El Tribunal Oral Federal condenó el viernes 27 de octubre a 15 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos a los expolicías federales Luis Coria y Jorge Lagunas, por crímenes de lesa humanidad cometidos contra nueve militantes políticos en la sede de esa fuerza ubicada en la capital provincial en 1975.
Domingo 29 de octubre de 2023 12:08
Luego de años de lucha se reconoció a estos crímenes, como crímenes de lesa humanidad perpetrados en la Delegación Rawson de la Policía Federal entre noviembre y diciembre de 1975.
Los dos exfederales, Luis Coria y Jorge Lagunas, fueron acusados y condenados por privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas en 1975. Durante el proceso no se hicieron presentes ni José Antonio Pereyra y Pedro Pascual Cáceres, otros dos ex policías que fueron investigados y acusados de los mismos hechos. El juicio se desarrolló en la sede de la Cámara de Diputados de Chubut en la ciudad de Rawson.
Los acusados y condenados pertenecían a la Delegación de la Policía Federal de la capital del Chubut a quienes se identificó como los que ejecutaban las prácticas de torturas conocidas como "submarino seco" y la aplicación de descargas eléctricas y estaban imputados como coautores de la privación ilegítima de la libertad agravada, incomunicación indebida y tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político en perjuicio de las nueve víctimas.
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El expolicía Carlos Azcui, por cuyo nombre se conoce al expediente, falleció durante el proceso, y los hechos investigados ocurrieron a fines de 1975 durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón en el marco del Estado de Sitio que se había declarado en noviembre del año anterior mediante decreto 1368/74.
En la elevación a juicio se consignó que Diana Pizá, Tito Mario Barone, Eduardo Pedro Manchado, Beatriz Norma Santos, Patricio Emilio Torne, Estela Aida Cereseto, Silvia Asaro, Víctor Tomaselli y Luis Eduardo Franganillo fueron sometidos a torturas e interrogatorios en la Delegación Rawson de la Policía Federal.
Diana Pizá, una de las denunciantes, reconoció en declaraciones a medios locales que el juicio fue reparador porque "le saca la sensación de impunidad que rodearon a los hechos durante estos 48 años".
