Se trata de una presentación realizada ante el juez Julián Ercolini en la que la UIF pidió ser querellante, y requirió la inhibición de bienes de Autopistas del Sol, GCO y Albertis Infraestructuras S.A.
Viernes 11 de septiembre de 2020 12:32
Mediante esta solicitud, Carlos Cruz, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) busca impulsar la causa que investiga maniobras fraudulentas en la renegociación de los contratos de los peajes y solicitó la inhibición general de bienes de las compañías en las que el Grupo Macri tuvo acciones y con las se presume sigue vinculado.
En la llamada causa Peajes se investiga si funcionarios del gobierno de Macri cometieron defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública al prorrogar los contratos de concesión a pesar de que las firmas Ausol y Grupo Concesionario Oeste no habían cumplido con sus obligaciones y reclamaban deudas millonarias.
Además, se investiga otro mecanismo fraudulento hacia el Estado, que consistió en que AuSol inventara una demanda ante el tribunal internacional CIADI por presuntas deudas por atrasos tarifarios, tres días antes de que Macri asumiera como presidente. Vale aclarar que la familia Macri era accionista de AuSol. La deuda que reclamaban era de 1100 millones de dólares y lograron cobrar la mitad a través de aumentos de peajes que pagan los usuarios.
Esta “renegociación”, una lisa y llana estafa, se firmó hasta 2030, y compete también al Grupo Concesionario Oeste (Autopistas del Oeste) y su socia española Albertis Infraestructuras S.A, cuyo dueño es el mismo que el del club Real Madrid con escándalos por las PPP en el Estado Español.
En este desfalco están implicados además del expresidente Mauricio Macri, el exministro de Transporte Guillermo Dietrich y el extitular de Vialidad Nacional Javier Iguacel.
En esta trama de utilización del Estado para garantizar sus negocios, extensamente investigada por el periodista Alejandro Bercovich, el abogado Ricardo Stoddart, que era el Gerente de Asuntos Juridicos de Vialidad Nacional había sido socio del estudio que representó jurídicamente a Autopistas del Sol S.A y al Grupo Consecionario del Oeste hasta que asumió Macri en diciembre de 2015. Lo que comunmente se llama estar de "los dos lados del mostrador".
Este jueves estos mismos funcionarios fueron beneficiados por la decisión de la Sala II de la Cámara Federal porteña, mediante la que los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia anularon los procesamientos que firmó el ex juez Rodolfo Canicoba Corral contra los exfuncionarios macristas.
En un cuestionado fallo, los camaristas utilizaron un artilugio técnico para hacer lugar al reclamo de los imputados. Así, sostuvieron que no tuvieron garantizada una justa defensa, debido a que no pudieron acceder a la documentación y pruebas utilizadas. En el expediente judicial se sostiene que las presuntas irregularidades "comenzaron el 7 de diciembre de 2015” y por esto se los había procesado por supuesta "administración fraudulenta" en la renegociación de la concesión de peajes.
