Juan Carlos Márquez y Ramona Contreras llevan una incansable lucha para conseguir justicia por su hijo que fue asesinado por la policía.
Martes 6 de diciembre de 2016
La noche del 28 de noviembre de 2002, Juan Pablo Contreras, de tan sólo 24 años, volvía a su casa de Colastiné Norte, barrio costero de la ciudad de Santa Fe, luego de jugar un partido de fútbol con amigos cuando fue asesinado por disparos de la policía. Pasaron 14 años, la familia sigue reclamando justicia para hallar el o los responsables de este hecho. Pero además están pidiendo que se esclarezcan las irregularidades que se produjeron en la causa durante todos estos años, que fueron las garantías para que se mantenga la impunidad.
Una de esas familias de trabajadores que habitan los barrios más humildes de la provincia. Su papá era jardinero, actualmente Juan Carlos vende plantines para llevar dinero a la casa, su mamá es empleada doméstica, mujer de pocas palabras, que aun habiendo transcurrido tantos años se quiebra al hablar de su hijo, porque a la tristeza de la pérdida, se suma el dolor de la injusticia, pero que aun asi se caracteriza por su incansable lucha, una mujer que no baja los brazos ni las banderas de pedido de justicia por su hijo. “Lo que más duele es no poder ni siquiera llevarle flores al cementerio, porque no tenemos el cuerpo”, expresó en uno de los relatos Ramona. Pablo estaba desocupado en ese momento, post 2001 muchos jóvenes de su edad se encontraban en la misma situación y con una policía envalentonada que venía de cometer la masacre del 19 y 20 de diciembre. Su delito fue ser pobre y no gozar de la impunidad con la que gozan las fuerzas de seguridad que disparan a matar.
Pablo fue asesinado en la provincia que actualmente cuenta con el índice más alto de abusos y crímenes policiales. Sólo en el último año se registraron alrededor de 300 denuncias que incluyen casos de torturas; y un índice de víctimas fatales como consecuencia del accionar policial que fue en ascenso y se destaca que el 51% eran menores de 25 años, según aportaron los datos del informe anual de Correpi. Desde 2002 hasta la fecha han pasado cinco gobiernos provinciales: Reutemann y Obeid (PJ), Binner, Bonfatti y ahora Lifchitz (Frente Progresista), quienes protegieron a la Policía y se apoyaron en el Poder Judicial para hacerlo. Esta causa es ejemplo de esto, a la cantidad de años transcurridos, se le suman las irregularidades cometidas a propósito por la propia Policía y el Poder Judicial para asegurar que el asesino de Pablo quedara libre y su crimen impune.
Los procedimientos falsos llevados a cabo por el personal de la subcomisaría 6ª, el encubrimiento del asesinato incluye una autopsia falsa, seguida por el cajoneo de la causa, la profanación de la tumba y la desaparición del cuerpo, entre lo más brutal. Según manifestó Contreras, las primeras irregularidades se dieron inmediatamente luego del crimen de su hijo y fueron llevadas adelante por los efectivos policiales del lugar, vulnerando la escena del hecho.
Juan Carlos, quien al ser consultado sobre si recibieron amenazas durante estos años en la que impulsaron la investigación en la causa con su familia, contó que no solo fueron objeto de amenazas sino también de golpizas y atentados. “El 8 de octubre de 2015, la Fiscalía N° 5 citó a declarar a un comisario, proveniente de San Cristóbal, al otro día nos quemaron herramientas de trabajo en mi casa cuando se encontraba mi hija sola, junto a mis dos nietitos. Tenemos miedo que les suceda algo a ellos. Estamos sufriendo ataques permanentemente”, manifestó.
Por su parte, Salvador Vera, abogado Integrante de la Asamblea por los derechos de la niñez de Rosario, quien el miércoles pasado solicitó constituir la querella por parte de la familia, declaró: “Intervenimos en causas de violencia institucional las cuales tienen un marco de acompañamiento de multisectoriales que se conforman acompañando a los familiares, a los fines de construir toda la difusión y presión pública de estas causas de violación a los derechos humanos. Poder denunciar las grandes irregularidades que se producen y poder generar avances y condenas a los responsables”.
Vera explicó que están en una etapa inicial, donde recién pudieron acceder a una parte del expediente, pero en lo relevado hasta el momento, encontraron gravísimas irregularidades tanto de la policía como del actuar del juzgado. En 14 años no les han otorgado la participación de querellantes, “pero lo más grave es que no surge el pedido de constitución de querella, habiendo tenido no solo representación en los primeros momentos de un abogado particular sino representación institucional del CAJ. Esto demuestra una gravedad institucional por el hecho de no avanzar y profundizar en la investigación en torno a la participación del accionar policial y a la responsabilidad del policía Franco, entre otros. Por una parte la responsabilidad compartida de los operarios e integrantes del juzgado de instrucción N° 2 y la seccional sub 26 de Rincón ante la pérdida del arma y las vainas servidas, la responsabilidad del juzgado de no permitir la declaración completa de los padres que es un hecho gravísimo e inédito”, expresó.
Entre las irregularidades, el abogado expresó que se han hecho pericias sobre el cráneo y los resultados confirman que el orificio de la bala con la que lo mataron no coincide, por lo que ese resto no pertenece a Pablo. “Denunciamos también que desaparecieron de la comisaría los libros de arrestos y detenciones y que no se peritó el arma con la que le dieron muerte. Todas estas alteraciones las podemos demostrar”.
Para finalizar, el actual letrado de la familia dijo que quieren denunciar ante la Comisión Interamericana todos estos sucesos, que son múltiples pero que tienen un nexo común y una vinculación entorno a generar impunidad para el caso, impunidad al accionar policial y ocultar el hecho. Un modos operandi que se replica en cada caso de violencia institucional y que a pesar de quedar en evidencia continúan repitiendo. Así como los emblemáticos casos de Rosario, victimas del gatillo fácil y de las desapariciones forzadas, como lo son Franco Casco, Gerardo Escobar y Jonatan Herrera ya llevan entre 1 y 2 años a la espera de condenas y con varios de los responsables en libertad, la familia de Pablo hace 14 años que pide justicia, en la ciudad de Santa Fe.
