Es en la causa que investiga el lavado de dinero, en la que está imputada Cristina Fernández. También se decretó el derecho de sumario para evitar que se filtre información.
Viernes 15 de julio de 2016
En la mañana de ayer el juez Sebastián Casanello, que junto con el fiscal Guillermo Marijuán investigan al empresario Lázaro Báez por lavado de dinero, ordenó más de 15 allanamientos que se realizarán en simultáneo a lo largo de país. Al menos uno de ellos será en Capital Federal y otros en GBA. El magistrado además decretó que se estableciera el secreto de sumario por 10 días a raíz de nueva información que se sumó a la causa y (según sus dichos) para evitar que se filtren datos sobre los operativos. Los allanamientos serán realizados por personal de la AFIP, la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Policía Metropolitana y el departamento de Delitos Económicos de la Policía Federal. Desde la justicia indicaron que Casanello buscaría documentación comercial relacionada con la empresa Austral Construcciones.
El juez ya la había tomado esta medida para impedir el acceso a información sobre las causas en el mes de abril del año pasado, cuando cerró por 12 días el acceso al expediente que se conocía como “la ruta del dinero K” y luego de la extensa declaración del “valijero arrepentido” Leonardo Fariña. Como ahora, por aquel entonces Casanello ordenó varios operativos.
Novedades en la causa
En los próximos días el juez debe resolver la situación procesal de Báez, que se encuentra preso desde hace tres meses en Ezeiza. Además, debe expedirse sobre la situación de los cuatro hijos del empresario, que se vieron implicados al descubrirse las cuentas en Suiza a través de las cuales habrían lavado más de 25 millones de dólares de una offshore en Panamá.
A esto se suma, en un nuevo revés de la justicia hacia los Kirchner, que la Cámara Federal ratificó este jueves los últimos procesamientos de Báez, su hijo Martín, el abogado Jorge Chueco, Julio Mendoza y Claudio Bustos; acusados del delito de lavado de dinero por el reingreso al país de más de 32 millones de dólares a través de la venta de bonos de la deuda pública. Y volvió a insistir en que deben profundizarse las investigaciones sobre las relaciones comerciales entre el empresario y la familia Kirchner, en lo que sería una posible causa de asignación irregular de negocios del Estado.
