A más de dos meses, la defensa y familiares de Lesvy rechazan las declaraciones de la PGJ y se pone sobre la mesa ¿qué hacer para conseguir justicia en el caso de Lesvy?
Joss Espinosa @Joss_font
Viernes 14 de julio de 2017
A dos meses de caso Lesvy, la contundencia con que su madre Aracely denunció la impunidad que prevalece en el caso, confirma la enorme improbabilidad de que Lesvy haya cometido suicidio como lo han tratado de establecer mediáticamente, al decir que existía un supuesto video en el que se mostraba como Lesvy se había quitado la vida.
México, el país de la impunidad
Sobran pruebas, como han demostrado testimonios de Aracely, sobre la violencia ejercida por Jorge a Lesvy, pero para la procuraduría la naturalización de la violencia, pero sobre todo el intento por desviar de la atención política en temas de género el caso, la lleva a anular toda posibilidad de justicia. Ante esto la abogada Sayuri Herrera declaró que “Nosotros sabemos que esta batalla no es solo hoy, que son instituciones que actúan fuera de la perspectiva de género y que vamos a tener que insistir, por que tenemos los elementos y la verdad esta de nuestro lado”
Ante el actuar del Juez de control Cristian Ricardo Franco Reyes y los funcionarios involucrados en el caso, los familiares de Lesvy y abogados exigen su destitución.
La abogada del Observatorio Nacional contra el Feminicidio, que ha acompañado este y otros casos, hace un llamado a recordar que en México son asesinadas 7 mujeres al día, y que a pesar de que hay leyes y protocolos de género nos seguimos preguntando ¿por qué no podemos frenar la violencia feminicida? Este tipo de casos sientan un precedente de impunidad que se vive en el país, porque en la CDMX te pueden matar y no pasa nada.
También señala que “No solo es el caso de Lesvy, hay muchos casos que son mal tratados” y que “México vive en una violencia generalizada” esto en el marco de recordar que casos como el de Mariana Lima, víctima de feminicidio en Valle de Chalco, marcan un precedente de lucha para exigir justicia y que marcaron una impronta en la vía legal para que cualquier muerte violenta de mujer sea tratada con perspectiva de género.
Además surgen nuevos elementos que demuestran intereses diversos que pesa en el caso, como la fuerte intención de las autoridades de la UNAM por impedir que la máxima casa de estudios aparezca con una responsabilidad directa en el feminicidio de Lesvy. A contra mano de esto, lo que se fortalece es la criminalización sobre Lesvy y las mujeres jóvenes, pues lo único que cedió el Tribunal Supremo de Justicia del Distrito Federal en la última audiencia es la necropsia psicológica, prueba que solo garantiza volver culpable a la víctima, como declararon los abogados del Observatorio Nacional contra el Feminicidio.
Por otro lado, el cargo que ocupa el padre del acusado, (chofer y persona de confianza de Marco Antonio Domínguez, Director General de Personal de la UNAM) demuestra que podría existir una protección política hacia la familia de Jorge Luis Gonzales, acusado por el feminicidio de Lesvy.
Lo que deja ver el caso de Lesvy es nuevamente la responsabilidad del Estado, no solo por ser omiso, sino porque no es capaz de garantizarnos un derecho básico que es el derecho a la vida, porque en realidad sienta sus bases en la violencia contra los sectores explotados y oprimidos.
La respuesta de la UNAM ante la violencia
Por otro lado el rector de la UNAM, después de las deplorables declaraciones ante el caso de Lesvy, ahora aprovecha una coyuntura como ésta para fortalecer la represión, con la colocación de cámaras, que han demostrado su ineficacia, como vimos en este caso y en el caso de Adriana Morlett, en el que la Universidad se negó mucho tiempo a entregar las grabaciones que podían revelar con quien se había ido Adriana el día de su desaparición. Más torniquetes, enrejados, mayor policía, son los ya conocidos intentos del rector por ocupar institucionalmente todos los espacios independientes de la comunidad.
Estas medidas las toma rectoría por fuera de la comunidad estudiantil, los trabajadores y académicos. Lejos de la excusa de “mayor seguridad” lo que pretenden es aumentar las fuerzas para espiar y hostigar a la comunidad estudiantil y los sectores organizados al interior de la Universidad. Como lo han mostrado históricamente.
Por un gran movimiento de mujeres contra el feminicidio
El caso de Lesvy es una muestra más de la impunidad que se vive en México y de las mentiras que este gobierno y sus instituciones generan para salvar su imagen, así como el actuar de la UNAM ante los casos de violencia machista. Por este y miles de casos más, queda demostrado que no podemos confiar en este Estado y sus instituciones, pues no solo son “omisas” ante la violencia de género, sino que sientan las bases estructurales para que la violencia en contra de las mujeres se ejerza.
Ante esto, es importante rodear de solidaridad éste y todos los casos, frente a las cínicas declaraciones y los carpetazos que dan a los casos de feminicidio. Debemos construir un movimiento de mujeres que luche contra la violencia y la precarización laboral, que convenza a la clase trabajadora de tomar en sus manos la lucha contra el feminicidio para juntos luchar contra la violencia, como se vio el 8 de marzo en más de 50 países, con el paro efectivo que le arrancaron a las patronales y que empezó a mostrar la potencia que tienen las y los trabajadores.
Impulsar la lucha en las calles para frenar la violencia feminicida, es la mayor reivindicación que podemos hacer de Lesvy y de miles de mujeres que han sido calladas. Para esto es necesario no confiar ni un ápice en este Estado que solo garantiza que nos asesinen, y en cambio confiar en nuestras propias fuerzas, junto a nuestros compañeros de clase.
