Cuatro años han pasado desde el asesinato de Manuel Gutiérrez, estudiante abatido por el carabinero Miguel Millacura, quien se encuentra cumpliendo una absurda condena en libertad. Familiares y amigos del joven permanecen en una ardua lucha por justicia y el término de la Justicia Militar, otra herencia de la Dictadura que ampara la impunidad policial.
Martes 24 de noviembre de 2015
Manuel Gutiérrez es otro joven cuya vida fue arrebatada por la policía con total impunidad hasta el día de hoy. Se suma a la lista de personas asesinadas por Carabineros, una realidad que ha sido permitida por los gobiernos de turno, y que hoy se expresa en la condena- dictaminada por la Justicia Militar- de 461 días en libertad para el policía criminal Miguel Millacura.
Debido a lo anterior es que se realizó una conferencia de prensa titulada Por el Fin de la Justicia Militar, en el ex Congreso Nacional, la que fue convocada por el Comité por Justicia para Manuel Gutiérrez. Según el coordinador del grupo, Miguel Fonseca, el objetivo de la conferencia recae en informar en qué está el caso del estudiante asesinado y mostrar a la luz pública otros casos de violencia policial que se han cometido en los últimos años.
A la conferencia asistieron Jorge Brito, estudiante de la Universidad Federico Santa María, brutalmente golpeado y violentado por carabineros; Gerson Gutiérrez, hermano de Manuel; Paola Soto, hermana de Jaime Soto, joven de Lo Barnechea, quien fue acribillado por la policía; Félix Avilés, padre de Rodrigo Avilés, estudiante de la Universidad Católica que estuvo a punto de perder su vida tras la movilización en Valparaíso por el 21 de mayo.
Además, se hicieron presentes parlamentarios como Camila Vallejos (PC), Hugo Gutiérrez (PC) y Giorgio Jackson (RD). También Manuel Ahumada, dirigente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), quien se refirió al reciente asesinato del trabajador minero Nelson Quichillao.
La instancia pública comenzó dando cuenta de cómo falleció Manuel Gutiérrez, en el marco de las movilizaciones convocadas por la CUT y en pleno auge del movimiento estudiantil; denunciando la brutalidad policial, en este caso específico expresada en el actuar del sargento de Carabineros, Miguel Millacura Cárcamo, quien en la actualidad se encuentra cumpliendo una absurda condena de 461 días en libertad. Cabe recordar que la rebaja de la pena de cárcel fue concedida por la Corte Marcial, es decir, por la Justicia Militar que aún rige en Chile y que permite la impunidad de las fuerzas represivas del país. En este caso el organismo argumentó que “no hubo intención de asesinar al joven”.
Producto de la rebaja en la condena, la familia de Gutiérrez presentó un Recurso de Casación en la Corte Suprema- última instancia judicial en el país- y lo que se está exigiendo “es que se anule el fallo de la Justicia Militar, los cuatrocientos días, y por lo tanto que se aumente la penalidad”, enfatizó Fonseca. En este sentido, el 22 de septiembre, familiares de la víctima entregaron alegatos que están siendo públicos y repartidos a la prensa para su difusión; además, vienen siendo apoyados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Ministerio del Interior.
Los casos de violencia policial y postura de parlamentarios
Gerson fue quien abrió la ronda de testimonios que denunciaron el abuso policial que existe en el país. “Han sido cuatro años de luchas, cuatro años de sacarse la mugre en la calle, exigiendo justicia para Manuel, exigiendo el fin a la Justicia Militar. Nosotros ya estamos en la última etapa, cerrando esto, y lamentablemente vemos que vamos a cerrar esto judicialmente, pero todavía hay una herida abierta. Mientras no haya justicia, viviremos el duelo, por eso exigimos fin a la Justicia Militar”, argumentó Gutiérrez, agregando además que “no por ser pobres, no por ser niños, no por venir de una población no tenemos derecho a justicia”.
Continuó Jorge Brito, estudiante de la Universidad Federico Santa María, quien fue detenido y violentado por Carabineros en el año 2013. “Carabineros me detuvo en el acceso a la universidad, me subieron al bus policial, me ahorcaron, me golpearon, me hicieron desnudarme completamente, me hicieron un interrogatorio, y luego me hicieron hacer sentadillas desnudo que producto de los golpes fue bastante complicado. Luego, poco antes de la medianoche me dejaron en libertad sin cargos (…) Me dejaron con lesiones de carácter grave en mis genitales producto de las patadas, siete puntos en mi mentón y daño en la columna”, contó el joven.
Brito estuvo dos años intentando que la Justicia Militar investigara para que se pudiese sancionar a los responsables, sin embargo, se argumentó que no se podían comprobar los hechos, mientras que Carabineros manifestó que el joven “perdió el equilibrio y se cayó”. El joven además denunció que el mismo carabinero que lo agredió fue quien disparó 15 veces contra el minero Nelson Quichillao, asesinado este año durante las movilizaciones mineras por el Acuerdo Marco. “Si me hubiesen creído, si hubiesen creído que estos hechos realmente pasaron, que el carabinero que aún se encuentra en servicio, Marco Guerrero Martínez, era una amenaza para la sociedad es muy probable que no lo hayan enviado al norte a reprimir a trabajadores y no hubiese disparado quince veces”.
Paola Soto, hermana del joven asesinado en Lo Barnechea, Jaime Soto de 19 años, también entregó su testimonio. “A mi hermano lo asesinaron sin motivo, lo ejecutaron, estaba sentado con sus amigos a las siete de la tarde. No tenía antecedentes, sólo estuvo en el momento de una persecución policial donde él no tenía nada que ver, el carabinero está libre y nosotros estamos luchando porque se ponga fin a la Justicia Militar (…) No por ser uniformado su vida tiene más valor que la de cualquier persona, cuando matan a un carabinero dan muchos años de cárcel, pero cuando es al contrario no pagan con ningún día de cárcel”, argumentó la joven.
Felix Avilés, padre de Rodrigo Avilés, partió dando cuenta de otros casos de violencia policial, por ejemplo el ocurrido contra la estudiante Paulina Estay en Valparaíso durante la marcha de 21 de mayo o el caso de Luciano, estudiante de la Usach quien perdió un ojo producto del impacto de una lacrimógena. “De lo único que hablar (los casos de violencia policial) es de la debilidad de la democracia y de la consistencia de las normas heredadas de la Dictadura Militar (…) La impunidad es un desprecio que se ha institucionalizado, donde la vida, la integridad física y síquica de las personas queda al arbitrio de algunas autoridades”, manifestó Avilés, dando cuenta que Chile es uno de los pocos países donde sigue rigiendo la Justicia Militar.
Al final de la conferencia intervinieron los parlamentarios mencionados, manifestando su desacuerdo con la Justicia Militar y su exigencia de ponerle término. Además, plantearon que es necesario que “se revisen los protocolos de accionar de Carabineros”, pues hay un problema con la “formación interna” de dicha institución represiva, entonces se deben “prevenir” estos casos de abuso policial. “Solicitamos que el Ministerio de Defensa le dé una audiencia a los familiares de todas estas víctimas y también a los parlamentarios que han impulsado el fin a la Justicia Militar”, indicó Vallejos. Por su parte, el diputado Jackson se centró en la importancia de que las “instituciones funcionen”, por lo que sería importante que “todos sepamos el rol que cumplen estas, sus procedimientos y esto hoy en día no se cumple”, como si la represión policial no tuviese que ver exactamente con el rol histórico que cumplen estas instituciones represivas y fuese un problema de “desconocimiento” del funcionamiento interno.
Si bien, puede ser un apoyo que parlamentarios solidaricen con estas causas e impulsen proyectos de ley, por ejemplo para que se acabe la Justicia Militar, lo central es cuestionar de fondo cuál es el rol de las instituciones del “orden y seguridad”, las que a lo largo de la historia han reprimido, asesinado y violentado a sectores de la sociedad que se movilizan, que luchan por sus derechos y que ponen en tela de juicio el sistema imperante. Para obtener justicia y poner fin a la impunidad policial es fundamental la movilización y organización contra esto, como también el apoyo de organismos estudiantiles, sindicales y de Derechos Humanos, pues el régimen político y el parlamento no van a fallar en contra de una institución que ha sido protegida desde su existencia y que se basa en la represión y violencia.
