El accionar de las mineras y el gobierno violenta derechos consagrados por organismos internacionales como UNESCO.
Sábado 22 de abril de 2017 14:40
El 1º de Octubre de 2007, el Juez Electoral y de Minas Provincial, Dr. Raúl Guillermo Cerda, sentó jurisprudencia al resolver prohibir todo permiso y concesión minera en el área de Reserva de Biosfera Laguna Blanca (Dpto. Belén – Provincia de Catamarca), a fin de proteger la flora, fauna y restos arqueológicos de la región; y que, en los considerandos de la disposición se explicó que la zona de Laguna Blanca tiene una gran importancia arqueológica, cultural y social, por lo que se debe tomar medidas precautorias para proteger todo el área de reserva de biosfera y que entre los fundamentos de la medida, se sostuvo que hay que preservar para las presentes y futuras generaciones toda la singularidad histórica-cultural de la zona afectada, y delimitada en donde las raíces se hunden en la historia en expresiones estéticas plasmadas en la rocas del lugar.
A pesar de ello el Ing. Ing. Rodolfo Micone, Secretario de Minería de la Provincia de Catamarca sigue aprobando concesiones mineras en el área de Reserva de Biosfera de Laguna Blanca para que se realicen exploraciones mineras (incluso en el área intangible de la Reserva). De este modo no solo parece que es voluntad de los agentes del Poder Ejecutivo de Catamarca cargarse a las áreas protegidas bajo resguardo internacional como la de Laguna Blanca reconocida ante el organismo internacional de Naciones Unidas, UNESCO a través del Programa MaB (sobre el Hombre y la Biosfera), sino que también parece que estaría pasando por sobre consideraciones vertidas por representantes específicos del Poder Judicial.
Las empresas mineras han entrado y siguen entrando en la Reserva de Biosfera, mostrando absoluto desprecio no solo por la integridad de los espacios naturales, sino que con estos actos pasan de manera inconsulta por tierras de reclamación indígena donde actualmente hay 5 comunidades (la C.I. de Corral Blanco, la C.I de Aguas Calientes, la C.I. de La Angostura, la C.I de Laguna Blanca y la C.I de Carachi) pertenecientes a la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita, a los cuales no se les ha consultado ni para entrar en sus tierras ni para realizar las actividades mineras. Estas acciones entran en contravención con la Convención N° 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), sobre la consulta libre, previa e informada, convención con rango constitucional a la que nuestro país adhirió.
Estamos ante una serie de hechos de naturaleza violatorios de lo ya dictaminado, y en posible contravención a la Ley Nacional Nº 21.836, sancionada el 6 de Julio de 1978, en la que se aprobó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, adoptado por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (XVIIª, Reunión. París. 16 de Noviembre de 1972).
