Reproducimos una declaración del CeProDH a dias del inicio del juicio
Jueves 7 de abril de 2016
El lunes 18 de abril se iniciará el juicio oral y público contra los asesinos del joven Ismael Lucena y las lesiones a nuestro compañero Marcelo Pipí López. Cinco policías tucumanos serán sentados en el banquillo de los acusados. Homicidio doblemente agravado, lesiones agravadas, encubrimiento, abandono de persona, amenazas y falsificación de documentos públicos son los cargos que se les imputan a los policías Becerro, Monserrat, Gonzalez, Tejerina y Zelarayán. El resultado de este juicio no pasará inadvertido, pues logramos llegar a esta instancia luego de 4 años de lucha incansable por parte de familiares y amigos de Ismael y Pipi junto a organizaciones políticas y sociales que exigimos prisión para los policías asesinos y luchamos para que no haya ni un pibe menos por gatillo fácil ni represión policial.
Durante todos estos años aprendimos que esta pelea no es sencilla. Porque enfrentamos a una fuerza policial que goza de la más absoluta impunidad para detener jóvenes por "portación de rostro", utilizando el inconstitucional Código Contravencional heredado de la dictadura y que la legislatura nunca quiso derogar. A contramano del discurso del "mal menor" que nos pretendieron vender desde el Frente para la Victoria, esta fuerza viene siendo noticia semanal por torturar en cárceles y comisarías, intensificándose en los últimos meses la política de criminalización de la pobreza con razzias semanales en las barriadas del Gran San Miguel, y detenciones arbitrarias destinadas a llenar la "caja chica" de las comisarías, convirtiéndose en un gran peligro para la vida de la juventud trabajadora y pobre.
En la provincia que tiene récord de trabajo en negro y precario y los salarios más bajos de la Argentina, la casta política dirigente (que incluye no solo al gobernador Manzur sino también al "ministro" Cano) necesita disciplinar a esta enorme fuerza social porque su plan de gobierno está en plena sintonía con el ajuste que viene implementando Macri a nivel nacional. Pretenden amedrentar a los sectores más castigados para disciplinar al conjunto de los trabajadores e impedir que nos levantemos contra sus planes. Por eso enfrentamos también la sanción del llamado Protocolo Antipiquete impuesto por el PRO-UCR y avalado por el gobierno provincial, que pretende criminalizar a los que salimos a luchar encabezando la resistencia contra estos planes de ajuste.
También aprendimos que el relato que pretende mostrar a un Poder Judicial “enfrentado” con el poder político se deshace, cuando vemos que las cárceles están llenas de "ladrones de gallinas" mientras los legisladores manejan valijas llenas de millones de pesos del presupuesto público sin rendirle cuentas a nadie.
Tenemos un gobierno que asumió en plena represión y denuncias de fraude y clientelismo político, con bolsones que corrían por igual en los acoples del FpV y del Acuerdo para el Bicentenario, pero todas las denuncias de ambas partes quedaron congeladas cuando esas fuerzas políticas se sentaron a negociar para aprovechar conjuntamente los jugosos negocios del estado, incluyendo en este acuerdo también al Poder Judicial.
Es producto de esta sólida unidad de intereses entre funcionarios y jueces, que los que liberaron a los proxenetas de Marita Verón, obtuvieron jubilaciones de privilegio. Esa alianza también es la que teje el manto de impunidad sobre los asesinos de Paulina Lebbos o la que permite que a 9 meses del asesinato de Ariano Biza y Emanuel Gallardo, siga sin haber un sólo imputado entre los responsables políticos y materiales de la masacre de Brigada Norte.
También se cristalizan las consecuencias de esta alianza, con el escándalo de Panama Papers que salió a la luz en estos días. ¿de qué otra forma se explicaría que la familia Macri pueda tener empresas secretas en paraísos fiscales sin que ningún juez ni fiscal (ni de la corpo K, ni de la corpo Radical) les ordenen rendir cuentas?
Jueces, fiscales y funcionarios políticos que viven, junto a los empresarios, una vida de lujos y privilegios, por eso gobiernan y defienden los intereses de su clase.
Mientras tanto, continúan impunes la gran mayoría de los responsables de los casi 4.700 jóvenes asesinados por gatillo fácil o torturas por el estado en "democracia" (que incluye desde Alfonsín, pasando por Menem, De la Rúa, Néstor y Cristina).
En la provincia donde gobernó Bussi al retorno a la democracia y donde continúan en funciones funcionarios del bussismo bajo el amparo del FPV, donde tenemos en la CSJT jueces que vienen desde la dictadura como Goane, donde los empresarios se sirven en los directorios de sus ingenios de miembros de grupos de inteligencia como el D2 para perseguir a los obreros cuando salen a luchar, desde el CEPRODH vemos la necesidad de poner en pie un gran polo democrático que enfrente la impunidad de los poderosos y sirva de escudo para respaldar la organización y la lucha de los trabajadores y sectores populares. Por todo esto para nosotros la causa de Ismael Lucena no es una más, ni se trata solamente de un juicio. La pelea que venimos dando por justicia por Ismael, es parte de una pelea de fondo. El inicio de las audiencias del juicio y la proximidad de la sentencia a los policías asesinos, se nos plantean como el primer gran paso en el enorme desafío de comenzar a poner en pie una fuerza social que esté a la altura de enfrentar este régimen podrido de policías, fiscales, jueces y funcionarios peronistas, radicales y bussistas a los que nos les tiembla la mano para perseguir y criminalizar la pobreza que ellos mismos generan e impedir que los trabajadores y jóvenes se organicen para pelear por sus derechos.
Por eso, desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos Ce.Pro.DH, junto al PTS - Frente de Izquierda llamamos a toda la juventud a empezar a organizarnos en las escuelas, facultades, en los barrios y lugares de trabajo para exigir nuestros derechos y enfrentar los ataques de este régimen político que está completamente podrido.
La resistencia al ajuste, a los despidos y a la represión ya comenzó y nos encuentra en la primera línea organizándonos desde abajo, junto a las mujeres y los trabajadores. Lo hacemos junto a Nicolás del Caño y Myriam Bregman cuya banca está al servicio de desnudar a esa casta política que acaba de empeñar una vez más nuestro futuro pactando con los buitres. Lo hacemos de manera independiente de todos esos dirigentes empresarios y voceros de empresarios.
La movilización para exigir perpetua a los asesinos de Ismael es una cita de honor y una batalla concreta contra estos verdugos del pueblo trabajador.
El 18 de abril, a las 8hs en Sarmiento y Laprida salimos a las calles a exigir: Justicia por Ismael Lucena. Prisión perpetua y común a los asesinos de Ismael y de los más de 4 mil pibes víctimas de gatillo fácil. Anulación del código contravencional. Basta de persecución a la juventud
