BAHÍA BLANCA. Casos Castro, Moscoso y Almada: testimonios de quienes luchan contra la impunidad del Estado

La Izquierda Diario entrevistó a Cristina Castro, madre de Facundo, desaparecido y muerto en un caso donde la Policía Bonaerense es la principal sospechosa; a Ezequiel Moscoso, tío de Katherine Moscoso, joven de Monte Hermoso, víctima de femicidio en 2015 en una causa que involucra al hermano del entonces intendente, permanentemente desviada por el Poder Judicial y el accionar de las fuerzas policiales; y a Silvia Almada, madre de Ángel Almada.

Ángel era un joven de 17 años, estudiaba música e integraba la Orquesta Escuela de Ingeniero White. Fue asesinado hace casi cinco años. Su caso ha sido entorpecido por el activo encubrimiento de la Policía Bonaerense y la DDI, hoy apartadas de la investigación, y también por sectores del poder político y empresas de medios que instalaron la hipótesis (insostenible) del suicidio.

Durante más de un año la querella peleó para cambiar esa carátula en la causa. Hoy, en una causa paralela por encubrimiento, se encuentran imputados cinco policías, que sin embargo siguen en funciones, y el ex-Delegado Municipal de Ingeniero White.

Cristina, Silvia y Ezequiel coincidieron en Bahía durante la movilización "Bahía Duele" en el marco de la convocatoria realizada en varias ciudades de Madres Unidas.

Cristina Castro denunció ante este medio un nuevo ataque del Municipio de Villarino a la familia y amigos de Facundo, ya que en las últimas horas les llegó una carta documento donde el gobierno de Bevilacqua les impone una sanción económica de cientos de miles de pesos por unas pintadas durante la última movilización que exigió justicia por Facundo Castro en Pedro Luro.

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"En casos en que no está involucrada la policía o alguien del poder, las cosas se aceleran"

Con esa frase contundente, Silvia Almada señaló con sencillez un factor común de las tres causas, la de Facundo Castro, la de Ángel Almada y la de Katherine Moscoso: el operativo de encubrimiento estatal que por momentos resulta grotesco.

En casos como estos es muy común ver que pasan años sin que las querellas puedan acceder a los expedientes, carátulas judiciales que no se condicen con lo que resulta evidente, amedrentamiento policial, la culpabilización de las víctimas y sus familias, estigmatización de la pobreza, todo propagandizado por voceros oficiales, como Berni en el caso de Facundo, y medios lacayos del poder de turno que no dudan en defender a sus gobiernos y fuerzas policiales amigas. Esta historia suele repetirse en las causas que implican responsabilidad policial y del Estado de un lado, y familias trabajadoras del otro.

Otro punto en común entre estas tres causas es que el abogado de las familias (solo o acompañado por Luciano Peretto en el caso de Facundo) es Leandro Aparicio, un profesional reconocido en la región y nacionalmente por su compromiso con los derechos humanos y contra la impunidad estatal. Las familias a las que representa son unánimes en su apreciación de Aparicio, en palabras de Ezequiel Moscoso, "una excelentísima persona". Y suelen reivindicar, como señala Silvia Almada, el arduo trabajo investigativo que lleva adelante junto con les familiares (al contrario del Poder Judicial que duerme y desvía las causas colaborando con la impunidad estatal).

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Como contracara, los voceros gubernamentales, los fiscales y empresas de medios afines al poder no pierden la oportunidad de atacarlo y sembrar toda clase de sospechas sobre él, Peretto y la familia de Facundo Castro. En las últimas horas Sergio Berni volvió a arremeter con sus usuales bravuconadas en la televisión, intentando ocultar con ruido lo inocultable: todos los caminos en la causa siguen conduciendo a la Policía Bonaerense. Pero cuando lo acusan a Aparicio de "entorpecer" las investigaciones, en realidad debe leerse que lo que entorpece son los operativos estatales de encubrimiento.

Durante los últimos meses todo el arco "progresista" que defiende al Gobierno provincial de Kicillof y nacional de Alberto Fernandez le ha hecho el caldo gordo al propio Berni y a la Bonaerense, al no movilizar por justicia por Facundo ni por los demás casos de gatillo fácil que dejó el empoderamiento represivo desde marzo. Incluso dejando pasar los ataques y las burdas mentiras contra las organizaciones sociales y la izquierda para justificar el desalojo represivo en Guernica.

Mientras avanza la crisis económica y social, la pobreza aumenta al 44,2% y supera el 64% en la infancia, se hace evidente que el ajuste no pasa sin represión. Lo saben las familias de Guernica y de las distintas peleas por tierra para vivir en todo el país. Las promesas de seguridad sólo significan más policía del gatillo fácil en las calles, y no solucionan la terrible desigualdad que golpea sobre todo en los barrios más pobres.

En ese marco es muy importante la lucha de distintos sectores de trabajadores, precarios y desocupados para no seguir pagando la crisis. Y también la pelea que dan las familias contra la impunidad estatal y policial, para que no haya más casos como el de Facundo Castro, Katherine Moscoso o Ángel Almada. Como cierra la entrevista Cristina Castro, contundente: "para que el Nunca Más que predicaba Facu sea realmente Nunca Más."

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