En las últimas horas declararon tres gendarmes en el Juzgado de Esquel. Nuevo capítulo de la operación oficial: de la negación a la teoría del “gendarme sacado”, de la desaparición forzada a la posibilidad de un homicidio preterintencional.
Martes 12 de septiembre de 2017
Cuando este martes abrieron las puertas del Juzgado Federal de Esquel, ya estaba en marcha una nueva operación orquestada desde los despachos del Ministerio de Seguridad y la Gendarmería Nacional.
Por eso, diarios como La Nación y Clarín habían puesto en cadena la teoría de los “gendarmes sacados”, que finalmente sí habían llegado al río, pero para arrojar piedras y, según la versión de uno de ellos, herir a una persona que lo cruzaba. Esas versiones habían sido preparadas durante estas semanas, en negociaciones entre los uniformados y los responsables políticos, sobre todo tras las declaraciones de testigos de la comunidad que relataban con detalle cómo habían ocurrido los hechos. Por eso el primero en llegar al Juzgado fue Gonzalo Cané, Secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad, que acercó “declaraciones testificales” de efectivos que participaron de la represión del 1° de agosto. "Cooperación con los Poderes...", toda una definición del asesor de Bullrich.
Gonzalo Cané llegando al Juzgado Federal de Esquel
El funcionario había llegado a la ciudad el fin de semana junto a su par de Seguridad Interior Gerardo Milman y mantuvieron el domingo al mediodía una reunión con el mismo Guido Otranto.
La operación se completaba con la revelación, en la misma jornada, de los resultados de los “peritajes” que se realizaron varios días después y sin las mínimas condiciones que pudieran hacer confiables sus resultados. Lo habían denunciado veedores que habían podido participar de parte del mismo, y el defensor oficial Fernando Machado: "las camionetas fueron lavadas", entre otras tantas irregularidades.
Los resultados que, por la gravedad del caso y con las técnicas existentes podrían revelarse en poco tiempo, se conocían 30 (30!) días después. Una burla. Sin embargo, mientras los medios esperaban la llegada de los testigos, recibían un comunicado del Poder Judicial de Esquel que aseguraba que los datos analizados no eran compatibles con el ADN de Santiago Maldonado. El análisis de las pruebas viciadas era convertido por la Ministra Bullrich en argumento para negar la desaparición forzada y tejer nuevas teorías conspirativas.
Mientras en el Escuadrón 36 de Esquel, a pocas cuadras del Juzgado, la fuerza realizaba una puesta en escena con formaciones y ejercicios de choque, en los tribunales otra puesta en escena permitía el ingreso de los efectivos que declaraban hoy, entre los cuáles no estaba Neri Armando Robledo. El nombre de este gendarme fue el que trascendió esta mañana en algunos medios. Según esas fuentes, Robledo habría declarado que arrojó una piedra que le habría dado en la espalda a una persona, mientras cruzaba el río.
Puesta en escena del Escuadrón 36 de Esquel - Noticias de Esquel
Sin embargo, según quienes conocen el expediente, esa declaración al día de hoy no figura incorporada al mismo.
En la “entrevista” que le realizó uno de sus superiores, Robledo habría asegurado que el hombre lo insultó desde la otra orilla. Así, la increíble versión, que se suma a la del subalferez Emanuel Echazú, intenta poner en duda no solo la denuncia por la desaparición forzada de Santiago, sino qué habría pasado con él: ¿no se lo llevó el río? ¿quedó dentro del territorio de la Lof? ¿si Santiago hubiese muerto, se trataría de un homicidio preterintencional por parte de un individuo, un “gendarme sacado”? O sea, que Robledo quería agredir a alguien pero no tenía intención de matarlo, un delito que está penado por entre 3 y 6 años de prisión.
Así, pasaríamos de la desaparición forzada por parte de una fuerza de seguridad, ordenada y/o encubierta por sus responsables políticos, a la teoría de los “7 gendarmes sacados”, o la versión de que uno de ellos haya sido el autor, en el "peor" de los casos a un homicidio agravado.
Las declaraciones y maniobras del Gobierno y la Gendarmería son increíbles, pero el juez Otranto sigue el libreto al pie de la letra. Pero tienen objetivos claros: ocultar durante el mayor tiempo posible pruebas que podrían ser valiosas para saber lo que pasó el 1° de agosto. Y lograr un cambio en la carátula del caso.
Quizá por eso la jornada en el Juzgado se desarrolló con una tensión creciente. Afuera, integrantes de la comunidad, organizaciones y periodistas, manifestándose o intentando conocer las novedades de la “investigación”. Adentro, funcionarios, gendarmes y jueces llevando adelante un nuevo capítulo de la operación de impunidad y encubrimiento.
Al tanto de la nueva situación, Matías Santana, una de las víctimas de la represión del 1° de agosto, aseguró a La Izquierda Diario que “nosotros reafirmamos nuestros testimonios. Por la presión política y social del pueblo que salió a manifestarse, ahora tuvieron que declarar y que admitir que llegaron al río. Esa es la primera pauta que reafirma nuestros testimonios”. Santana volvió a relatar cómo les dispararon, cómo Santiago fue golpeado, subido a un unimog y luego a una camioneta. “Se lo llevó la Gendarmería”.
Desde la comunidad además pusieron en duda los resultados de los peritajes. “El defensor oficial, Fernando Machado, ya había relatado las irregularidades de los allanamientos”, señaló Soraya Maicoño, que además criticó la investigación. “El Estado es el que da las órdenes, y el que decide sobre lo que tiene que hacer la justicia”. En la puerta del Juzgado de Esquel pegaron fotografías que muestran a gendarmes filmando con cámaras. Las mismas fueron tomadas cuando esa fuerza salía de la represión en la Pu Lof, poniendo en cuestión las incompletas y confusas explicaciones del comandante Balari, quien en un informe al juez manifestó que no existían filmaciones de algunos momentos del operativo porque no contaban con medios técnicos.
Cerca de las 15 horas, un fuerte operativo de la Policía Federal, la Policía de Chubut y una decena de efectivos de civil, montaron un operativo que por un lado permitió sacar al cuestionado juez Guido Otranto por la puerta lateral del Juzgado. Al mismo tiempo, permitió distraer a los medios para sacar por la puerta central a los gendarmes que habían declarado y el cuerpo de abogados de Gendarmería. Estos últimos, en un caso de cinismo extremo, llegaron el lunes al juzgado en una camioneta de la fuerza que en su ventanilla tenía el cartel que anuncia la búsqueda y recompensa para quien aporte datos por Santiago Maldonado.
Guido Otranto retirándose del Juzgado Federal de Esquel
Esta semana se esperan conocer nuevos resultados, en este caso de los cruces de llamados. Además está previsto que declaren testigos de la comunidad y de Gendarmería.
Pero dos preguntas resuenan cada vez más fuerte: ¿a esta altura, quién puede creer seriamente en la investigación de Guido Otranto? ¿Dónde está Santiago Maldonado?
