Intentan reabrir el juicio por la muerte del coronel Larrabure. La querella señala que el ERP lo asesinó y pide que se juzgue como crimen de lesa humanidad. Muchos hablan de suicido.
Rosa D’Alesio @rosaquiara
Martes 20 de marzo de 2018
Este miércoles, en Rosario, la Cámara Federal tratará el pedido de la querella que insiste en reabrir la causa. En 2010 la Cámara rechazó este mismo pedido.
El coronel Larrabure fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1974. El 10 de julio de 1974 el ERP tomó la Fábrica Militar de Villa María, en la provincia de Córdoba. Larrabure fue secuestrado y un año después aparece muerto. Se dijo que el ERP lo había ahorcado, sin embargo ni la autopsia ni el expediente judicial prueba que haya sido un homicidio.
Una prueba más relevante, que desmiente que fue asesinado, la otorga un testigo. El compañero de cautiverio del Coronel, un empresario. René Vicari dijo que Larrabure se suicidó. Esta declaración esta en el expediente judicial en manos de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
La querella imputa a Luis Mattini (Juan Arnol Kremer), sobreviviente de la dictadura, como "autor mediato”. Sus abogados Gabriel Ganón y Pablo Llonto rechazan que se abra la causa. Entre sus principales argumentos se encuentra que sería un juicio bajo la teoría de los dos demonios, y por otro lado que esta causa es “cosa juzgada”.
El proceso judicial se realizó entre 1975 y 1983. Los condenados recibieron penas de 8 a 15 años. Finalmente fueron ejecutadas o desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar.
Mientras que la querella recurre a la figura del "autor mediato", la defensa alega que reabrir la causa va contra el principio constitucional que impide juzgar dos veces por el mismo delito.
El objetivo de los querellantes, el hijo de Larrabure es uno de los principales, tiene por fin volver a instalar la teoría de los dos demonios. Familiares, amigos y partidarios de los militares genocidas, vienen tratando de instalar esta teoría. Pugna, en su discurso, por la verdad completa.
Según ellos nunca fueron juzgados y pretende que también se los condenen por crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo esta figura jurídica solo corresponde aplicar a las autoridades del Estado, cuando estas atacan, aniquilan a una persona o a un grupo social. Son crímenes imprescriptibles.
Lo que ocurrió en la última dictadura militar fue justamente la persecución a un sector social, la clase trabajadora, porque ésta cuestionaba al peronismo en el poder y a la burocracia sindical. Fue una clase que comenzó a poner en pie embriones de doble poder. Por eso los militares y empresarios montaron un aparato represivo del Estado.
Cuando los militares se hicieron del poder, con la excusa de aniquilar la guerrilla, esta ya estaba derrota. Muchos de ellos fueron asesinados. Así como los que fueron condenados en la causa de Larrabure.
El abogado Gabriel Ganón explicó que “quieren reinstalar la teoría de los dos demonios y no me parece casual que esto ocurra en la Cámara donde trabaja el primo hermano de Marcos Peña, Juan Cruz Peña Álvarez, que es relator del camarista Aníbal Pineda".
Idas y vueltas en la causa
La familia del coronel Larrabure, ascendido post mortem, en el año 2007, pocos meses después que Miguel Etchecolatz fuera condenado a cadena perpetua luego que se anularan las leyes de impunidad, pidió que el hecho sea considerado como delito de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptible, para que pueda ser investigado.
El fiscal general de Rosario, Claudio Palacín dispuso la investigación y dictaminó que era un delito de lesa humanidad.
El primer pedido de nulidad del dictamen de Palacín fue rechazado hasta que el caso llegó a la Cámara Federal.
Desde 2007, la causa tuvo idas y venidas entre los fiscales de primera instancia y de Cámara respecto a aspectos procesales que tuvieron que ver sobre la resolución de si la causa estaba o no prescripta.
En 2010 el Ministerio Público fiscal sostuvo que “esta Procuración General de la Nación ha emitido numerosos dictámenes donde ha sentado una clara posición acerca del alcance de las figuras del derecho penal internacional.” Y según estos dictámenes, que distingue los delitos comunes de los crímenes contra la humanidad, se apoyan en que estos últimos forman parte de una política del Estado.
El intento de reabrir esta causa es funcional a la política del Gobierno, que no solo niega que fueran 30.000 desparecidos, sino que avala que se avance en las prisiones domiciliaras para los genocidas.
A 42 años del último golpe cívico-militar, no se puede permitir que se retroceda en lo conquistado con años de lucha en las calles. La movilización de organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas logró llevar a juicio a los genocidas.
Este 24 de marzo, La Izquierda Diario marchará nuevamente con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que reclama contra la impunidad de ayer y de hoy.
Rosa D’Alesio
Militante del PTS, columnista de la sección Libertades Democráticas de La Izquierda Diario; se especializa en temas de narcotráfico y Fuerzas Armadas.
