Educación superior. Casta dorada de la UAM no explica el destino de 125 millones de pesos

En días recientes se denunció que la Rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana, encabezada por Eduardo Abel Peñalosa (y en el periodo anterior por José Antonio de los Reyes Heredia), no explicó el destino 125 millones de pesos. Según lo que circula en redes sociales, con información de la Auditoria Superior de la Federación, no se ha justificado el gasto de dicho dinero. Según lo informado, hay observaciones respecto a trabajos no ejecutados, falta de amortizaciones, no aplicación de penas económicas a las empresas privadas encargadas por retraso en las obras y diferencias entre el volumen de insumos entregados y lo pagado.

Que las autoridades universitarias usen a las instituciones de educación superior como cajas chicas para hacer desvíos no es nada nuevo. Sólo recordemos el caso de la estafa maestra. Fue un mecanismo que se utilizó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto para desviar miles de millones de pesos por parte de empresas fantasmas entre 2013 y 2015. Durante el gobierno ese sexenio, los desvíos ascendieron a 7 mil 670 millones de pesos, y de ese dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 mil millones de pesos.

Al observar el fraude millonario podemos explicar la razón de que haya tantos huecos en el presupuesto público, siendo que aún no sabemos dónde están los recursos que tendrían que ser devueltos para obras públicas o, por ejemplo, para salvar a las instituciones de educación superior en quiebra.

Corrupción y precarización

La corrupción no es solamente que los funcionarios públicos o privados violen la ley para enriquecerse a costa del erario público. Implica la utilización de cualquier método, sea legal o ilegal, para acrecentar las ganancias a costa de explotar más a la clase trabajadora, es decir, la corrupción es parte integrante del capitalismo. Por esto mismo, el discurso de lucha contra la corrupción del gobierno de la 4T realmente no ataca el problema de fondo, porque sólo castiga ciertas actividades que violan la ley, pero no modifica de raíz el problema que es la división de clases. Por eso, los escándalos sobre desvío de recursos (lo que incluye a las universidades públicas) no han desparecido en el presente gobierno.

Para los neoliberales, privatizar las universidades no fue suficiente, no les bastó excluir a miles de jóvenes de la educación superior, degradar los contenidos o precarizar cada vez más a los trabajadores de la educación, como los profesores y profesoras quienes, en su mayoría, están bajo el esquema de asignatura, lo cual les niega todo derecho laboral; nada de eso fue suficiente; querían más y lo buscaron sin escrúpulo alguno. Para lograrlo, el nivel de corrupción se desató y los malos manejos dentro de las universidades enriqueció desmesuradamente a muchos personajes.

Cuando los docente reclaman derechos laborales como mejores salarios o estabilidad en el empleo (recordemos que en la UAM existe la figura de profesor temporal, que no es más que un eufemismo para maquillar la precariedad) las autoridades niegan los derechos aduciendo que no hay recursos, pero lo que hacen es mentir, porque sí hay recursos, solo que dicho dinero se destina en buena medida para cubrir los privilegios de la casta dorada, un pequeño grupo de altos funcionarios universitarios que se dan una vida de reyes. Así, sus privilegios provienen de la corrupción, pero también de normas legales que lo garantizan y perpetúan la desigualdad.

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En relación con el último punto, si las autoridades se pueden dar estos lujos es gracias a la antidemocracia que dominan a los centros de enseñanza superior. Las juntas de gobierno son cofradías en que entran solo quien designe las propias autoridades. Estas juntas deciden sobre todos los aspectos de la vida de las comunidades universitarias sin tomar en cuenta la opinión de estas, por ende, no nos debe sorprender que cuando redactan las normas lo hagan en sentido de asegurar sus propias prerrogativas económicas y en contra de los derechos de la mayoría. No olvidemos que lo legal no es equivalente a lo legítimo. Cuando haya un conflicto entre los dos conceptos, debe prevalecer lo que sea legítimo, o sea, lo que beneficie a la mayoría y no a uno pocos.

El caso no puede quedar impune sin más, los trabajadores del sector educativo debemos organizarnos para exigir y presionar al Estado para que los recursos sean devueltos y que se castigue a los responsables, ya que encarcelar a estos personajes por sí mismo no resuelve el problema y menos si la red de complicidades sigue existiendo. Por lo que es también importante que los recursos sean gestionados democráticamente por los propios trabajadores, ya que estos funcionarios al servicio de los empresarios no hacen más que enriquecerse con ellos.

Para conquistar una universidad verdaderamente al servicio de las grandes mayorías es necesario impulsar movimientos universitarios políticamente independientes de todos los partidos del régimen electoral mexicano que, a través de la organización y fuertes acciones colectivas, consigan crear nuevas formas de gobierno universitarios, donde sean eliminadas las juntas de gobierno, sea anulada la figura del Rector y sean implementados gobiernos colegiados tripartitos, con mayoría estudiantil y participación de docentes y trabajadores, cuyos representantes sean electos vía voto universal y nominal, y que se decida el rumbo de las universidades en función de las necesidades de las mayorías pobres y trabajadoras.

Es verdad que para eso se requieren nuevas Leyes Orgánicas universitarias, pero ellas deben emanar de un proceso de discusión democrático/asambleario. Leyes orgánicas que carezcan de ese proceso y se den “por arriba” o por propuesta por una cúpula de funcionarios será inútil en términos de lograr democracia y justicia laboral dentro de las universidades.

Asimismo, es necesario no dejarse llevar por toda tentativa de austeridad que se quiera imponer a las universidades bajo la justificación de luchar contra la corrupción pero que en los hechos sea cargada sobre los hombros de trabajadores universitarios y docentes a través de la superexplotación de su trabajo y del cercenamiento a sus derechos laborales.

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