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Red Internacional
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EMPRESAS QUE SE VAN DE ARGENTINA. Caso Falabella: empresas y el chantaje patronal para flexibilizar las condiciones laborales

La empresa confirmó su intención de salir del país. Otras compañías siguen el mismo camino y los voceros del capital afirman que se debe a los altos costos laborales y los impuestos. Pretenden beneficios impositivos y una reforma laboral.

Martes 15 de septiembre de 2020 21:32

Falabella, empresa de capitales chilenos, anunció que busca un socio estratégico para sus negocios en el país y a través de un comunicado adelantó el cierre de cuatro de sus locales en los próximos meses y la apertura de retiros voluntarios para sus trabajadores.

La empresa, controlada por la familia Solari, llegó a Argentina en los 90, cuenta con diez tiendas y el mismo grupo empresario es dueño de nueve sucursales de Sodimac. Además, tiene alrededor de 300.000 clientes de su tarjeta de crédito CMR.

Tras conocerse la noticia, los empresarios reclamaron por la situación y los medios de comunicación aprovecharon para publicar la lista de las empresas que se van del país como si fuesen víctimas arruinadas por la crisis que, además, son “castigadas” por los altos costos laborales y la supuesta presión tributaria. ¿Alguien quiere pensar en las grandes empresas?

El coordinador del Foro de Convergencia y director de IDEA, Miguel Blanco, declaró sobre el caso Falabella al sitio Infobae “creo que es una muy mala señal y refleja el clima de inversión que se vive ante tantas señales negativas para la inversión privada con cambios en las reglas del juego, nuevos impuestos y restricciones de todo tipo a la actividad privada. Sumado a lo que paso con Lan, la intención de Walmart también de vender, la cancelación o postergación de inversiones (Amazon, por ejemplo) y el traslado de autopartistas a Brasil”. La preocupación del empresario justo se manifiesta cuando se pretende debatir un tibio impuesto a las grandes fortunas.

Julián de Diego, titular del Estudio de Diego & Asociados, un amigo de las patronales explica al diario La Nación que en la Argentina el costo laboral es el doble que en Brasil y el triple que en Chile y México. "A eso hay que sumarle un costo invisible que deriva de los conflictos sindicales que puedan surgir", agrega.

De Diego afirma que el "paquete de medidas recientes que ha instrumentado el Poder Ejecutivo, paralizando despidos y duplicando las indemnizaciones" son puntos que impiden que las empresas puedan determinar sus propias estrategias y "competir con total libertad". Es decir, según el abogado las empresas deberían despedir cuando quieren y sin necesidad de una indemnización doble.

El abogado debería saber que a pesar de la prohibición oficial de despedir y suspender, las empresas lo hicieron a gusto. La norma dejó abierta la ventana a una excepción: que por causas económicas y en acuerdo con los sindicatos, las empresas pueden suspender. La excepción se transformó en regla. Según relevó el Observatorio de Despidos durante la Pandemia de La Izquierda Diario (ODP-LID) desde el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) hasta el 6 de septiembre se registraron 5,5 millones de trabajadores afectados por despidos, suspensiones y ataques al salario.

De Diego en otra nota publicada en el diario el Cronista sugiere medidas para recuperar la supuesta pérdida de confianza patronal, entre ellas “una profunda reforma impositiva laboral y de la seguridad social” y también una “reforma laboral”. Una receta que no sorprende.

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El exministro de Economía, Roberto Lavagna, también recomendó una reforma laboral con el argumento que esto permitiría la creación de empleo. Lo cierto es que dichos cambios no implicaron una mejora en el empleo. En Argentina se conoce las consecuencias de la reforma laboral de los 90, una década que dejó un aumento de la desocupación y la precarización laboral. Hubo una suba de la participación de las ganancias en el ingreso nacional.

Macri prometió una lluvia de inversiones y para eso llevó adelante una reforma tributaria en beneficio de las empresas, también decidió la eliminación y disminución de los derechos de exportación para las patronales agrarias. Este combo de medidas sólo produjo una baja de la recaudación, pero las inversiones nunca llegaron.

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Una investigación del Instituto del Pensamiento y Política Públicas (IPyPP) señala que en Argentina no presenta niveles de presión tributaria que puedan calificarse de "elevados" en comparación con el resto del mundo. En base a datos del Banco Mundial de 2014 a 2017 presentan al país en un nivel intermedio en la región (en torno al 12 % medido por recaudación tributaria en relación al PBI), y por debajo de la media europea (20,2 %).

Latam: lock out patronal

Otro ejemplo citado como una de las “víctimas” es la empresa Latam aunque no está en crisis. La compañía anunció hace varios meses el cese de operaciones y 3.000 familias pueden perder sus puestos de trabajo.

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A través de un escrito la empresa expresó los motivos por los que quieren dejar el país, según publicó Fernando Rosso: no poder avanzar en flexibilizar las condiciones laborales. Algunos ejemplos son no poder lograr la multifuncionalidad, o porque los trabajadores se tomaban una hora de descanso en vez de treinta minutos. Increíble, ¿no? No pudieron imponer una empresa low cost. Los trabajadores siguen resistiendo, ya llevan cinco meses de lucha.

Las patronales aprovechan la crisis para lograr imponer peores condiciones laborales y aumentar la explotación. Los voceros del capital recitan sus reformas antiobreras para concretar el deseo de los empresarios. Latam es un caso testigo. Los trabajadores pueden enfrentar los planes patronales.

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Redacción

Redacción central La Izquierda Diario