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Red Internacional
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Represión e impunidad. Caso Lanza-Laínez, o cómo reescribir la historia negra de “Ciutat Morta”

La condena mediática a Rodrigo Lanza sin pruebas por la muerte Víctor Laínez no sólo violan la presunción de inocencia del detenido, también pretende reescribir la historia del 4-F, el mayor montaje judicial y policial de los últimos tiempos en el Estado español.

Viernes 15 de diciembre de 2017

Tras conocerse la muerte de Víctor Laínez en Zaragoza, en los grandes medios de comunicación se inició una verdadera campaña de linchamiento público a Rodrigo Lanza, detenido bajo la acusación de haber participado en una pelea en un bar con el fallecido que le causó la muerte.

Sin conocerse los hechos, con el detenido incomunicado y difundiendo como verdaderas algunas versiones de los hechos sin haber sido contrastadas, la prensa del establishment y la derecha (y lamentablemente buena parte de la prensa “progre”) sentenció la condena de Lanza, violando su presunción de inocencia antes de que se conocieran todas las declaraciones de las partes.

El joven activista detenido, como trascendió este jueves, defendió en su declaración en los juzgados que se trató de un acto de autodefensa ante el ataque del fallecido, un reconocido miembro de La Falange, con una navaja.

Estas declaraciones, sin embargo, no han modificado el “relato oficial” construido en base al estigma que pesa sobre Lanza: el caso 4-F o “Ciutat Morta”, como se lo conoce en alusión al documental realizado precisamente para “desmontar” el entramado de mentiras tejido entre la justicia, la policía y el entonces alcalde de Barcelona, por la cual Lanza (junto a otros cuatro jóvenes) fue encarcelado durante cinco años, acusado sin pruebas, de haber causado una lesión irreparable a un policía municipal durante el desalojo de un local ocupado en Barcelona en el año 2006.

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A casi 12 años de este tenebroso montaje policial y judicial, el caso de Rodrigo Lanza nos retrotrae a esa historia que comenzó con su detención la madrugada del 4 de febrero de 2006, cuando la Guardia Urbana de Barcelona desalojó por la fuerza un teatro ocupado en la calle Sant Pere més Baix, donde se celebraba una fiesta que tenía permiso legal. Durante la carga policial en pleno barrio del Born, un policía sin casco sufrió graves lesiones por el impacto de una maceta que cayó de un balcón y lo dejaron tetrapléjico.

Lo que sucedió después es una muestra de la represión policial llevada al máximo exponente. Cinco jóvenes, Rodrigo Lanza, Juan Pintos y Álex Cisternas, fueron detenidos en la misma calle de los disturbios. Patricia y Alfred fueron detenidos después en el Hospital del Mar.

A partir de ahí comienza una actuación judicial y policial plagada de maltratos, torturas y montajes, que antes de darse a conocer en el documental “Ciutat Morta”, ya se conocía como el caso 4-F. Frente a esta situación, familiares, amigos y compañeros, destacándose la madre de Rodrigo, Mariana Huidobro, lucharon incansablemente por la libertad de estos jóvenes.

Patricia Heras y Alfredo, dos jóvenes ajenos a todo lo sucedido, fueron detenidos esa misma noche en el Hospital del Mar, al que fueron tras caerse de una bicicleta. En ese mismo hospital estaban Rodrigo, Juan y Álex, trasladados a urgencias después de graves lesiones producidas por los golpes y torturas de la policía tras la detención. Ese hospital se había convertido en una auténtica razia policial en busca de cualquier “sujeto” que pudiera ser identificado por su apariencia como culpable de los hechos. La Guardia Urbana se tomaba abiertamente su venganza.

Mandos de la Guardia Urbana, del Ayuntamiento y los poderes judiciales de la ciudad, urdieron entonces el conocido como “montaje del 4-F”, con el cual no solo inculparon a los cinco jóvenes de intento de homicidio, sino también se usó el caso como ariete de la persecución y la estigmatización de la juventud.

El juicio comenzó en 2008, en él fueron condenados a entre 3 y 6 años de cárcel. En junio de 2009, tras el recurso presentado por la defensa, el Tribunal Supremo revisó la sentencia y, a pesar de su demostrable inocencia, se aumentaron las penas de algunos detenidos.

Mientras tanto, dos de los agentes de la Guardia Urbana que declararon en contra de los acusados durante el juicio, habían sido condenados por torturas y falso testimonio en otro caso anterior. Sin embargo, la jueza García Martínez archivó las denuncias de los detenidos diciendo que: “Aunque vengan mil más como usted [al abogado defensor], yo voy a creer a la Policía”. Y así es hasta el día de hoy.

Amigas, amigos y familiares de los jóvenes detenidos, como la madre de Rodrigo, junto con los abogados, se movilizaron en las calles durante años. Patricia Heras —acusada de lanzar una valla contra la policía cuando ni siquiera estuvo presente en el lugar de los hechos- se quitó la vida durante un permiso penitenciario el 26 de abril de 2011. Tal es la tragedia del montaje del 4F.

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Para demostrar su inocencia, abogados, familiares y amigos de los detenidos, entre ellos Rodrigo Lanza, tuvieron que hacer un “desmontaje” del montaje tenebroso que habían creado desde el alcalde, la justicia y la policía, bajo el silencio cómplice de los partidos gobernantes y los grandes medios de comunicación.

La historia de la “Ciutat Morta”, esa que hoy se quiere reescribir sobre la base del trágico incidente de Zaragoza en el que se vio implicado Rodrigo Lanza, es la historia del montaje, la condena y la represión. Esa que se impone por luchar, por protestar, por ser gay, latino, tener "otras pintas" y hasta por intentar divertirse en una ciudad vedada para la juventud precaria. Maltratos, torturas, años irrecuperables en la cárcel injustamente. Esos que quedarán sellados con fuego en cada una de sus vidas. La condena pública de Rodrigo Lanza, a pesar de sus declaraciones en las que asegura que actuó en defensa propia, así lo demuestran.

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