Iglesia y Estado. Catamarca: denuncian trama eclesiástico-judicial para salvar a curas pedófilos

El jueves 28 de febrero la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina emitió un comunicado denunciando por “violencia institucional” al Poder Judicial de Catamarca “ante la suspensión de la Audiencia en la Cámara de Apelaciones por la causa de abuso que involucra al cura Renato Rasguido”. La audiencia estaba prevista para ese mismo día a las 8.30, pero se suspendió por una “supuesta enfermedad del juez Raúl Da Pra”, quien comparte el Tribunal con los jueces Juan Pablo Morales y Edgardo Álvarez.

En junio de 2018 el Juzgado de Control de Garantías provincial había dejado firme la elevación a juicio de Rasguido, pero su defensa apeló ese dictamen y todo se estiró. El cura está acusado de “abuso sexual simple agravado en concurso ideal con corrupción de menores” y la audiencia frustrada de la semana pasada era para avanzar en la concreción del juicio.

La organización que nuclea a denunciantes de todo el país afirma que esa suspensión implica un nuevo “retardo, obstaculización o impedimento para que una víctima de delito ejerza los derechos previstos por la ley”, lo que hace suponer cierta “connivencia entre el poder político y el poder religioso”, del que la Red “tiene a lo largo y ancho de la Argentina numerosos ejemplos”.

Esta nueva “revictimización del denunciante” por parte de las instituciones estatales, afirman, “agrava el daño emocional de las secuelas que de por sí, provoca el haber atravesado la extrema situación traumática del abuso sexual eclesiástico”.

El caso Rasguido es el primero de abuso sexual eclesiástico judicializado en la provincia norteña. Los hechos salieron a la luz en marzo de 2014, cuando una mujer de Andalgalá denunció que el párroco de la ciudad había ultrajado en varias oportunidades a su hijo de 13 años. Dos meses después, Rasguido brindó declaración indagatoria por un total de cuatro hechos.

El Poder Judicial nunca ordenó detener al cura. Sin embargo el obispo de Catamarca Luis Urbanc (a cargo de la diócesis desde 2007) decidió apartarlo de la parroquia de Andalgalá, cobijarlo en la sede de la Curia en la capital de la provincia y poner a su disposición asesoramiento legal (con fondos que recibe del Estado).

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Otra más y van...

Desde hace tres años Alejandra Carrizo es referente de la Red de Sobrevivientes en Catamarca. A ella no le sorprendió la suspensión de la audiencia. “Siempre por una cosa o por otra se suspenden audiencias y se dilata todo, siempre en favor de los abusadores. Vemos claramente cómo influyen en la parte judicial desde el Obispado. Todo parece armado, orquestado, para que las cosas no sigan su curso”, dice en conversación con La Izquierda Diario.

Carrizo conoce el caso Rasguido desde 2015, cuando una mañana la madre denunciante del cura la contactó al enterarse que ella también estaba denunciando a otro párroco por hechos similares ocurridos en la localidad de Belén.

Alejandra tiene tres hijas, dos de ellas mellizas. En 2015 descubrió que una de las mellizas había sido abusada por el cura Juan de Dios Gutiérrez. Enseguida hizo la denuncia ante la Fiscalía de Belén.

A partir de entonces la familia empezó a recibir todo tipo de agravios. “Cuando hacíamos marchas, ellos organizaban contramarchas. Fuimos objeto de muchos ataques, hasta que tuvimos que irnos de Belén. Apenas las nenas terminaron la secundaria dejamos todo, la casa, la familia, y nos mudamos a la capital”.

Carrizo empezó en soledad su lucha por justicia. Al principio solo la acompañó la abogada Silvia Barrientos, quien además de la querella contra Gutiérrez tiene a su cargo la querella contra Rasguido.

“Desde fines de 2016, que nos instalamos en Catamarca, intentamos continuar una vida normal, en medio de todo el dolor, pero mi hija está en tratamiento psicológico permanente”, afirma Alejandra.

Ella, su familia y su abogada esperan el juicio para poder mostrar las pruebas contundentes que tienen contra Gutiérrez.

“Son terribles las pruebas que tenemos, desde los mensajes de chat sexuales que le mandaba a mi hija hasta los mensajes amenazantes para que ella borrara los chats previos. Ella nunca borró nada. Además hay fotos y cartas firmadas por el propio cura. Todo será dado a conocer en el juicio”, anticipa Carrizo.

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Efecto Thelma

A finales de 2018, impulsada por la denuncia del colectivo de Actrices Argentinas contra Juan Darthés por la violación a Thelma Fardin, la joven Ingrid Figueroa Cruz se animó a denunciar a su abusador, el sacerdote Moisés Pachado.

Ingrid, hoy de 31 años, publicó en Facebook el 11 de diciembre que cuando tenía nueve años fue abusada por el sacerdote del pueblo donde creció, Hualfín (departamento Belén).

“En ese momento a la única persona que le dije lo que pasó fue a mi mamá, pero entiendo que por miedo no me creyó, pasé toda mi infancia con mil miedos, con noches de insomnio y pesadillas”, escribió la mujer que hoy vive en Tucumán.

Ingrid dice que si decidió hacer pública su historia fue “porque gracias al feminismo pude conocer a mujeres maravillosas que supieron contenerme y llorar al lado mío con estos recuerdos tan duros”. Y afirmó que dijo “basta” porque “a estas cosas hay que hablarlas, para que ya no vuelvan a suceder”.

Hijo del dios dinero

Pocos días después, a través de una carta pública, ocho comunidades diaguitas de Catamarca se solidarizaron con Ingrid. Con la firma de sus respectivos caciques (ver al final de esta nota), denunciaron que Moisés Pachado es “miembro de una familia cuyos atropellos e injusticias” vienen sufriendo desde hace años.

Las comunidades conocen a los Pachado “desde hace decenios” y los acusan de ser “culpables de la turbación, despojos y usurpaciones” de sus tierras ancestrales y de la “esclavización y explotación” de su fuerza de trabajo.

También les recriminan la “extorsión, impedimento de la construcción de caminos, viviendas y trabas para la construcción de obras públicas de primera necesidad sirviéndose de matones o guardias blancas, destrucción e incendio” de sus hogares; además de “enriquecimiento ilícito” y hasta de violación de su correspondencia.

Apenas vio el posteo de Ingrid en Facebook, Alejandra Carrizo se contactó con ella y la Red de Sobrevivientes sumó su caso a la lista de denuncias contra el clero. Pocos días después una nueva denuncia contra Pachado llegaría a la fiscalía de Belén, de parte de otra joven que hoy vive en Córdoba.

Pero a pesar de esas denuncias contra Pachado, a Ingrid la semana pasada le llegaron fotografías donde se lo ve al cura dando misa junto a su superior y protector, el obispo Urbanc. Detrás de ellos se puede ver un cartel que dice “Sois pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz”.

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“Para ellos inventamos todo”

Los casos de Pachado, Gutiérrez y Rasguido son emblemáticos. En todos ellos el Poder Judicial actúa como encubridor directo de los victimarios, al servicio de los intereses y sugerencias del Obispado de Catamarca.

Las peripecias de Alejandra Carrizo y su abogada contra el cura Gutiérrez así lo demuestran. A fines de 2018 la causa fue elevada a juicio, luego de un fallo de la Cámara de Apelaciones. Pero hasta el momento no tienen fecha de inicio.

Para ella, “quienes deberían acelerar las cosas no tienen en cuenta el tiempo que llevan sufriendo las víctimas y el dolor que eso acarrea. Pero al ver todas las injusticias en todas estas causas, sacamos fuerzas para seguir y apoyarnos entre quienes buscamos justicia de verdad”.

Cuando Carrizo hizo pública la denuncia en 2015, el obispo Urbanc buscó contactarse con ella, invitándola a reunirse para “aclarar” el asunto.

“Me sentí muy invadida. En los medios solo había aparecido mi nombre, no mi domicilio ni mucho menos el nombre de mi hija. Sin embargo vino gente a mi casa en representación del tribunal eclesiástico a entregarnos dos cartas del obispo, una dirigida a mí y otra a ella”.

En esas breves esquelas, Urbanc dijo ponerse a “disposición” de la familia, asegurando que quería escucharlas y que comprendía que estarían muy “perturbadas” por la situación.

“En verdad nos estaba dando a entender que para ellos estábamos inventando todo y nos ofrecían pactar una ’solución’. Obviamente me enojé mucho y ni siquiera le contesté”, recuerda Alejandra.

Tres años después de aquellos hechos, Carrizo ya estaba más fuerte y preparada, por eso a principios de 2018 aceptó reunirse con Urbanc en el Obispado.

Lo primero que hizo el prelado al recibirla fue darle una “bendición” y lamentar no haber tenido esa reunión antes. Después le insinuó que los hechos protagonizados por Gutiérrez fueron producto de una “equivocación” y un “pecado” sobre lo que se comprometía a “hacer justicia”.

“Me propuso encontrarse con mi hija, cosa a la que obviamente me negué. Ella les tiene pánico, a ellos y a todo lo que tenga que ver con la Iglesia”, afirma Carrizo. Ella, en verdad, solo concurrió para pedirle a Urbanc que colaborara con la Justicia y dejara de poner trabas tanto en esta causa como en la de Rasguido.

Pero el obispo le retrucó diciéndole que “los periodistas son unos payasos y que no acuda a ellos porque ’agrandan las cosas’. Me pidió que no crea en la justicia de los hombres sino en él, que iba a hacer justicia divina. Y terminó ofreciéndome ayuda psicológica para mi hija, a lo que le respondí que lo único que necesitamos de ellos es que no se entrometan en la investigación judicial”.

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Cuervos de sotana y toga

El 1° de noviembre de 2018, tras el fallo unánime del Tribunal de Alzada que confirmaba la elevación a juicio contra Gutiérrez, el abogado Guillermo Narváez manifestó públicamente que no apelaría el dictamen y que su intención era abandonar la defensa del cura. La sospecha de que el caso era indefendible se extendió por todo Catamarca.

Pero quince días después el diario El Ancasti informaba que “un llamado telefónico desde el Obispado fue determinante para que la estrategia cambiara bruscamente”. Según le dijo el propio Narváez a ese diario, el obispo Urbanc le pidió “en nombre de Dios que continúe en la defensa y que agote todas las instancias para evitar el juicio”.

Tanto le doró la píldora Urbanc al abogado que hasta le aseguró que fue “bendecido para lograr justicia con el sacerdote Juan de Dios Gutiérrez ante el ataque artero y malicioso en contra de la Iglesia”.

Narváez, finalmente, decidió continuar defendiendo al cura, aceptando probablemente un aumento providencial de honorarios, obviamente sustentados con aportes estatales que recibe el Obispado.

La madre de la víctima de Gutiérrez recuerda que el abusador de su hija solo estuvo preso poco más de un mes. El 2 de diciembre de 2015 “el juez decidió dejarlo en libertad pagando una caución de $ 50 mil, con el fundamento de que el cura no representaba un peligro ni podía entorpecer la causa, que no tenía antecedentes ni se iba a fugar”.

Y recuerda también que cuando Gutiérrez salió de la comisaría “hubo gente que lo recibió en la puerta tirándole pétalos de rosas. Él salió con los brazos en alto, como si fuese un campeón no sé de qué. Esas imágenes las tengo bien grabadas”, dice mientras sigue esperando que el Poder Judicial le informe la fecha de inicio del juicio.

Un juicio sobre el que el obispo Luis Urbanc y sus acólitos ruegan postergación eterna.

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