Rodrigo Lanza ha sido condenado por homicidio imprudente, no por asesinato como pedía Vox, a cinco años de cárcel y pagar 200.000€, por defenderse de un ataque fascista en 2017. El juicio paralelo ya se realizó en la prensa del Régimen durante dos años (los mismos que Lanza estuvo en prisión preventiva).
Viernes 15 de noviembre de 2019
La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a Rodrigo Lanza por homicidio imprudente a cinco años de prisión y una indemnización de 200.000€ al considerar que Lanza “no tenía intención de matar a Laínez”. La acusación pedía homicidio con agravante de odio, con una pena de hasta 25 años de prisión. El joven activista detenido, defendió en su declaración en los juzgados en 2017 que se trató de un acto de autodefensa ante el ataque del fallecido, un reconocido miembro de La Falange, con una navaja.
Durante el juicio la versión de Lanza, en la que Laínez portaba un arma blanca, fue corroborada por varios testigos. Así mismo, la declaración policial se centró en el historial político de Lanza y el procedimiento forense llegó a comentarle "Tú vienes muy preparado y sabes que te tienes que quitar el componente político para que te quiten la agravante".
Los hechos se remontan al otoño de 2017. Es un contexto de ofensiva represiva y agitación del nacionalismo español, de cara al 1-O catalán. En ese momento se desata la condena mediática sin pruebas a un activista de izquierdas por la muerte en Zaragoza del falangista Víctor Laínez alinea al régimen y su prensa afín.
El relato oficial: el de la extrema derecha, un asesinato por llevar tirantes con la bandera de España. Una operación mediática demasiado interesante para la prensa del régimen en pleno auge de “la España de los balcones”, como para que pensaran en garantías judiciales, que el detenido pudiera hablar con la abogacía, la comprobación de los hechos o la presunción de inocencia. El “crimen de los tirantes” ya está construido, a pesar de que no fueron un elemento de los hechos.
Inmediatamente, medios de comunicación regionales, como el Heraldo de Aragón, y nacionales, como El País o La Vanguardia, informaban en artículos centrales de la detención de Rodrigo Lanza como presunto agresor, relacionándolo con el movimiento okupa y remarcando en varias ocasiones su origen chileno.
A partir ese momento se despliegan en la prensa prácticas que pasan por encima de cualquier garantía judicial, vulnerando por completo el derecho a la presunción de inocencia y que oscilan entre la criminalización y la exposición extrema del acusado. A diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones (en general en casos que involucran a personas de la extrema derecha), numerosos diarios exhibían fotografías recientes en detalle del acusado con nombre completo, su supuesta orientación política, datos sobre sus familiares en Chile e incluso sobre su lugar de trabajo o espacios que visitaba.
Estas declaraciones sobre el peligro que corría Lanza y la reacción de autodefensa, sin embargo, no modificaron el “relato oficial” construido en base al estigma que pesa sobre Lanza: el caso 4-F o “Ciutat Morta”, como se lo conoce en alusión al documental realizado precisamente para “desmontar” el entramado de mentiras tejido entre la justicia, la policía y el entonces alcalde de Barcelona, por el cual Lanza (junto a otros cuatro jóvenes) fue encarcelado durante cinco años, acusado sin pruebas, de haber causado una lesión irreparable a un policía municipal durante el desalojo de un local ocupado en Barcelona en el año 2006.
[Caso Lanza-Laínez, o cómo reescribir la historia negra de “Ciutat Morta”→https://www.izquierdadiario.es/Caso-Lanza-Lainez-o-como-reescribir-la-historia-negra-de-Ciutat-Morta?id_rubrique=2653]
No es el primer ni último caso que cuenta con el “derecho penal del enemigo” ni con un juicio paralelo en los medios a la altura de las cloacas. Este régimen, con su largo historial de montajes policiales y presos políticos sólo nos ofrece criminalización, represión y desigualdad.
