Desaparición y encubrimiento. Caso Facundo: tras la denuncia de Cristina Castro, nombran a dos fiscales más en la causa

Parece que el procurador general de la Nación (interino) Eduardo Casal se enteró recién el miércoles a la tarde que su subordinado Ulpiano Martínez (a cargo de la Fiscalía Federal 1 de Bahía Blanca) no hizo más que desastres en la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro.

Puede que no mire televisión ni lea los diarios, pero cuesta creer que Casal no supiera (antes de hablar personalmente con ellos), que Cristina Castro y sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio vienen denunciando a Martínez desde el inicio de la causa y hasta pidieron dos veces, con sobrados fundamentos, su recusación (aunque lo salvó la jueza federal María Marrón).

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El miércoles a la tarde Castro, Peretto y Aparicio le explicaron detalladamente a Casal y varios de sus funcionarios las maniobras dilatorias y el manifiesto desprecio de Martínez para con Cristina, en su doble carácter de víctima y querellante, demostrando una parcialidad manifiesta con la Policía Bonaerense y el ministro de Seguridad Sergio Berni.

Entre otras cosas, la madre de Facundo dijo sobre Martínez: “nunca me recibió, nunca tuvo un trato humano y su forma de actuar me está haciendo mal. Concretamente, me está haciendo pelota”. Además lo acusó de filtrar información (que debería estar bajo secreto de sumario) a periodistas y medios adictos al poder para abonar las versiones que benefician a la fuerza represiva sospechada y a sus jefes políticos.

Dos días después de que Castro y sus abogados se plantaran con decisión en las oficinas de Casal, éste tomó la decisión de designar “a los señores fiscales de la Procuración General de la Nación, doctores Andrés Heim y Horacio Azzolin” para que intervengan, “en representación del Ministerio Público Fiscal en forma conjunta o alternada con el señor Fiscal Federal, doctor Santiago Ulpiano Martínez, en la causa” por la desaparición forzada del Facundo.

Heim es titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) del Ministerio Público Fiscal de la Nación y ya conoce en profundidad la causa. Es que en nombre de la Procuvin estaba obligado a intervenir ante una denuncia concreta de desaparición forzada de persona. De hecho él estuvo a cargo de tomar gran parte de las declaraciones testimoniales (Martínez se limita a mandar a sus secretarios a tomar nota).

Al comprobar que Heim no es Martínez y que su acutación venía siendo en sentido de sus demandas, la familia de Facundo hace rato venía pidiendo que se le permitiera al titular de la Procuvin tener mayor participación en el expediente.

Por su parte Azzolin está al frente de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (UFEC) de la Procuración al tiempo que subroga en la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.

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La jugada de Casal puede parecer extraña pero no lo es. Imposibilitado de correr a Martínez de la causa sin acuerdo de la jueza Marrón (el expediente se tramita en su juzgado), decidió obligarlo a compartir con otros dos colegas la producción de pruebas, la citación a testimoniales y eventuales indagatorias y el resto de las medidas investigativas.

Desde la querella esperan que este cambio o, mejor dicho, ampliación de manos que manejan la causa derive en una más que necesaria agilización y concreción de muchos pedidos de medidas que Martínez viene dilatando y hasta ninguneando. Mal que le pese a la jueza Marrón, ahora deberá decidir si autoriza o no los requerimientos de tres fiscales y no solo de su amigo Ulpiano.