Tucumán. Caso Bussi: publican los audios que comprometen a Manzur y Jaldo

La crisis política e institucional abierta a partir de la denuncia del juez Enrique Pedicone contra Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema de Tucumán, a quien acusa de los delitos de tráfico de influencias, coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público, pegó un nuevo salto este fin de semana con la publicación a través de la prensa de los audios de la conversación entre ambos magistrados.

Los audios corresponden al encuentro que tuvo lugar entre ambos el 28 de agosto en un bar de la zona céntrica de la capital. Allí se escucha a quien sería el juez Daniel Leiva, asegurando haber hablado antes con el gobernador, Juan Manzur, y el vicegoberandor, Osvaldo Jaldo, acerca de cómo manejar la causa abierta por abuso sexual y robo de identidad contra el legislador Ricardo Bussi: “vos sabes la relación de amor y odio que tenemos con ese espacio que nos es funcional”, asegura.

Tal como consta en el acta entregada a los fiscales de la causa, en el audio se escucha el pedido de “que no se llegue a un punto de que generemos algún elemento que habilite que al tipo [Bussi, NdR] lo tengan que detonar de adentro de la Legislatura (…) El tema es que siga picando abajo. Volverlo a donde tiene que estar, que se maneje la intensidad, que vaya y vuela a instrucción”.

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La respuesta del gobierno provincial fue abroquelara la tropa contra el juez denunciante solicitando a la Corte Suprema, través de la Legislatura y la Defensoría del Pueblo, el historial de los fallos del camarista Pedicone, a quien Daniel Leiva acusa de intentar “distraer la atención” respecto al hecho de haber liberado a más de un centenar de personas con prisión preventiva. Además sostiene Leiva que esos audios podrían haber sido “fabricados”.

El pedido de la Legislatura de los fallos para investigar al denunciante, suscitó el repudio inmediato del presidente del Colegio de Abogados de San Miguel de Tucumán, Marcelo Billone, quien asegura que “es llamativa su decisión de requerir la remisión de informes referidos a fallos dictados por el denunciante y es menester analizar si tal decisión no afecta la independencia de poderes”.

En menos de 48 horas lograron también dar vuelta el testimonio de Fernando Valladares, el secretario judicial que labró el acta en el que se transcribe la conversación telefónica en la que Daniel Leiva le pide reunirse en un bar al juez Pedicone. Este viernes se presentó ante la justicia alegando haber sido obligado por el camarista a redactar el acta sin haber escuchado la conversación.

Sin embargo, Pedicone asegura que habiéndose precavido de las presiones que sufriría su secretario, grabó y presentó el audio de una conversación en la que Valladares ratifica el contenido del acta presentada a la justicia.

Desde la Legislatura, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el jaldista Javier Morof, se apresuró a declarar que “está claro que en Tucumán hoy funciona el equilibrio y la independencia de poderes. Hubo una denuncia de gravedad institucional. Es (este ámbito) donde debe ser resuelta”, y acusó al denunciante de “formar parte de la justicia a la que le pide garantías”.

“Será la justicia la que investigue”

La publicación de los audios responde a la falta de garantías judiciales que alega el denunciante, quien solicita que la investigación se desarrolle de acuerdo a las disposiciones del nuevo Código Procesal de Tucumán vigente desde el 1 de septiembre, fecha en que se presenta la denuncia, bajo el sistema de audiencias públicas y plazos breves. Pedicone asegura que el ministro público fiscal subrogante, Daniel Marranzino, pretende llevar la causa bajo la vieja modalidad “escrita y secreta” amparándose en el hecho de que la conversación entre ambos magistrados ocurrió el 28 de julio.

Es posible que la causa termine en poder del juez Juan Francisco Pisa, el mismo juez que en 2017 sobreseyó a Manzur en una causa abierta contra el mandatario por enriquecimiento ilícito durante el período 2003-2009, cuando se desempeñó como vicegobernador y ministro de Salud de la Nación, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Quizás por esa razón en su primera declaración a la prensa, Juan Manzur negó haber dado la orden a Leiva, quien se reconoce en el audio como parte del mismo espacio político, y aseguró que la causa "está en el ámbito de la justicia... será la justicia la que investigue".

Falto de confianza en los laberintos de esa justicia de la que durante tantos años formó parte, el juez Pedicone, manifiesta que de no acceder al dictamen de Marranzino acudirá a la Corte Suprema vía per saltum, es decir, salteando los carriles procesales habituales. Quizás a la espera de obtener el apoyo de un sector de la cámara. Sin embargo, la olla abierta es demasiado grande y lo que empezó siendo una interna judicial se convirtió en una crisis política que amenaza con dirimirse en tribunales internacionales.

El juego a la derecha

Con todo lo presumiblemente cierto que aportan las pruebas presentadas por Pedicone, no es menos cierto que el juez surge del mismo espacio político y forma parte de las altas esferas de esta casta judicial desde hace muchos años, y hay que decir también que la denuncia presentada por Pedicone se produce apenas unos días después de haber sido apercibido por la Corte Suprema de Tucumán, con dos votos en disidencia, por arrogarse la competencia de dictar el cese de las prisiones preventivas durante la feria judicial.

Aunque en un principio Pedicone intentó encapsular la denuncia contra el juez de la Corte despegando a Manzur y a Jaldo, e incluso llegando a afirmar que la causa contra Bussi estaba "armada", resulta inexplicable por qué un juez se acercaría en nombre de las más altas esferas a pedirle que modere la causa en beneficio de la alianza que sostienen en la Legislatura con Fuerza Republicana. La causa salpicó directamente contra el gobernador y el peronismo tucumano, que ahora cierra filas para autopreservarse.

En ese juego de extorsiones para el manejo político y discrecional de la justicia, la denuncia de Pedicone destapa una olla con olor a podrido, donde se cocinan las alianzas entre el peronismo y la derecha progolpista que comanda el hijo del fallecido genocida, con quien comparten un frente único provincial en contra los derechos de las mujeres y cuyo exponente, Ricardo Bussi, hoy es objeto de una grave denuncia por abuso sexual y robo de identidad.

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