Estado español. Casi 3 millones de personas viven en zonas con alto riesgo de inundación. ¿Cómo se soluciona esta situación?

Al calor de los acontecimientos se ha ido conociendo estos días que expertos llevan años alertando de la urgente necesidad de impulsar planes de acción en estas áreas, pero la respuesta tanto por Ministerios como por Gobiernos Autonómicos y Diputaciones ha sido mínima o nula, y en lugar de detener la construcción y replanificar el espacio, el número de viviendas en estas zonas sigue en aumento. Este desastre no es un episodio aislado: refleja una profunda irracionalidad en el urbanismo capitalista que afecta a millones de personas en todo Estado español y que, ante el riesgo cada vez mayor de fenómenos atmosféricos extremos a causa del cambio climático, implica pensar cómo resolver esta situación a la que constructoras, promotoras y administraciones han llevado a millones de personas.

Cerca de 3 millones de personas viven en zonas de alto riesgo de inundación

En el Estado español existen cerca de un millón de viviendas construidas en zonas inundables, esto implica que casi 3 millones de personas tienen sus viviendas en zonas en alto riesgo de inundación. Entre estas áreas, que vienen señaladas en los mapas de riesgo del Ministerio para la Transición Ecológica, están las que han sufrido las tremendas inundaciones en Valencia, pero hay muchas más a lo largo y ancho del territorio.

En azul zonas indicadas con peligrosidad por inundación fluvial en los próximos 100 años cercanas a la ciudad de Valencia.

Existe una identificación exhaustiva de zonas inundables en todo el territorio, sin embargo, en estas zonas por un lado se sigue construyendo y, por otro lado, a pesar de que existen en algunos lugares planes de acción para proteger o, al menos, mitigar las consecuencias de posibles riadas, estos no se ponen en marcha. Es el caso de Comunidad Valenciana, la más castigada por la última DANA, en la que existía un plan de acción territorial de riesgo de inundaciones (PATRICOVA) que se aprobó en 2003 y se revisó en 2015 pero el cual, como han denunciado varios expertos estas semanas, quedó guardado en un cajón, no se aplicaba. También desde el año 2007 existe un plan específico de gestión de riesgo de inundación sobre las poblaciones arrasadas a causa de la crecida del barranco del Poyo, que, unos cuantos gobiernos después, sigue sin ponerse en marcha. Este barranco está declarado como área de Alto Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) en el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación (PGRI) de la Cuenca del Júcar desde el año 2011. Esto significa que se han elaborado los correspondientes mapas de peligrosidad y riesgo de inundación aunque no se pongan en marcha. Además, la furia con la que irrumpió el agua en este barranco tristemente no es una novedad. Existen 100 inundaciones registradas en los últimos 250 años a causa de esta rambla. Es por ello por lo que este crimen social tiene responsables.

La inacción de los distintos gobiernos en materia de protección de estas zonas catalogadas como Áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI) desde hace varias décadas es el motivo por el cual hoy las consecuencias de la última DANA se contabilizan en varios centenares de fallecidos y miles de edificaciones con daños.

A la ignorancia de estos planes por parte de las mismas administraciones que los desarrollan se suma el hecho de que durante estos años tampoco se dejó de construir en estas zonas. La construcción incontrolada ha sido el rasgo distintivo de las últimas décadas y solo responde a intereses de constructoras, promotoras inmobiliarias y empresas. En un estudio de 2008 sobre la cartografía de la vulnerabilidad de la rambla del Poyo liderado por la catedrática de Geografía Física de la Universitat de València, Ana Camarasa, ya se destacaba que el problemas de las inundaciones originada por la dinámica torrencial de este barranco "se ha agravado a medida que se iba produciendo la expansión urbana". En el informe se desarrolla que “Las mayores modificaciones territoriales tuvieron lugar a partir de los años sesenta. Enormes extensiones de huerta se transformaron en polígonos industriales y en nuevos barrios”, llegando algunos municipios “a conurbarse entre sí (Aldaia-Alaquàs, Sedaví-Benetússer-Alfafar)”. El trabajo concluye que, en la rambla del Poyo, los espacios más vulnerables a las inundaciones “durante el día están asociados a polígonos industriales y comerciales”.

No es casual que en la zona cero de la DANA, una zona periférica a la ciudad de Valencia, ciudad cada vez más poblada, fuera una zona de gran interés urbanístico. El problema del precio de la vivienda, combinado con el turismo, expulsa a miles de familias de ciudades como Valencia que se han de trasladar a estas zonas periféricas como las afectadas. Según un informe publicado por el portal datadista tres de cada diez viviendas afectadas por la DANA en Valencia se construyeron en zona inundable durante la burbuja. En concreto se construyeron a partir del año 2000 incluso cuando ya se había elaborado el citado plan de acción territorial de riesgo de inundaciones (PATRICOVA) que es del año 2003. Es decir, se construyeron después de que existiese un informe de la peligrosidad de las zonas afectadas. Esto supone una enorme negligencia permitida sin límite alguno por parte del estado capitalista. Además no fue hasta 2015 cuando el Estado limitó la construcción en zonas inundables. No fue hasta ese año cuando se realizó la reforma de la ley del suelo, con la que se obligó a declarar no urbanizables los suelos inundables. Es decir, cuando ya se habían levantado sin límite alguno toneladas de ladrillo y las promotoras y constructoras se habían forrado, solo entonces se modificó la ley. No obstante, muchas viviendas en muchos lugares del territorio han sido construidas después de 2015 sorteando esta norma gracias a la corrupción propia de los partidos del régimen político español.

El modelo de crecimiento basado en la construcción de las últimas décadas conllevó que miles de viviendas se levantaran en tiempo récord, muchas de ellas en zonas de riesgo cercanas a barrancos, cauces de ríos y otras áreas potencialmente inundables como zonas por inundación marina. El estudio anteriormente citado señala que los territorios más afectados por la creciente expansión urbana de la capital valenciana en el último siglo son dos llanos de dos ramblas: el Barranc de Carraixet y Rambla de Poyo. Es lo que ocurre también en muchos lugares de la costa que a golpe de ladrillazo y para alimentar un modelo turístico sin fin se construyeron edificaciones en primera línea de playa, muchas en zonas potencialmente inundables. La construcción de viviendas se convirtió en una especie de ley en la que los municipios cedían ante la presión de grandes promotoras y, a menudo, se ignoraban o suavizaban las advertencias sobre el riesgo de inundaciones. En lugar de invertir en estudios de suelo o respetar los mapas de riesgo, el sistema hipotecario y las políticas de vivienda impulsaron una fiebre de ladrillo, cuyo coste sigue pagándose en vidas y destrucción material.

Detalle de Rincón de la Victoria (Málaga) donde se ven edificaciones recientes en zonas catalogadas de riesgo por inundación marítima (en amarillo). Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.

Urbanismo en manos de los capitalistas: ni racional ni planificado

Con todos estos informes y planes de acción sobre la mesa alguien podrá preguntarse por qué no se pusieron en marcha antes obras de contención, protección y rectificación, por qué se siguieron construyendo polígonos, centros comerciales y viviendas en un lugares donde hay una inundación cada 2,5 años o se siguen construyendo hoteles y apartamentos tan cerca del mar. Sin embargo, cuando hechos como el de esta última DANA golpean nuestra realidad empieza a ser más evidente que el problema no es la falta de información o recursos; es la lógica capitalista de la planificación que responde a intereses irracionales: los intereses del beneficio de empresas, bancos y constructoras a lo que las instituciones del estado burgués pliegan su gestión incluso cuando implica fragrantes negligencias.

El hecho de poner los intereses capitalistas por encima de las vidas de las y los vecinos y las y los trabajadores no solo lo vemos con lo que no se hizo, o se hizo de manera negligente en las décadas previas construyendo sin ton ni son. También lo hemos podido ver con la gestión de la propia DANA cuando los avisos de la AEMET fueron desoídos con tal de mantener la producción, así como en la gestión inmediatamente posterior. Vivimos en un sistema que no tiene en cuenta las necesidades de la mayoría social y por delante de ellas pone los intereses de unos pocos, un modelo en el que el urbanismo y la planificación de las ciudades en manos de los capitalistas no es una herramienta para mejorar la vida de las personas, sino un negocio. El suelo es un negocio demasiado rentable como para restringir o limitar su uso. Así, año tras año, el capitalismo a través de las instituciones y gobiernos de todas las comunidades autónomas y el central permite y fomenta la construcción en zonas de alto riesgo sin importar las consecuencias. Es más, las mismas constructoras y promotoras que se vienen enriqueciendo sin límites son las que ahora se frotan las manos ante el negocio de la reconstrucción.

Hace falta un plan urgente de reconstrucción y replanificación financiado por impuestos a las grandes empresas

Si bien los episodios de inundaciones en el Estado español no son un fenómeno reciente, también es cierto que en los últimos años este tipo de fenómenos son cada vez más frecuentes y su impacto mayor. El cambio climático causado por un modelo productivo irracional y destructivo con el ambiente tiene terribles consecuencias como la que hemos visto estos días, que sumado a la inacción de instituciones responsables de dar avisos y tomar medidas así como al recorte de servicios y cuerpos civiles de emergencias como el 112, la unidad de emergencias étc… convierte estos hechos en crímenes sociales capitalistas. Empresas y gobiernos son responsables. Los gobiernos, tanto centrales como autonómicos, han demostrado una pasividad alarmante en el tema de la inversión para proteger las zonas de riesgo y han priorizado inversiones más rentables para empresarios. ¿Cómo es posible que con un plan sobre la mesa no se actuará en el Barranco del Poyo pero que en esa zona se construyera en 2001 uno de los centros comerciales más grandes de todo el Estado?

Ahora, tras la DANA y ante el cuestionamiento cada vez mayor del papel de los partidos del régimen, el Gobierno ha aplicado un plan de e ayudas que tratará de paliar y recuperar en lo más inmediato lo que han destruido las riadas. Pero el grave problema al que nos vamos a enfrentar en los próximos años a causa del cambio climático exige una serie de medidas de calado que transformen radicalmente el modelo urbanístico de muchas zonas del Estado español que se encuentran en riesgo de inundación.

No se trata de desurbanizar ahora todas esas zonas, pero sí de pensar junto con expertos, vecinas, vecinos trabajadores y agricultores la manera de proteger y, si es necesario relocalizar, las viviendas e infraestructuras que están expuestas a un alto riesgo de inundación. Deben ponerse en marcha ambiciosos planes de reconstrucción planificados y controlados por expertos independientes, ecologistas, vecinas, vecinos y trabajadoras y trabajadores. Pero la financiación para ello no puede salir de los bolsillos de las y los trabajadores sino que deben ser financiados con impuestos progresivos a grandes empresas y, especialmente, impuestos aplicables a las energéticas, grandes empresas, los bancos y constructoras. Además de la prohibición inmediata de nuevas construcciones y paralización de las que estén en curso en zonas de riesgo, la expropiación de viviendas de los grandes tenedores para realojar a quienes viven en áreas peligrosas y la inversión en infraestructuras que mitiguen los efectos de las inundaciones financiadas con impuestos a grandes fortunas. Esto es un primer paso para pensar una planificación urbana controlada que pueda contener las catástrofes más inmediatas que están por venir. Y aunque las catástrofes climáticas son una realidad ineludible no podemos resignarnos a ellas. Es por ello que, junto a los planes de reconstrucción y replanificación extraordinarios, es urgente pensar un modelo productivo radicalmente diferente basado en una planificación democrática y racional de la producción y esto no puede darse en manos de los capitalistas sino en manos de las y los trabajadores junto a investigadores expertos ecologistas y sectores afectados, quienes pueden poner el freno de mano a la emisión de gases de efecto invernadero, transformar la producción de alimentos, energía, transporte, salud, etc.

La lucha por un urbanismo y una producción racionales forma parte de la pelea por construir una sociedad en la que la planificación urbana esté al servicio de quienes habitan ciudades y municipios, la mayoría social.