El gobierno pretende ajustar la Ley Antiterrorista. Esto luego del hecho de que se determinara que el caso Iglesias no cabe dentro de un ataque terrorista.
Martes 17 de abril de 2018
Ante el fallo que desestimó el Caso Iglesias como un ataque terrorista, la derecha busca argumentos y mecanismos que le permitan mantener su activa criminalización hacia el pueblo mapuche, para ello, plantean reformular la Ley Antiterrorista, de modo que puedan seguir manteniendo los ataques, y poder acreditarlos mediante montajes que podrían preparar con la utilización de falsos testigos, que además están "protegidos", es decir, sin que se les conozca su identidad ante el supuesto "riesgo" que tendrían por delatar "ataques terroristas".
El Instituto Nacional de Derechos Humanos advirtió que llevaría el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya en el año 2014 condenaba al Estado de Chile por la aplicación discriminatoria y vulneratoria de la igualdad ante la ley con su legislación antiterrorista, argumentando que “la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada”, tal como se estaba realizando con el caso en cuestión.
Por el lado del gobierno y de los cómplices de mantener la criminalización, el Fiscal regional de La Araucania, Cristian Paredes, pretende cambiar la legislación argumentando que “ hemos advertido hace años las diversas falencias e imperfecciones que presenta la Ley Antiterrorista y que ojalá deben ser recogidas por el Poder Legislativo para ser modificadas y terminar con el exceso de subjetividad que se exige”.
Una de las reformas que pretenden establecer, dice relacion con las "condiciones objetivas" tales como el portar elementos acelerantes, cuestión que en este caso fue descartada por la justicia, además de que el ataque no conllevó una acción violenta que implicaran heridos. Cabe señalar además que el arresto de los comuneros fue señalado como ilegal.
Estas intenciones no son más que la acción constante del Estado para mantener la criminalización contra el pueblo Mapuche, estableciendo montajes para procesar a comuneros acusándolos de “terroristas”, lo que permite que se utilicen testigos protegidos para levantar cargos en contra de ellos y así satisfacer las demandas del gran empresariado que desea abrirse camino y avanzar por sobre la oposición de las comunidades que han mantenido la defensa de sus tierras y de su dignidad como seres humanos y gente de tierra.
