Nacional. Casación beneficia a un genocida de la ESMA con el arresto domiciliario

Los jueces Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, de la Cámara Federal de Casación Penal, anuló el fallo Tribunal Oral Federal N° 5, que le había negado el arresto domiciliario a Martínez Pizarro, y le ordenan dictar una nueva resolución. El juez Alejandro Slokar, integrante de la Cámara de Casación, votó en disidencia. En su fundamento recordó que la acordada, dictada por la propia Cámara, recomienda hacer lugar a las detenciones domiciliarias, en el marco de la pandemia, a quienes no hubieran cometidos crímenes violentos. Además, el juez enfatizó que el sector penal de Ezeiza, donde se encuentra alojado Martínez Pizarro, está subpoblado y que cuenta a su disposición con todos los tratamientos prescripto por sus médicos.

El médico Martínez Pizarro, de 71 años, fue juzgado y condenado a prisión perpetua por su participación en la ESMA. Fue coautor de distintos crímenes contra más de 200 víctimas: privaciones ilegítimas de la libertad e imposición de tormentos, homicidios agravados y robo de menores. Pizarro, además de asistir a los militares en las salas de torturas -monitoreando a las víctima, y de dormir a los detenidos antes de subirlos en los vuelos de la muerte, atendía la “sala de embarazadas” donde daban a luz las mujeres secuestradas –luego regalaban sus bebés-.

Rogelio José Martínez Pizarro fue condenado en la misma causa en la que se imputó a Gonzalo "Chispa" Sánchez, -quién integró el grupo de tarea que asesinó y secuestró a Rodolfo Walsh- y que fue extraditado este jueves desde Brasil.

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La misma Sala II de Casación Penal, con el voto de Mahiques y Yacobuccieste, este jueves había dictado un fallo de características similares en favor del ex aviador naval Luis Ambrosio Navarro, de 67 años, condenado a cadena perpetua por haber participado, también, en los denominados vuelos de la muerte. Además de los represores Lucio Nast, condenado a 22 años de prisión; al militar de inteligencia que estuvo prófugo hasta 2017, Cinto Courtaux; y a José Maidana.

En tanto miles de personas alojadas en los penales, sin condena, y por haber cometidos delitos no violentos, y que son población de riesgo, esperan que se les otorgue el derecho a no quedar expuesto al contagio. El hacinamiento en el que se encuentran alojados los detenidos comunes, facilita que el virus se expande entre la población carcelaria. Ya se reportaron decenas de casos, aunque no se conoce cuál es la cifra real.

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