Lesa humanidad. Caso Milani: la hermana del soldado Ledo desmiente a Rossi y acusa de cínica a Villarruel

Graciela Ledo, hermana de Alberto Ledo, el soldado desaparecido en junio de 1976 en Tucumán mientras hacía el servicio militar, repudió tanto la utilización que hizo la negacionista Victoria Villarruel durante el debate entre candidatos a vicepresidente del miércoles en TN, como las mentiras a las que apeló Agustín Rossi para ocultar una verdad tan evidente que hasta una defensora del terrorismo de Estado pudo señalar.

“Repudiamos la utilización que hace Villarroel de un tema tan doloroso y que tanta lucha ha generado. Mi familia y la memoria de Alberto merecen respeto. Utilizar para sumar votos no se puede aceptar de ninguna manera por ningún partido político y menos por una negacionista, familiar de quienes participaron en la represión como su padre que fue parte del Operativo Independencia”, dijo Graciela en conversación con La Izquierda Diario.

Agregó, además: “Pero también necesito decirle a Rossi y a todos quienes han blindado a Milani, para que no sea condenado, que eso fue un enorme error que ya está pasando factura. No es cierto que las denuncias no tenían fundamento como sostuvo. Milani fue imputado porque firmó el acta apócrifa, sobre la supuesta deserción de mi hermano, que tenía el objetivo de ocultar su desaparición forzada. Este acta data de 1976, pero no fue la única imputación contra él. Además están las denuncias de Alfredo Olivera desde el año 1979”.

En el juicio que se realizó en Tucumán por la desaparición del soldado se comprobó que Alberto no se hizo desertor y que el acta que firmó Milani es apócrifa. “Desde diciembre de 1976 lo tuvieron secuestrado en Arsenales Miguel de Azcuénaga, en Tucumán. Lo ingresaron tres oficiales de La Rioja. Milani era la mano derecha de Sanguinetti, no podía estar ajeno al secuestro y desaparición de mi hermano".

Durante el juicio también se comprobó que el 17 de junio de 1976 a la una de la mañana el entonces capitán Sanguinetti, a cargo del Batallón 141 de Ingenieros en Construcciones de La Rioja, que se encontraba en comisión en Tucumán, sacó del campamento a Ledo, quien nunca reapareció. En ese juicio Sanguinetti fue condenado y Milani absuelto a pesar de las pruebas que mostraron que ambos estaban involucrados.

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Recordemos, además, que Milani fue acusado en varias causas de lesa humanidad. Alfredo Olivera fue una de las primeras víctimas que lo denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando funcionarios del organismo internacional llegaron al país en 1979. Lo acusó de detener ilegalmente a su padre Pedro. Olivera reiteró la denuncia contra Milani en 1984 ante la Comisión Riojana de Derechos Humanos.

Milani también fue denunciado por Oscar Schaller. Él y su papá, Plutarco, lo conocieron mientras estuvieron detenidos-desaparecidos durante la dictadura. Y Verónica Matta se presentó como querellante en la causa que investiga su detención ilegal donde denunció que César Milani había sido el militar que comandó el operativo de su secuestro y desaparición en 1976, cuando tenía 17 años.

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Volviendo a Milani, Graciela Ledo recuerda que cuando fue anunciado el ascenso del militar a jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner, “Horacio Verbitsky envió estas denuncias al Senado y allí se generó un ‘Operativo Salvataje de Milani’, enviando al abogado Fernando Susini, entre otros, a Tucumán y a La Rioja, y junto a los fiscales Camuña e Illanes, respectivamente, entregaron informes absolutorios de Milani. Rossi miente cuando dice que al momento de votar los pliegos en el Senado no había pruebas contra Milani”.

La hermana del soldado Ledo junto a su mamá Marcela, integrante de Madres de Plaza de Mayo de La Rioja, no dejaron de pelear por juicio y castigo a todos los responsables del genocidio que se llevó adelante desde 1976 a 1983. Graciela continúa sosteniendo que la lucha es el único camino para obtener justicia. Pero también aclara que ni bajo el gobierno kirchnerista pudieron conseguir que todos los responsables de la desaparición de Alberto fuesen condenados. Y subraya esto para señalar cómo impusieron a Milani: “Otros militares con sospecha de haber participado en delitos de lesa humanidad, nunca fueron designados. Hubo una insistencia por parte del gobierno que integró Rossi para que Milani fuera encumbrado a jefe del Ejército”.

También señala que si una negacionista como Villarruel puede desnudar al gobierno de Cristina Kirchner es por algo. “Si un gobierno que se proclama como defensor de las víctimas, desoyó los reclamos de la mamá de Alberto Ledo, es por la incoherencia de ese mismo gobierno”, dice Graciela y agrega que esto le permitió a Milani que denuncie que le “armaron” dos causas en las que está absuelto. “La de Olivera todavía sigue en Casación y la nuestra en la Corte. Además, en la de Olivera no fue por unanimidad”, dice Graciela.

En la causa judicial que se siguió en La Rioja por el secuestro y desaparición de los Olivera, el fallo fue de lo más regresivo que se dictó en causas de lesa humanidad. En los argumentos de la sentencia que dejó impune a Milani, los jueces sostuvieron que la detención de Pedro Olivera, en marzo de 1977, no fue ilegal. Justifican los procedimientos bajo las leyes 20.840 y 21.460, esta última firmada por el genocida Jorge Rafael Videla.

Sin embargo, el Juzgado Federal Nª 3 de Mar del Plata estableció en la causa contra la CNU que la vigencia de la ley 20.840, promulgada en 1974 bajo un gobierno constitucional, “no implicaba necesariamente” la legalidad de los procedimientos. Por el contrario, esa ley le permitió a los militares del proceso presentar los operativos donde asesinaban, robaban y secuestraban como legales.

Además, según presentó la defensa de Milani, él no puede ser imputado porque estaba detenido dentro del Batallón en los hechos que se le imputan por el secuestro de Olivera, por lo cual no tendría ninguna responsabilidad. Estos son los insostenibles argumentos que los jueces dieron por válidas, cuando la jurisprudencia rechaza que la responsabilidad de un imputado en crímenes de lesa humanidad se acredite sólo en base a prueba documental.

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Graciela dice: “Hoy escuché a Milani hablar del odio que destila Villarruel. Les recuerdo que en la denuncia en el Nunca Más riojano, Olivera dice: ‘recuerdo el odio con el que Milani se dirigía a mi en el despacho del juez Catalán y me decía a vos te cortamos la carrera de terrorista’”.

Graciela Ledo finaliza la charla con La Izquierda Diario con una reflexión: “Ahora como familiares de un desaparecido y militantes de organismos de Derechos Humanos no entraremos en disputas electoralistas. Gane quien gane nos encontrará luchando contra la impunidad, pidiendo la apertura de todos los archivos, contra el descuido, banalización y mal uso de los centros clandestinos”.

Debate entre candidatos

La compañera de fórmula de Javier Milei no dudó desde el comienzo del debate en dejar en claro su perfil derechista y vinculado a los milicos genocidas. Nicolás del Caño, diputado y compañero de fórmula de Myriam Bregman por el FITU, expusó: “Quiero hablar de algo muy importante, ¿por qué Victoria Villarruel visitaba a Videla cuando estaba preso? ¿qué le dijo Videla sobre los desaparecidos?, ¿qué le dijo sobre los niños apropiados por los genocidas?” Y agregó: “Fue el máximo responsable del genocidio, de las torturas. ¿Le dijo algo sobre esos casi 400 personas que deben tener mi edad y que no saben su verdadera identidad? Usted tiene que explicar por qué estaba en los cuadernos de contactos de Miguel Echecolatz, uno de los genocidas más siniestros de la última dictadura responsable de la desaparición de Jorge Julio López.” Villarruel se negó a responder.

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Las palabras de la hermana del soldado Ledo iluminan la aparente “paradoja” de que sea Villarruel, una negacionista del genocidio, la que también le puede enrostrar a Rossi, el ministro de un gobierno supuestamente progresista, cómo bancaron a un criminal de la dictadura. En verdad, ambos candidatos son fieles exponentes de un régimen político que siempre tuvo múltiples vasos comunicantes con el aparato represivo heredado de la dictadura y tantas veces “empoderado” por los gobiernos constitucionales que mantienen hasta hoy los archivos de la dictadura cerrados bajo siete llaves. Tanto los militares que defiende Villarruel como Milani, defendido acríticamente por el kirchnerismo, participaron del genocidio y firmaron el pacto de silencio entre genocidas. Los pases de factura entre Rossi y Villarruel no deben leerse por fuera de estos 40 años de constitucionalidad en la que si algo reinó respecto a los crímenes de la dictadura es una gran cuota de impunidad. Ahí está la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, de la que el último lunes se cumplieron 17 años y cuyo caso es un verdadero monumento a la impunidad.