Desaparición y muerte. Caso Santiago Maldonado: exigen que la Corte responda tras más de un año y medio de silencio

En las últimas horas Sergio Maldonado y su abogada Verónica Heredia presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un pedido de “pronto despacho” en función de que el máximo tribunal judicial del país lleva más de un año y siete meses sin responder un pedido urgente que hizo la querella en el marco de la investigación sobre la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado.

“Vengo a solicitar pronto despacho de la petición formulada el 6 de marzo de 2020 atento haber transcurrido un año y siete meses sin respuesta. Fundo mi solicitud en el derecho constitucional y convencional a peticionar ante las autoridades, a obtener respuestas y a la tutela judicial efectiva que incluye el derecho a un juez imparcial”, comienza el escrito presentado por la familia de Santiago ante la Corte, al que accedió La Izquierda Diario.

El pedido se funda en artículos de la Constitución Nacional, de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Persona y de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

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Nada de imparcialidad, todo impunidad

La querella denuncia que “a cuatro años de la aparición sin vida del cuerpo de Santiago Maldonado (ocurrida el 17 de octubre de 2017, NdR) la causa se encuentra paralizada y en total impunidad tal como lo ordenó el Dr. (Gustavo) Lleral en su sentencia de 29 de noviembre de 2018”.

Sin embargo, remarca la familia Maldonado, “el Poder Judicial argentino ha admitido que ‘la investigación no se encuentra agotada’; que existe ‘necesidad de profundizar la investigación’; que ‘resulta necesaria la sustanciación de un cúmulo de pruebas para despejar las incógnitas ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de delitos’; que ‘persiste la duda acerca de las circunstancias que rodearon el deceso de Santiago Andrés Maldonado y de las eventuales responsabilidades del caso si las hubiere’” y que que “existen ‘un cúmulo de medidas de pruebas pendientes, las que podrían comprender, incluso, entre otras, el análisis de actuaciones conexas o vinculadas con el objeto procesal de las presentes (vgr. las investigaciones relacionadas con la presunta ilegalidad del ingreso de Gendarmería Nacional al Pu Lof …)’”.

También recuerdan que el propio Poder Judicial reconoce que “una de esas pruebas es en relación ‘a la data de la muerte’ de Santiago Andrés Maldonado” y que “en el presente caso se verifican ‘particularidades de corte jurídico internacional y a la existencia de un cauce de investigación que no se encuentra agotado’”.

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En la presentación del 6 de marzo de 2020 (y que exigen que la Corte responda pronto) se le preguntaba a los supremos por qué el Estado argentino “descarta la desaparición forzada seguida de muerte” de Maldonado si, tal como lo manifestó el propio Poder Judicial, “faltan aún pruebas para producir; si aún no se conoce la fecha de la muerte (...) si estuvo desaparecido 78 días; si su desaparición y muerte se dan en un contexto de intervención estatal; si en su muerte está involucrado el accionar de fuerzas del Estado en el uso de las herramientas para prevenir y reprimir delitos (y) si debe investigarse si existió accionar ilegal de esas fuerzas del Estado”.

Pregunta que hasta el día de hoy Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda (también Elena Higton de Nolasco hasta que se jubiló recientemente) siguen sin responder pese a la urgencia que amerita una causa como ésta. Con su silencio, claramente, no hacen otra cosa que un gran aporte a la impunidad.

A su vez la querella le recuerdan a los jueces que tanto el Poder Ejecutivo (luego del traspaso de gestión de Cambiemos al Frente de Todos) como el Congreso Nacional afirmaron que la represión de Gendarmería del 1° agosto de 2017 (cuando desapareció Santiago) como la causa judicial abierta tras esos hechos tuvieron, cuanto menos, irregularidades graves que deben ser investigadas.

En el caso del Ejecutivo, hubo un reconocimiento de que la represión en la Pu Lof de Cushamen por parte del Estado fue “grave” y con elementos de “ilegalidad”. En el caso del Parlamento, a través del Informe de la Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y Actividades de Inteligencia, se comprobó que el Estado hizo “espionaje” a la familia Maldonado mientras Santiago estuvo desaparecido.

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En el pedido de pronto despacho, la querella recuerda que el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, “además de negar la posibilidad de que se investigue la desaparición forzada de Santiago confirmó al Dr. Lleral como juez de instrucción de la causa”, algo que la querella denuncia ya que “pone en crisis la inteligencia de los artículos de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”. Vale recordar que Borinsky es uno de los camaristas que se juntaba a jugar al tenis en la quinta de Olivos con el entonces presidente Mauricio Macri.

En concreto, lo que afirma la familia Maldonado es que es imposible que Lleral sea considerado por las instancias judiciales superiores como un “juez imparcial” cuando el mismo juez ya se inhibió de serlo en sus fallos, “afirmando que no lo será dando razones objetivas y subjetivas de su parcialidad”.

Un hecho político

Consultada sobre la motivación del pedido de “pronto despacho” enviado en las últimas horas a los Tribunales nacionales, Verónica Heredia dijo a La Izquierda Diario que “en realidad la Corte Suprema de Justicia no tiene plazos, por lo tanto presentar un ‘pronto despacho’ a la Corte es, más que un hecho jurídico, un hecho político. Que no tengan plazos habilita a que estén sin resolución un montón de estas cuestiones que deben ser resueltas en tiempo y forma”.

En ese sentido la abogada de la querella agregó que “el ‘plazo razonable’ hay que analizarlo en cada caso concreto. ¿Cuál es el plazo para que se resuelva la situación de un niño que está denunciando que está siendo abusado por su padre? Obviamente el plazo son segundos. En el caso de Santiago ya han pasado un año y siete meses que la Corte Suprema tiene (el pedido) para resolver y no resuelve, lo que ya torna irrazonable el plazo”.

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Además del pedido presentado por escrito, la familia Maldonado se presentará este jueves a las 11 de la mañana en la sede de Tribunales. “Debido a la falta de respuesta de la Corte Suprema a nuestro pedido para que resuelva y designe un nuevo juez que realice una investigación sin descartar la figura de desaparición forzada en la causa de Santiago, necesito que me acompañen este jueves 21 de octubre a las 11hs”, dijo Sergio Maldonado a través de un mensaje difundido en redes sociales y entre organismos de derechos humanos.

La cita es en la entrada del edificio del centro porteño ubicada en Talcahuano 550. Allí, acompañado por su abogada, personalidades y organizaciones solidarias, Sergio presentará una nota que dice: “Solicitamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resuelva la petición formulada por la familia Maldonado en la Causa N° 8232/2017/12/1/1. Caratulada: "Maldonado, Santiago Andrés por artículo 142 ter del CP s/Desaparición Forzada”.

“No debemos dejar que la desaparición por 78 días y la muerte de Santiago Maldonado queden impunes”, afirma Sergio en su mensaje de convocatoria. “Si la Justicia no funciona, tenemos que construir una forma de reclamar colectivamente al Poder Judicial para que seamos escuchados”, finaliza.