Estado Español. Cataluña, la vuelta al autonomismo y el giro del independentismo radical

Finalmente, el Parlemant de Cataluña celebraba este jueves la sesión de investidura que hasta el momento el Poder Judicial y el gobierno del PP, por medio de la Fiscalía, habían logrado impedir para los candidatos Carles Puigdemont y Jordi Sánchez. Jordi Turull ha recibido los votos a favor de Junts per Catalunya (JxCat) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), con lo que no ha sido electo como President de la Generalitat. En 48 horas se realizará una segunda votación en la que tampoco tiene asegurada la mayoría simple. La Candidaturas de Unidad Popular (CUP), agrupación independentista de izquierda que con su pequeña bancada tenía la llave para aprobar la investidura, ha definido que se abstendría y es poco probable que Comín y Puigdemont -que tienen secuestrados sus derechos parlamentarios- renuncien a sus escaños que sumarían 66.

Pero este no es el único obstáculo para Turull. Este viernes deberá comparecer ante el juez Llarena, junto a Forcadell, Rull, Romeva, Bassa y Rovira, para que se les notifique, muy previsiblemente, su procesamiento por los delitos de rebelión y sedición por los que están investigados. No se descarta, y muchos medios vienen anunciando, que este procesamiento podría ir acompañado de nuevas medidas cautelares como la prisión provisional sin fianza y abrir el camino a una inhabilitación exprés.

Así que el golpe institucional del 155 sigue plenamente operativo. Lo que el bloque monárquico no logró con la suspensión del Govern, la disolución del Parlament, encarcelamientos, procesamientos y las elecciones impuestas del 21D, lo quiere forzar ahora mediante las injerencias inauditas del Tribunal Supremo. ¿Quién decidió quien gobierna en Cataluña? Llarena, responden muchos. Pero en realidad el magistrado es el ejecutor directo de la voluntad de Moncloa, el PSOE, Cs y la propia Zarzuela.

Todo, aún a pesar de que las muestras de acatamiento de la legalidad constitucional y de renuncia a la república catalana y el mandato del 1-O son cada vez más abiertas por parte de la dirección procesista. El discurso de Turull no ha tenido ninguna referencia a la república, al 27-O o al derecho de autodeterminación. Su propuesta de gobierno se ha limitado a restaurar la institucionalidad autonómica y que se levante el 155. Para lograr esto, ha tendido la mano gobierno de Rajoy y al mismo Rey Felipe VI, quien diera luz verde al golpe institucional con su discurso del 3-O.

Así lo han leído desde el PP, hasta el PSC y Catalunya en Comú Podem. Albiol ha reconocido que el discurso de Turull significaba un cambio respecto a los últimos meses. Miquel Iceta ha saludado la “mano extendida” y ha ofrecido al PDeCat estudiar posibles acuerdos si el compromiso es un retorno al autonomismo. Doménech por su parte se ha negado un acuerdo como el que proponía Iceta, pero ha aprovechado su intervención para tender la mano al PSC, uno de los padrinos del 155, para una moción de censura contra Rajoy y buscar una mayoría transversal en Catalunya con la centroizquierda parlamentaria.

Hoy se ha presentado pues en sede parlamentaria la nueva “hoja de ruta” de JxCat y ERC: renunciar a las aspiraciones democráticas de pueblo catalán, con la esperanza, vana hasta el momento, de que eso hará aflojar la escalada represiva. Más de lo mismo que en los últimos 3 meses. En este tiempo la dirección procesista y las entidades soberanistas, ANC y Omnium, han promovido el vaciamiento de las calles, limitándose a convocar alguna protesta simbólica.

La principal novedad de la jornada ha sido la abstención de los cuatro diputados de la CUP. Carles Riera ha realizado una intervención crítica con la dirección procesista por haber realizado políticas antisociales incapaces de ampliar la base social del proceso, haber desaprovechado la oportunidad abierta entre el 1 y el 3 de octubre, las vacilaciones del 10 y el 26 de ese mes y que tras la victoria del 21D no hayan querido tomar ninguna mediad para constituir un gobierno que ponga en pié la república y el proceso constituyente.

Correctamente ha señalado que el único camino para hacer frente a la represión y efectivizar el mandato del 1-O pasa por la movilización social y vincular esa pelea democrática con un programa que atienda los principales problemas y demandas sociales.

La abstención de la CUP constituye un giro respecto a la “mano extendida” que llevan practicando desde 2012. Esta por verse hasta donde llegará esta rectificación. La izquierda independentista tiene por delante la tarea de sacar balance profundo y autocrítico de su política en el procés. Sus acuerdos a CiU primero, CDC después, JxSí y hoy JxCat y ERC (que hoy Riera ha anunciado que quedaban clausurados) la ha inhabilitado políticamente hasta ahora para poder presentar una hoja de ruta alternativa a la de los representantes políticos de la burguesía catalana.

Éstos sin duda fueron más allá de lo que ellos mismo esperaban empujados por un amplísimo movimiento de masas, hasta incluso la proclamación de la república del 27O. Sin embargo, su natural negativa a impulsar la movilización social necesaria para pasar de lo simbólico a lo efectivo, para poner en pié dicha república y abrir un verdadero proceso constituyente, no fue combatida por la CUP.

Hasta hoy la dirección de la CUP ha seguido confiando en que nuevos “compromisos” formales y simbólicos (como era la fórmula de proponer a Puigdemont y posibles medidas legales para implementar la República, tal y como han exigido desde el 21D) fueran la vía para retomar la lucha por el derecho de autodeterminación y su proyecto de “república social”.

La ofensiva del Estado español sigue avanzando con fuerza y cada vez más envalentonada, porque, entre otras cosas, desde la claudicación de la dirección procesista tras el 27O, se ha impuesto una creciente desmovilización. La CUP, en vez de actuar como contratendencia, reanimando los CDR, extendiendo la autoorganización, proponiendo un programa anticapitalista que permitiera sumar al amplio sector de la clase trabajadora que ve esta lucha democrática como algo ajeno y buscando la alianza con los sectores populares del resto del Estado, ha seguido “encerrada el palacio” en negociaciones encaminadas a reeditar la política de conciliación de clases que se ha demostrado como una bancarrota.

Desde el comienzo de 2018 la movilización social está prendiendo con fuerza en todo el Estado. Como escribía hace una semana, el movimiento de mujeres, de los pensionistas, la juventud que lucha contra los ataques contra la libertad de expresión, el creciente cuestionamiento a la Corona y las luchas de sectores de la clase trabajadora precaria, como en estos días con la huelga de Amazon, están golpeando e hiriendo gravemente el proyecto de restauración reaccionaria de PP y la Monarquía.

El otoño catalán se enmarca en este resurgir de las luchas sociales y democráticas, como su inicio. Para lograr que este gran movimiento democrático pueda resurgir debe hacerse desde otras bases. No la de seguir confiando en los mismos “capitanes” que abandonaron el barco cuando se acercaba el momento del enfrentamiento verdadero, sino poniendo en marcha las grandes fuerzas sociales que ya mostraron su potencial el 1-O, el 3-O y el 8N.

En los próximos días la escalada represiva en Catalunya es muy posible que de nuevos saltos. Para enfrentarla es urgente que la izquierda independentista asuma de una vez una hoja de ruta propia, como ha prometido hoy Riera, basada en la movilización social independiente, que se ligue al resto de demandas sociales que se vienen manifestando en las calles, como vimos el 8N o el pasado sábado con las masivas manifestaciones de pensionistas.

Se trata de poner en pie un gran movimiento contra el Régimen del 78, su democracia para ricos –de la que los representantes de la burguesía catalana han sido y son parte- y por un programa que incluya medidas como la jubilación a los 55 años, con cuantías dignas a costa de impuestos a las grandes fortunas, el reparto de hores de trabajo sin reducción salarial para acabar con el paro, el fin de la precariedad, de la brecha salarial o la universidad gratuita, entre otras. Este es el único antídoto posible también para frenar la ola de españolismo que promueve el bloque monárquico y su prensa en el resto del Estado para quebrar la solidaridad entre los pueblos.

La lucha por la república catalana, para vencer, será con la clase trabajadora al frente y en alianza con la del resto del Estado o no será. Para vencer la ofensiva represiva del Estado español, acabar con el 155, conseguir la libertad y el desprocesamiento de todos los presos políticos y el ejercicio efectivo del derecho a decidir, el movimiento catalán debe retomar la movilización por la república dándole un contenido concreto a la misma, el de una república de las y los trabajadores en la perspectiva de acabar con el Régimen del 78 y poder establecer una libre federación –con el derecho a la separación- con el resto de los pueblos del Estado.