Jueves 17 de mayo de 2018
La movilización de estudiantes y apoderados del Liceo Agrícola de Arica logro alcanzar un impacto mediático considerable a nivel local. El recinto cuenta con un universo de 716 estudiantes, de los cuales 385 provienen de Perú y Bolivia, es decir un 53% de la matrícula. En conjunto con esto tenemos que es un Liceo con altos índices de vulnerabilidad en sus familias, esto habla de lo importante que es el Liceo como sostén social dentro de la comunidad, a la cual apoya educativamente siendo un colegio que potencia la agricultura en la zona, ya que se encuentra en el kilómetro 12 del valle de Azapa.
El hecho que fue motivo de respuesta por parte del conjunto de estudiantes del liceo, alude al trato discriminatorio en términos xenofóbicos y a la violencia verbal con la que el director –Rubén Arredondo- operaba dentro del espacio. Discriminando a estudiantes por su condición de migrantes, yendo en contra de la clara orientación que debe tener el establecimiento debido a su carácter intercultural. Así como respondiendo con violencia verbal y amenazas en tono de persecución a las peticiones emitidas por el centro de estudiantes las cuales iban en función de mejorar el espacio, concretamente el servicio de agua potable en los lugares de práctica, un requisito mínimo para poder ejercer cualquier trabajo, sobre todo bajo condiciones de calor y humedad como el valle de Azapa. Debido a lo anterior los estudiantes, con el apoyo de sus apoderados deciden tomarse el lugar de estudio, exigiendo la salida del regente, así como de parte del cuerpo técnico, en específico la jefa de la unidad técnico pedagógica. Esto se suma a las cuatro investigaciones sumarias que tiene en sus papeles como antecedente Arredondo, vinculado a temas de la misma índole, hecho que no ha significado ejercer como directivo en la actualidad. Por último, los estudiantes creen que la no participación del cuerpo docente en la movilización es responsabilidad del Director, por miedo a represalias, ya que los profesores del Liceo escribieron una carta donde esperaban que la situación se solucionara prontamente llamando al dialogo, sin cuestionar en mayor profundidad los actos del directivo, hecho que los alumnos tomaron con extrañeza, ya que aseguran que muchos y muchas de las profesoras los habrían apoyado antes de que se iniciara la movilización, producto de las situaciones acontecidas.
Con el pasar de los días, los estudiantes hicieron llegar las respectivas cartas con los motivos de su movilización a las autoridades, quienes no dieron mayores respuestas. Ante esto, debido a la alta tasa de estudiantes Bolivianos, se acercaron al Cónsul de Bolivia en Arica, Esteban Elmer Catarina, quien se hizo presente en el lugar. Dicho hecho causo revuelo en la política local, con pronunciamientos de parlamentarios como el cuestionado Luis Rocafull, quien menciono vía Twitter: "el cónsul excede sus facultades en ingresar al Liceo Agrícola de Arica que está tomado por algunos estudiantes. No corresponde. Espero que las autoridades regionales hagan ver su molestia e informen al nivel central”. Y fue este hecho el que causo más incomodidad a las autoridades locales, quienes tuvieron que salir a proponer reuniones con estudiantes y apoderados para así tratar de dejar su imagen intacta.
El problema de fondo en los lugares de estudio
Lo que se esconde detrás del autoritarismo de los directivos de los Colegios, Liceos, Escuelas y centros educativos en general, es la imposibilidad de que tanto estudiantes, como funcionarios académicos y no académicos, puedan decidir en base a la votación por sus directivos, en base a programas concretos, dados a conocer públicamente para el conjunto de la comunidad educativa. La dictadura de Pinochet anulo toda posibilidad de participación por parte de los estamentos que conforman una unidad educativa, delegando por decreto en un principio a directores –que durante la dictadura eran militares- y luego, dejando en manos de concursos públicos las designaciones de los directivos, con grupos determinados por fuera de la comunidad educativa respectiva, es decir, que no son parte de los establecimientos educacionales a los cuales designan directores. Este hecho permite que los directivos no conozcan la realidad de sus establecimientos, y que operen en función de sus intereses educativos y no en los que dicha comunidad quiere, lo que genera una relación forzada y que termina resolviéndose a través de la imposición de los directores en sus programas pedagógicos y planes de los establecimientos. La evidencia concreta es que sirvan como elementos de represión y percusión ante las demandas y derechos exigidos por los distintos estamentos, tanto funcionarios no académicos, así como profesores y estudiantes, lo podemos ver concretamente en el hostigamiento, despidos y reubicaciones que sufren los delegados del Colegio de Profesores y docentes movilizados en los Liceos cuando estos tratan de organizar al profesorado, y también, las represalias que sufren los estudiantes, muchas veces de los mismos centros de estudiantes y de base, cuando quieren salir a movilizarse, cosa que es negada y debe hacerse por la fuerza, con suspensiones y condicionamiento educativo a posteriori.
El conflicto fue terminado durante la jornada de ayer martes 15 de Mayo, donde la alcaldía ha emitido una orden de investigación sumaria contra Arredondo, el cual tendrá que ser alejado del cargo en lo que dure dicha investigación, medida que es tajantemente insuficiente, sabiendo que ya en sus antecedentes cuenta con sumarios, y que no responder a lo que demandan los estudiantes y apoderados del Agrícola, quienes tendrán que esperar que entidades externas como comisiones investigativas y la alcaldía tomen decisiones por sobre las que estos estamentos están reclamando.
El caso del Liceo Agrícola nos demuestra este problema estructural de la educación en Chile, que viene siendo cada vez más cuestionado por estudiantes, profesores y apoderados que ven en el sistema público una gigante muralla para poder participar de las decisiones en torno a las necesidades de cada lugar de estudio. La salida de este problema debe ser la demanda por un Co-gobierno en las comunidades educativas, con participación de todos los estamentos en la elección de sus directivos, en base a programas concretos y difundidos públicamente. Elemento que trastoca directamente los pilares del actual sistema educativo que sigue siendo autoritario y anti democrático, defendido por los gobiernos de turno tanto de la derecha como de la hoy ex nueva mayoría.
