El juez Bonadío había procesado a la ex presidenta en abril bajo los cargos de asociación ilícita y lavado de activos.
Viernes 1ro de diciembre de 2017
La Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento Cristina Kirchner, acusada de encabezar una asociación ilícita y por lavado de activos en la causa "Los Sauces".
El juez Bonadío la había procesado en abril bajo los cargos de "asociación ilícita, lavado de activos y negociaciones incompatibles con la función pública". La investigación busca determinar si desde la sociedad familiar de los Kirchner, se simularon alquileres de propiedades para encubrir retornos de parte de empresarios contratistas de obra pública.
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Ahora, los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero, dictaron la falta de mérito de la senadora electa, por uno de los delitos por los que la había procesado Bonadío: "negociaciones incompatibles" con la función pública. En cambio, confirmaron el procesamiento como presunta "jefe" de asociación ilícita en concurso real con lavado de activos y admisión de dádivas.
Por otro lado, Sala I del Tribunal de Apelaciones avaló la decisión de girar la causa al juez Julián Ercolini, quien será el encargado de enviar a juicio a los acusados. Ercolini lleva adelante otras investigaciones en las que Cristina está procesada, la causa Hotesur y por direccionamiento de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez.
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Además, se confirmaron los procesamientos de los hijos de la senadora electa, el diputado nacional de Santa Cruz por el FpV, Máximo Kirchner y Florencia. También, de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa y del detenido Lázaro Báez y sus hijos Luciana, Leandro y Martín Báez, entre otros.
Sobre los empresarios el Tribunal agravó la situación de Cristóbal López y Fabián De Sousa, los dueños del grupo Indalo, ya que llegaron procesados como organizadores de asociación ilícita y les sumó el delito de lavado de activos y ofrecimiento de dádivas.
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Según la pesquisa, a través de la sociedad familiar "Los Sauces", los Kirchner alquilaron propiedades a empresarios beneficiados con la obra pública en su gobierno, como Báez, López y De Sousa. Dichos alquileres, encubrieron el supuesto pago de coimas por parte de los contratistas a cambio de adjudicaciones de obra pública.
Redacción
Redacción central La Izquierda Diario
