logran paliar los problemas del sistema capitalista y que tienden a reafirmar y legitimar los retrocesos de las medidas neoliberales que les preceden.
Sin ir más lejos, la reforma laboral de Yolanda Díaz, que se vendió como un éxito para la clase trabajadora, se redactaba mientras el mismo gobierno que lo hacía mandaba tanquetas por las calles gaditanas para reprimir brutalmente la heroica huelga de los trabajadores del metal. Ahora que ya está cocinada, al gusto de la CEOE y de las FAES de Aznar, podemos comprobar que es una ley que lejos de eliminar la temporalidad y la precariedad laboral, las oculta o profundiza. A falta de una ley que limite los precios exorbitados de los alquileres, aprueban una ley para dar dinero a los caseros.
Hartas y hartos de medidas falsas y paliativas, la clase trabajadora demanda derechos. Hay casas de sobra en este país para todo el mundo, pero se condena que las clases oprimidas aspiren a tener un techo cuando hay fondos buitre que tienen miles o propietarios que compran manzanas enteras para pisos turísticos y fomentan la gentrificación de los barrios.
La solución no es construir más bloques con sus respectivos pelotazos inmobiliarios, es proporcionar vivienda a quien la requiere. Los precios desorbitados de la luz y los servicios básicos no se bajan con una reducción de impuestos, se bajan nacionalizando las eléctricas y controlando su producción, sin plusvalías. Por tanto, menos especulación y más expropiación.
