Según un reciente relevamiento de la ONG Techo existen 1.834 asentamientos en el 70 % del territorio argentino, donde viven 532.000 familias de cinco integrantes cada una promedio.
Martes 23 de agosto de 2016
En Argentina el problema habitacional viene de larga data. Sin embargo en los años de crecimiento económico, lejos de aminorarse, se profundizó. Mientras que las viviendas construidas, producto de la especulación inmobiliaria, permanecen en gran parte vacías ascendiendo a más de dos millones y medio, como contrapartida más de tres millones de personas se encuentran en déficit habitacional.
Esta profundización de la crisis estructural de la vivienda se da por la combinación de dos factores clave. Por un lado el aumento de los precios, tanto de la tierra como de los materiales para la construcción, producto de las devaluaciones progresivas y la inflación acumulada a lo largo de la última década, que este año se profundizó. Por otro lado la mitad de los puestos de trabajo que se generaron durante el kirchnerismo fueron precarios, resultando que cerca del 50 % de población trabajadora tienen sueldos que no llegan a la mitad de la canasta familiar.
Macri usó como promesa de campaña el otorgamiento de un millón de créditos para viviendas, pero en su mandato en la Ciudad de Buenos Aires sólo construyó 600 viviendas por una orden judicial. La recaudación de la ciudad creció en esos años casi un 400 %, sin embargo, el presupuesto destinado a vivienda se ha reducido pasando del 5,3 al 2,5 % y el destinado a las villas pasó del 2,5 al 0,8 %. A esto se suma una sistemática subejecución presupuestaria, lo que ya es habitual para el gobierno del PRO en las áreas sociales.
Un informe que demuestra la profundización de la crisis habitacional
Las urbanizaciones privadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ocupan unos 400 kilómetros cuadrados (el 20 % del suelo urbanizado) donde habita menos del 2 % de la población, mientras que un 10 % habita en asentamientos informales que ocupa solo el 2 % de la superficie del AMBA. El crecimiento demográfico requiere más de 100 mil viviendas por año, sólo para contener el crecimiento del déficit, sin embargo los planes de construcción de viviendas sociales están muy lejos de ese número.
A nivel nacional la cifra llega a 2,7 millones de personas que viven en casas muy precarias, en asentamientos o villas, sin energía eléctrica, agua potable ni cloacas. Esas barriadas pobres no han parado de crecer en los últimos cuarenta años. Y atraviesan todo el país: en la periferia de las ciudades más populosas, a cinco minutos del Obelisco, en Cuyo, el norte y el sur. Allí la posibilidad de mejorar la vivienda es relegada ante la necesidad de comer y vestir; no existe planificación ni infraestructura urbana y la asistencia directa por parte del Estado prácticamente no existe.
Según la ONG Techo, muchas familias rechazan el asistencialismo y al no recibir oportunidades laborales se ven empujadas al aislamiento, al tiempo que ven sus magros ingresos saqueados por la inflación. Así, casi tres millones de personas viven hacinadas y empobrecidas en un país con 2.780.400 kilómetros cuadrados y una producción de alimentos suficiente como para abastecer a 400 millones de personas al año.
Vale recordar que sólo el 4 % de los créditos del sistema financiero son hipotecarios y la oferta demanda requisitos imposibles, impone tasas impagables, ajustadas por inflación, en una economía con el 40% del empleo no registrado y con salarios que no cubren la canasta familiar.
El Estado capitalista está al servicio de garantizar todo tipo de negocios inmobiliarios, si no es que se asocia directamente con los especuladores. Una verdadera entrega a los buitres de la tierra mientras se estigmatiza y reprime a los que luchan por vivienda digna, como se ha visto a lo largo de los últimos años, desde el Parque Indoamericano hasta Libertador San Martín (Jujuy), pasando por los predios de Merlo y el asentamiento Papa Francisco. Si algo es claro, es que ni el anterior gobierno ni el actual han dado respuesta a este problema estructural, donde la vivienda no es un derecho básico y elemental sino un refugio para las ganancias de los empresarios.
