El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense confirmó el procedimiento de juicio político contra el juez y las fiscales que investigaron la desaparición en 2009 del joven Luciano Arruga, hallado enterrado en el cementerio de la Chacarita en octubre pasado.
Sábado 29 de noviembre de 2014
La primera reunión del Jurado resolvió dar curso a la denuncia presentada por la familia de Luciano Arruga contra las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas Martín, y el juez de Garantías de La Matanza Gustavo Banco, que intervinieron en el caso. Los tres funcionarios judiciales estuvieron a cargo de la causa por la desaparición del joven Arruga.
Los familiares de Luciano Arruga, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), informaron a través de un comunicado de prensa cuál es la denuncia que realizan contra las dos fiscales y el juez: se trata de las “gravísimas faltas en la causa judicial que estuvo más de cuatro años sin darle a la familia ninguna respuesta sobre el paradero de Luciano y lo que había sucedido con él”, y que además son responsables de “la decisión de no investigar la participación policial quedó en evidencia desde el primer momento en que se dejó a la Policía Bonaerense manejar el caso. La causa estuvo plagada de pistas falsas y de acciones de entorpecimiento”.
En el mismo comunicado dan cuenta del accionar de la fiscal Celia Cejas quien “criminalizó a la familia de Luciano cuando ordenó la intervención de los teléfonos para escucharlos en secreto durante un año y medio”. Esto se logró con complicidad del juez Gustavo Banco que “permitió que estas intervenciones telefónicas se sostuvieran en el tiempo”. También denuncian la falta de seriedad a la hora de encarar la investigación ya que “tanto la fiscal Roxana Castelli como la fiscal Celia Cejas Martin contaban con las huellas dactiloscópicas de Luciano Arruga, incorporadas al material disponible desde que Castelli solicitó la causa por la que Luciano fue detenido en el Destacamento de Lomas del Mirador el 22 de septiembre de 2008 y torturado por efectivos de la Policía Bonaerense”.
Una denuncia contundente, porque fue a través de las huellas dactilares que se pudo encontrar el cuerpo de Luciano, enterrado como NN en el Cementerio de Chacarita. Después de varios pedidos de habeas corpus presentados por la familia, finalmente la Justicia dio curso a una nueva investigación. Se cruzaron datos que demostraron que un joven enterrado como NN en Chacarita era Luciano Arruga.
La causa, que estuvo a cargo de las fiscales y el juez que están ahora imputados, fue caratulada como “averiguación de paradero”. Finalmente la familia logró que se cambiara la carátula, y en febrero de 2013 la causa pasó al fuero federal de Morón.
Además de la investigación contra estos tres funcionarios públicos, falta investigar el rol de los funcionarios del gobierno de Scioli; como Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, y el propio gobernador Daniel Scioli. Porque a pesar de que las pruebas periciales incriminaban a la policía de Lomas del Mirador, ninguno hizo algo a favor de conocer qué había ocurrido con Luciano. Falta investigar, además, el rol de los funcionarios de la morgue judicial, y los directivos del Hospital Santojanni.
Hasta que no se juzgue a todos los responsables y los cómplices de la desaparición del joven Arruga, la lucha por justicia por Luciano Arruga continuará.
