Este martes no hubo audiencia. Por orden del nuevo tribunal se realizó esta inspección que no cumplió con las expectativas de los trabajadores sobrevivientes, que piden hace tiempo que se inspecciones la fábrica Ford.
Jueves 16 de agosto de 2018
Foto Red Provincial por los Derechos Humanos
Ayer martes se realizó una inspección ocular a la comisaría segunda en Ingeniero Maschwitz, ubicada en Falucho 1346 del partido de Escobar. Allí fueron llevados luego de ser secuestrados y torturados en las instalaciones de Ford algunos de los 24 obreros sobrevivientes.
Los trabajadores querían que esta inspección se realice a las instalaciones de la fábrica, ubicada en General Pacheco, donde la mayoría fue secuestrado de sus puestos de trabajo para luego ser torturados en el centro clandestino que la empresa tenía dentro de sus instalaciones.
"El quincho" fue un lugar de la organización de los obreros de Ford, donde pusieron en pie el cuerpo delegados a principios de los 70 y que fue arrebatado por la empresa y los militares para usarlo como un centro de detención y tortura. Así quedó expresado en el auto de elevación a juicio de esta causa.
El 30 de mayo de 2012, los ex delegados y trabajadores habían logrado que la jueza federal Alicia Vence ordene la inspección ocular a la planta. Después de casi 40 años de haber sido secuestrados y torturados allí ingresaron acompañados por familiares, trabajadores y María Victoria Moyano, Nieta Restituída por Abuelas de Plaza de Mayo y referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.
El actual Tribunal
Como reflejamos en La Izquierda Diario, el Tribunal Nro 1 de San Martín que debe juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos por exgerentes contra 24 obreros de Ford, tuvo un cambio sustancial.
Hasta el comienzo de la feria judicial estaba presidido por el juez Diego Barroetaveña, que no continuará en la causa ya que asumió hace unos días como vocal en la Cámara de Casación. Este juez no tiene buenos antecedentes, ya que en las causas por delitos de lesa humanidad de Campo de Mayo “empezaron las absoluciones cuando él llegó”, como denuncian querellantes y sobrevivientes.
Por una de estas causas, se presentó ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político en su contra por “mal desempeño en sus funciones”, por no realizar la lectura de los fundamentos de la sentencia en tiempo y forma.
Como ejemplo cabe mencionar que Borrataveña absolvió en noviembre del año pasado al excapitán del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares Rafael Félix López Fader, quien era responsable del centro clandestino “El Campito”, y torturaba con perros a sus víctimas, muchas de ellas embarazadas.
Pero este juez no es la excepción. El dilate del tribunal provocó que en la última audiencia del 31 de julio no declarara ningún testigo, ya que fueron citados sólo dos personas, una fallecida en 1993 y la otra de visita familiar en Australia.
Actualmente el Tribunal está compuesto por los jueces Osvaldo Facciano, Mario Gambacorta y Eugenio Martínez Ferraro.
Dejar correr el tiempo es garantizar la impunidad
Desde que el juicio comenzó en diciembre del año pasado, prestaron declaración sólo ocho testigos. A este paso se tardarían 16 meses más para que declaren todos los que faltan.
Teniendo en cuenta que pasaron casi 42 años del golpe genocida y que la edad de los gerentes imputados supera los 85 años, las "demoras" judiciales no hacen más que favorecerlos y seguirles garantizando la impunidad que tuvieron todos estos años de gobiernos constitucionales.
Por eso, acompañar a los obreros en la búsqueda de cárcel común y efectiva para estos empresarios es fundamental.
La próxima audiencia se realizará el martes 28 de agosto a las 9:30 en el Tribunal Nro 1 de San Martín, ubicado en Pueyrredón 3728, y puede presenciarse llevando DNI.
Andrea Lopez
@lopez76_andrea Cronista de la sección Libertades Democráticas de La Izquierda Diario, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.
