Las grandes corruptelas desde el Estado, comprobadas con la captura del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, que involucran a los anteriores gobiernos de la alternancia (Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto), no son algo ajeno a la democracia burguesa. Por el contrario, confirman la degradación de esta forma de gobierno en la etapa decadente del capitalismo.
En el año 2000, el desgastado y antidemocrático sistema político dominado por el PRI durante décadas, conocido como el priato, fue sustituido por un régimen que incorporó formas democrático-formales, como la posibilidad de recambios en el gobierno entre los partidos patronales y un Congreso amplio, aunque mantuvo muchos de los rasgos del ”viejo” régimen bonapartista. Esto es lo que denominamos como régimen de la alternancia.
Si bien las ilusiones de las masas se volcaron hacia un partido de derecha —el PAN— que llevó a Vicente Fox a la presidencia, mostraban por otro lado, la existencia de un fuerte hartazgo entre los millones de trabajadores y sectores populares que fueron la base social del llamado régimen del partido único. Lamentablemente, las aspiraciones de cambio fueron desviadas hacia este recambio del régimen político, lo que significó una expropiación “desde arriba” de ese descontento. Por ello, siguió primando la “democracia” de la clase dominante.
Muchos esperaban una verdadera transformación política en la vida del país con el gobierno de Fox. Incluso, parte de la izquierda radical afirmó que con el “arribo de la democracia” (una democracia para ricos), se sentaban las bases para —en una posterior etapa— luchar por el socialismo en mejores condiciones. Reforzando “por izquierda” este nuevo pacto político, el PRD garantizó que el descontento obrero popular se canalizara a través de las urnas, minando de esta manera las energías de las masas.
Al respecto, conviene recordar que la dirección del Partido Obrero Socialista (en ese entonces, sección mexicana de la Liga Internacional de los Trabajadores - LIT), llegó a afirmar que la caída del PRI —es decir, la victoria del clerical PAN— modificaba la relación de fuerzas entre los trabajadores y oprimidos frente a los explotadores, pues significaría un golpe duro político para la burguesía y el imperialismo. Es decir, que el régimen burgués nacido del 2000 era un avance hacia la democracia. Por lo que el POS —que hoy está dividido en varias organizaciones— afirmaba: “proseguir la democratización del país, es la tarea principal del proletariado." [1]
Una característica clave de la transición política del año 2000, que la llamada extrema izquierda obvió conscientemente, fue la ausencia de la clase trabajadora con una política independiente respecto a los partidos de la burguesía, como un verdadero sujeto de cambio.
Una característica clave de la transición política del año 2000, que la llamada extrema izquierda obvió conscientemente, fue la ausencia de la clase trabajadora con una política independiente respecto a los partidos de la burguesía, como un verdadero sujeto de cambio.
Hoy está comprobado que bajo la alternancia no se dio un avance de la democracia en beneficio de las grandes mayorías obreras y populares. Son testimonio de eso los fraudes electorales, la represión a los luchadores sociales, el papel protagónico del ejército en la vida política, la militarización, el fortalecimiento de los cuerpos policíacos y los pactos con el imperialismo.
La democracia en la etapa decadente del capitalismo
Cuando Lenin en 1914, definió la época como de “crisis, guerras y revoluciones”, hablaba de la decadencia capitalista; de las contradicciones que generaban para la democracia el que las fronteras nacionales no pudieran permitir el desarrollo capitalista, lo que llevó a soluciones militaristas. Se mostraba así, tanto la imposibilidad de armonizar los intereses entre las principales potencias capitalistas —como lo demostraron la Primera y la Segunda guerras mundiales— y por otro lado, lo profundización de los antagonismos irreconciliables entre las clases.
En los setentas, bajo el pretexto de la defensa del orden, se sucedieron golpes militares en América del Sur, dando paso a dictaduras criminales. Sin embargo, los posteriores gobiernos de recambio burgués que “restablecieron la democracia”, sentaron las bases (sobre todo en Chile y Argentina) para la fase de saqueo y expoliación impuesta por el imperialismo en los años ochenta, conocida como neoliberalismo.
Es bajo el neoliberalismo que hemos visto la profundización de la degradación de la democracia burguesa, donde el parlamento (para muchos, la mejor forma de preservar el dominio de la burguesía), bajo el control de sectores de la derecha política, que surgieron y avanzaron como resultado del fracaso de los “progresismos posneoliberales”, ha impuesto políticas destituyentes en varios países para echar del poder a una fracción de la clase al servicio del capital que ya no le es funcional.
La destitución de la presidenta Dilma Roussef en Brasil en el 2016 acusada de corrupción (que llevó a que el poder quedara después en manos de los sectores más corruptos del país), y la dimisión del presidente Evo Morales en Bolivia en 2019 (sin luchar, pese a la fuerza de su partido el MAS), presionado por los militares y la policía, son solo dos ejemplos de la tendencia a la degradación de la democracia burguesa. Pero el objetivo central de estos sectores de la derecha, fue profundizar los ataques a las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo, que ya habían empezado a desarrollar los gobiernos progresistas.
Incluso, los nuevos fenómenos políticos “neo reformistas” que surgieron como una expresión distorsionada del cuestionamiento en sectores de masas a la proimperialista socialdemocracia, como Siryza en Grecia y Podemos en el Estado español (a la que se adaptaron sectores de la izquierda internacional), terminaron siendo aplicadores de los planes del imperialismo.
Es decir, que la profundización de los planes imperialistas contra las masas, necesitaba degradar más la democracia burguesa; a ello se prestaron los neo reformismos que en la Europa del capital se subordinaron a las exigencias privatizadoras del Banco Central
La democracia mexicana como base de los negocios de la “clase política”
Los 18 años de gobiernos neoliberales del régimen de la alternancia —cuya mayor expresión política y programática se expresó en el Pacto por México— confirman que, lejos de arribar a la democracia, ésta se degradó todavía más que en la etapa previa a la alternancia iniciada por el PAN en el 2000.
En sus declaraciones ante la Fiscalía General de la República (FGR), Emilio Lozoya afirmó que destinó 100 millones de pesos, que recibió de la empresa Odebrecht para la campaña presidencial del PRI de 2012 —el candidato fue Enrique Peña Nieto— para pagar asesores electorales extranjeros. Y que por instrucciones del presidente Peña Nieto y de su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el ex director de Pemex destinó 404 millones de pesos más a la compra de votos de diputados y senadores para la aprobación de las reformas estructurales conocidas como Pacto por México. [2]
Además, la compra fraudulenta por el gobierno de Peña Nieto de la planta “chatarra” de fertilizantes Agronitrogenados a Altos Hornos de México, propiedad del empresario Alonso Ancira, afectó gravemente al erario federal. Esto involucró a instituciones del Estado como Nacional Financiera y el Banco del Comercio Exterior, las dos a cargo de Luis Videgaray, quien ejercía de secretario de Hacienda en ese momento.
Y es que la multinacional Odebrecht sabía que podía penetrar en las esferas del poder en México, corrompiendo a secretarios de estado, gobernadores, senadores y diputados, empresarios (y evidentemente los jefes de Estado); quienes le facilitarían hacer multimillonarios negocios.
En México, es larga la lista de gobernadores que durante la democracia de la alternancia hicieron uso del poder para enriquecerse de manera escandalosa. Algunos de ellos están presos, otros andan prófugos y con procesos de extradición. Hoy, las acusaciones de Lozoya alcanzan a los ex presidentes Fox, Calderón y Peña Nieto, así como sus principales colaboradores.
El pacto de Emilio Lozoya y AMLO y la democracia de la 4-T
En su campaña presidencial, López Obrador prometió que acabaría con la llamada “mafia del poder”, sin embargo, habiendo elementos para enjuiciar al presidente saliente Peña Nieto, pactó una tregua política con el PRI para mantener la gobernabilidad durante su sexenio. Rompía así una de sus promesas que supuestamente mostrarían un cambio democrático.
Pero el bajísimo crecimiento económico (en medio de una recesión mundial), el desempleo y, principalmente, la agudización de la crisis económica y social provocada por la pandemia del Covid-19, obligó al presidente a ir más allá de sus intenciones.
El extraditado Lozoya no está en prisión sino que la 4T lo trató como “testigo colaborador“ para obtener información y acorralar políticamente a los ex presidentes Calderón (férreo opositor a AMLO) y a Peña Nieto. López Obrador busca así fortalecer su hegemonía (atacada por sectores de derecha que amagan con ser “destituyentes”) y llegar mejor posicionado a las importantes elecciones intermedias de 2021, donde se elegirán a 500 diputados, 15 gubernaturas, 29 congresos locales, y en 14 estados se elegirán residencias municipales; en total, 3 mil 200 cargos.
Es decir, que habrá una reconfiguración del mapa político en el país, donde la 4T buscará fortalecer su posicionamiento y arrebatarle los bastiones electorales que aún mantiene a la oposición, mientras que esta última aspirará a lograr contrapesos ante el gobierno federal y recomponerse de la profunda crisis que arrastran.
Lejos de ser una verdadera batalla de la democracia contra la corrupción, son las circunstancias las que obligan al presidente a golpear a sus adversarios políticos, enarbolando la bandera del castigo a los que saquearon el país. Al mismo tiempo, pretende demostrar con un eventual enjuiciamiento a personajes claves de la política mexicana, que la 4T merece tener continuidad.
Pero, es poco probable que Calderón y Peña Nieto, paguen sus culpas en la cárcel. Esto iría contra la visión institucional que AMLO tiene de la figura presidencial y alentaría a la población trabajadora a exigir transformaciones radicales en el sistema político y de justicia. Esto, en medio de la pugna entre “radicales” y “moderados” en su gabinete —del cual ya varios integrantes han renunciado— y dentro del Morena, sería contraproducente para sus intenciones hegemonizadoras.
La democracia de los ricos: bajo un distinto color
Aunque es cierto que el gobierno de López Obrador ha eliminado algunas prácticas propias de los anteriores gobiernos abiertamente neoliberales, la corrupción persiste bajo la 4T (como conflictos de interés entre sus colaboradores), así como también prácticas antidemocráticas, en el marco de una subordinación al imperialismo y distintas políticas económicas y sociales contra las y los trabajadores.
El sólo hecho de promover las “consultas populares” a modo, (que margina a sectores realmente afectados por esas “votaciones”), así como el canje de diputados de un partido a otro para favorecer la hegemonía del Morena en la Cámara de Diputados, es todo lo contrario a la democracia que pregona. Además, como “liberal juarista” que se reclama, AMLO contradice sus dichos al aliarse con sectores reaccionarios como el evangelista PES y con acciones públicas que violan es estado laico.
Pero una cuestión crucial que limita los planes de la 4T y su promesa de “un nuevo régimen democrático”, es la caída de la económica nacional —en el marco de la crisis internacional— que lo llevará a mayor subordinación al imperialismo estadounidense, y a más medidas de corte autoritarias (como lo mostró con la creación de la Guardia Nacional y la militarización del país), y el ataque a los derechos de los trabajadores, como la reforma laboral lopezobradorista.
A esto se suma la configuración del Morena, integrado por tránsfugas de los viejos partidos representantes en su momento de la antidemocracia y el autoritarismo, lo que dará al traste con las aspiraciones democráticas de las masas populares que confían en López Obrador. Pues, así como la explotación y la opresión son inherentes al capitalismo (neoliberal o “más humano”), la degradación de la democracia es inherente a esta etapa decadente del capitalismo que cada vez enfrenta más contradicciones .
Si la transición política iniciada en el año 2000, ha mostrado la degradación de la democracia que quisieron vendernos, la alternancia del gobierno bajo el Morena y López Obrador en el 2018, no logró superar esta tendencia de la democracia burguesa.
La 4T tampoco significó la democracia para los pobres, como lo que mostraron los recortes presupuestales, los despidos de miles de trabajadores y trabajadoras, y la nula participación de la población pobre en la conducción de los destinos del país. El Morena y sus aliados no representan una democracia para los pobres”.
Y es que, como afirmaba el revolucionario ruso León Trotsky: “Las instituciones democráticas se demostraron incapaces de soportar la presión de las contradicciones contemporáneas, sea internacional, interna o, como sucede con mayor frecuencia, la combinación de ambas.” [3]
La “mejor” democracia del mejor parlamento burgués, siempre estará al servicio del capital; es decir al servicio de los explotadores y opresores. Por eso, la revolución rusa —hasta la muerte de Lenin— instituyó los soviets como organismos de democracia directa que fusionaban el poder legislativo y ejecutivo y la más amplia participación de las masas en el Estado; que imponían el principio de revocabilidad, el fin de los privilegios de los funcionarios y la elección y participación popular de los tribunales —entre otras medidas— que dejaban muy atrás los mecanismos de la democracia burguesa.
Los marxistas revolucionarios aspiramos a la democracia para los de abajo, es decir, la democracia que elimine la explotación y la opresión de hombres y mujeres y que les permita decidir libremente sus destinos. Pero esta no vendrá de la mano de la burguesía, ni de ningún sector “progresista de la misma”, sino de la movilización revolucionaria de las y los trabajadores, tomando en sus manos la lucha contra la militarización del país y la violencia policial, por todos los derechos exigidos por las mujeres, la juventud y las minorías, y avanzando en enfrentar este sistema de opresión, explotación y miseria.
Como decía Marx, la liberación de la humanidad, será obra de ella misma.
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