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Red Internacional
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Política. Caso jueces de Rancagua: A la luz la decadencia del Poder Judicial

Marcelo Vázquez, juez que se encuentra bajo la mira por un proceso disciplinario por el Tribunal Constitucional, presentó este 17 de julio un recurso para declarar inadmisible su proceso investigativo en su contra, medida que fue rechazada recientemente por el Tribunal Constitucional. El Poder Judicial expresa su decadencia.

Miércoles 31 de julio de 2019

RANCAGUA.- Marcelo Vázquez, juez que se encuentra bajo la mira por un proceso disciplinario por el Tribunal Constitucional, presentó este 17 de julio un recurso para declarar inadmisible su proceso investigativo en su contra, medida que fue rechazada recientemente por el Tribunal Constitucional, afirmando que: “Luego de deliberar y por la unanimidad de sus integrantes, la Segunda Sala (del Tribunal Constitucional) resolvió declarar inadmisible el requerimiento deducido, resolución que será expedida dentro del plazo de tres días".

Cabe destacar que Vázquez, junto a Emilio Elgueta y el difunto Marcelo Albornoz, son los jueces contra quienes se inició a fines de lo año pasado una investigación interna por una irregularidades en sus funciones, en donde el primero sería acusado de nepotismo al nombrar a su hija en un cargo de jurisdicción y en haber colaborado en una red de tráfico de estupefacientes.

En este sentido la investigación quedó en manos de la suprema Rosa María Maggi e implicó la suspensión de los jueces Elgueta y Vásquez.

Estos hechos evidencian la decadencia del sistema judicial, desde donde se beneficiaría a unos pocos, los empresarios y sus amigos, para resguardar sus intereses. Es más, la situación evidencia que se perpetúa día a día una justicia para pobres y una para ricos, reproduciendo así las brechas sociales incluso desde el Poder Judicial.

Es por esto que nosotros decimos que no queremos una justicia para ricos y otra para pobres, por lo que se hace necesario la elección directa y popular de todos los jueces, para que no se siga perpetuando que los políticos corruptos y los empresarios ubiquen a sus amigos y socios en las sillas del Poder Judicial, además de la eliminación del Tribunal Constitucional, uno de los enclaves autoritarios, designado por el Presidente y el Senado, no electos por el pueblo, cuya función es “proteger” la Constitución pinochetista, así como la disolución de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones y realización de juicios por jurado popular.

Debemos superar la crisis de descomposición del sistema judicial, por lo que se hace necesaria la articulación de la fuerza del pueblo trabajador, pobre y de los movimientos sociales, para poner en pie una Asamblea Constituyente, Libre y Soberana, basada en la movilización de estos actores, para derribar así todos los enclaves de la herencia pinochetista y del capitalismo neoliberal.