La patronal sigue despidiendo temporalmente a millones de trabajadores y trabajadoras y ni el gobierno ni los sindicatos mayoritarios hacen nada para impedirlo. Todo lo contrario, lo fomentan y jalean. El gobierno, además ante el colapso de las oficinas de empleo, ni siquiera les garantiza cobrar a las familias afectadas su prestación, dejando a estas completamente abandonadas.
Jorge Calderón Historiador y Profesor de Secundaria, Zaragoza
Miércoles 15 de abril de 2020
Ante los miles de ERTEs (despidos temporales) de las ultimas semanas, los servicios públicos de empleo no “dan abasto”, y esto esta provocando que millones de trabajadores y trabajadoras no estén cobrando unas prestaciones económicas fundamentales para su supervivencia.
Los datos oficiales son claros. En el último mes, desde la declaración del estado de alarma y la aplicación de esta medida laboral, la cifra de expedientes ya supera los 500.000 y la de afectados y afectadas llega a casi a casi los 4 millones, el 16% de la población activa. Esta cifra, es más del doble de la hubo en los diez años anteriores, entre 2009 y 2019, con algo más de 1,57 millones.
Esto ha provocado, que ha pesar de la contratación de nuevo personal, las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) estén absolutamente colapsadas y desbordadas. Ayer mismo, lo reconocía en el diario El País, Yago Negueruela, Consejero de Empleo de Baleares, al afirmar que “antes de la crisis había un solo funcionario tramitando ERTE y ahora hay 103”.
El colapso administrativo, está provocando que muchos trabajadores lleven sin cobrar desde la nómina de febrero y que puede que no lo hagan hasta el 10 de mayo, es decir, varias semanas más tarde de lo que deberían. Esta situación, esta provocando ya auténticos dramas, al poner en riesgo la supervivencia de muchas familias trabajadoras. Hoy mismo, en el Heraldo de Aragón, un trabajador zaragozano con cuatro hijos menores denunciaba que ”Si no me ingresan ya el paro me dejan en la pobreza absoluta” y se lamentaba que “después de toda la vida trabajando me estoy viendo obligado a ir al banco de alimentos”.
Oficinas del SEPE infradotadas y vaciadas tras años de recortes
Esta situación excepcional provocada por la crisis del coronavirus, no está haciendo más que mostrar claramente un problema anterior. El SEPE, es el segundo organismo público con más oficinas después de Correos. Cuenta con 764 centros repartidos por todo el país.
A pesar de ser un servicio público básico y esencial, ya que se encarga de gestionar todo lo relacionado con las ayudas, cursos y prestaciones por desempleo, lleva años estando “infradotado” tanto en recursos como en personal. Ya en 2012, los sindicatos, denunciaban que el 37% de sus oficinas tienen tres o menos trabajadores, y el 25% funciona con dos o menos de dos.
Esta situación no hizo más que agravarse con los recortes iniciados en 2010, con Zapatero, pero sobre todo a partir de 2017. Cuando el desempleo empezó a bajar, el gobierno de Rajoy decidió hacer un gran recorte en el dinero destinado al Empleo.
Le dio igual que esa bajada del paro fuera a costa, como sabemos, de la creación de millones de puestos precarios, temporales y con salarios de miseria. Según recogen los diferentes presupuestos, desde 2010, el Ministerio de Trabajo y Empleo tuvo un recorte de 10.000 millones de euro,s lo que supone una caída del 40%.
Esto hace que el Estado español, esté a “la cola” de la UE, en cuanto al servicio a los desempleados, y no es que precisamente el resto de países capitalistas europeos sea ni mucho menos un ejemplo a seguir.
Según un informe del año pasado de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), el SEPE recibe, de media, 1.026 demandantes de empleo por cada empleado del servicio, frente a la media en Europa que se sitúa en 135, es decir, 6 veces más de trabajo. Cada funcionario de este organismo atiende a 6 veces más demandantes de empleo que la media que tiene de la Unión Europea en referencia a los mismos servicios.
No a los ERTEs: licencias pagadas y reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial
El gobierno y la patronal, con la complicidad de la burocracia sindical de UGT y CCOO, llevan semanas diciendo que estos despidos temporales son un “mal menor”. Que hay que hacerlo para evitar los despidos masivos, que es un pequeño “sacrificio” que tenemos que hacer la clase trabajadora, en este contexto de crisis global. Que es el gobierno debe pagar estos ERTEs, alrededor de 2.400 millones de euros, porque la patronal no tiene capacidad económica para hacerlo por la crisis económica.
¿Pero por qué el sacrificio siempre tiene que caer de nuestra parte? Como denunciaba ayer mismo la Federación Estatal del Metal de CGT, con “los ERTEs vamos a pagar los de siempre”. Su comunicado explicaba como estos expedientes suponen: “un cheque en blanco para la Dirección en la forma de aplicarlo y una desregularización del Convenio bajo el eufemismo de los criterios organizativos, mientras el ERTE esté en vigor trabajará quien la empresa quiera, cuando quiera y donde ella quiera.
Y por si fuera poco las vacaciones de verano quedarán supeditadas a la producción, sin querer comprometerse ni al disfrute de tres semanas en periodo estival. Si el negocio va bien las vacaciones a su antojo, si va mal también ¿dónde está el bien común o el equilibrio?, no lo busques, la banca siempre gana”.
Ya basta de que la fractura de las crisis siempre la acabemos pagando la clase trabajadora. Ya basta de que la burguesía y la patronal, junto con sus secuaces sindicales (burocracia de UGT y CCOO) y políticos (Gobierno del PSOE y UP, con su “flamante” Ministra de Trabajo al frente) quieran volver a descargar las consecuencias de una crisis a nivel mundial, como ya hicieron en la de 2008.
Ante esta terrible pandemia que obliga a paralizar gran parte de la actividad económica, debemos pelear por la prohibición de los despidos y los ERTEs. No puede haber ninguna reducción salarial, consumo de vacaciones o del paro. Todo esto se debe sustituir por licencias pagadas por la patronal mediante impuestos especiales a los beneficios empresariales y a las grandes fortunas.
En los sectores que no pueden parar, porque son esenciales para el abastecimiento y atención médica, reducción de la jornada laboral con igual salario. Pero siempre, por supuesto, incorporando el material y personal necesario, para que la actividad se pueda realizar en las mejores condiciones de seguridad e higiene y que esta sea controlada por comités creados por los propios trabajadores.
