Hace unos días la Ministra de Bienes Nacionales denunció que Cema Chile no devolverá las propiedades hasta próximo Gobierno, volviendo de esta manera a postergar el acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado para la devolución de 89 bienes inmuebles, los que fueron apropiados durante la dictadura.
Miércoles 31 de enero de 2018
Origen, asistencialismo y robo al Estado
La fundación CEMA Chile (Centro de Madres), fue creada en 1954 durante el segundo Gobierno del militar Carlos Ibáñez del Campo, en donde su esposa, Graciela Letelier Velasco creó organizaciones de “solidaridad y ayuda a las mujeres más pobres” con el fin de proporcionar “bienestar espiritual y material a la mujer chilena”. En ese momento, la fundación tuvo un rápido crecimiento, siendo estos centros apadrinados y dirigidos por las primeras damas.
Transcurrido el golpe de Estado en 1973, la Junta Militar designó a Lucía Hiriart, esposa del general Augusto Pinochet, como la máxima autoridad en las acciones del régimen para las mujeres. De esta forma se creó una extensa red de monitoras voluntarias, generalmente esposas de militares, cuyas sedes fueron instaladas en buena parte en terrenos fiscales cedidos gratuitamente por la Junta Militar. De esta manera, Lucia Hiriart se propuso entregar herramientas para que todas las mujeres del país cumplieran adecuadamente el papel de dueña de casa, madre y esposa, estampando su sello católico, ultra-conservador y antimarxista.
El 22 de noviembre de 1989, a pocos meses antes de que se pactara la transición hacia la democracia con la Concertación, Lucía Hiriart cambió los estatutos de CEMA Chile para impedir que asumiera la cónyuge del presidente electo Patricio Aylwin, dejando la presidencia de la fundación en la esposa del comandante en jefe del Ejército, cargo que ocupará Pinochet tras el ascenso de Aylwin.
Durante los gobiernos de la Concertación
En 1996, se produjo un nuevo e irregular cambio de estatutos de CEMA Chile, quedando la presidencia de la fundación en manos de la voluntaria que se hubiere desempeñado como presidenta o vicepresidenta de Cema por diez años, siendo Lucía Hiriart la única que cumplía dichos requisitos, quedando en la práctica como su presidenta a perpetuidad.
Hasta 2005, CEMA Chile todavía recibía por ley, recursos provenientes de la Polla Chilena de Beneficencia y Lotería de Concepción, estimados en más de US$ 820 mil. En mayo de 2006, el Congreso aprobó la ley que suprimió la asignación de fondos públicos otorgados a CEMA, siendo redistribuidos a diversas fundaciones de caridad.
Recién en agosto de 2016, personas cercanas a Lucía Hiriart informaron a El Mercurio sobre su renuncia a la presidencia de la fundación.
Negocio redondo a costa de enajenación fiscal
Según una investigación de Ciper Chile, se estima que entre 1973 y 1991 el Estado de Chile, a través del Ministerio de Bienes Nacionales y numerosas municipalidades, transfirió gratuitamente a la fundación, decenas de inmuebles mediante decretos firmados por el propio Augusto Pinochet. Algunas de estas propiedades fueron loteadas y transformadas en villas para socias de la Fundación, las que se llevaron a cabo al final de la dictadura y durante la campaña del plebiscito, entre 1988 y 1990.
En este mismo sentido, varios de los inmuebles donados por el Fisco a Cema fueron vendidos a particulares, inmobiliarias e incluso a universidades, como la Universidad Bernardo O’Higgins, cofundada por Augusto Pinochet en 1990, y la Universidad Mayor, que contaba con varios excolaboradores del régimen en el directorio. La sede principal de Cema (un antiguo claustro que data de 1860 y que le había sido cedido gratuitamente por el Serviu Metropolitano en 1978) fue vendido a esta última universidad por $1.248.321.000. A mayor abundamiento, una investigación de Contacto, reveló que Cema había sido propietaria de más de 360 propiedades en todo el país, siendo al menos 236 de éstas de origen fiscal. Desde 1990, Cema realizó 136 transacciones sobre estos últimos bienes, recibiendo por ellas más de $ 8909 millones.
Disolución a la medida de lo posible
El 22 de agosto de 2016 (unos días después de la renuncia de Hiriart como presidenta de Cema) los diputados del Partido Comunista, Karol Cariola y Hugo Gutiérrez, se querellaron en su contra; acusándola de malversación de caudales públicos, distracción indebida de dineros y de fraude, así como de recibir 50 mil dólares de Cema Chile en 1998, durante el arresto de Augusto Pinochet en Londres. Debido a la existencia de estos antecedentes, es que a la fundación se le realizó un embargo preventivo de 41 bienes raíces distribuidos en diversos lugares del país.
Debido a esto, el Consejo de la fundación declaró por primera vez el 12 de junio de 2017 la intención de disolver gradualmente la entidad, y someter a estudio el traspaso al Fisco de los bienes raíces en poder de Cema. De esta manera, se estableció un acuerdo entre el Consejo de Defensa del Estado y la fundación, en donde se estipulaba que el 9 de diciembre los inmuebles serían devueltos paulatinamente al Estado entre el 15 de diciembre de 2017 y el 30 de junio de 2018, siendo las sedes de Iquique y Punta Arenas las primeras en ser disueltas. Sin embargo, la fundación aplazó la firma del acuerdo al 19 de diciembre, luego al 15 de enero de 2018 y finalmente al 15 de marzo, tras asuma el nuevo gobierno Piñera.
Nuevo gobierno y aplazamientos para que nada cambie
Como ya decíamos anteriormente, Nivia Palma, la actual ministra de Bienes Nacionales, denunció hace algunos días que Cema Chile volvió a negarse a firmar el acuerdo que devolvería al Fisco las propiedades que siguen en su poder, a la espera de la llegada de Sebastián Piñera a La Moneda el próximo 11 de marzo. La secretaria de Estado aseguró que “el directorio completo de la Fundación Cema Chile, decidió que no van a firmar ningún acuerdo durante este Gobierno y que van a pensar en la posibilidad de hacerlo después del 15 de marzo”.
Frente a esto, podemos ver que la pretensión de Cema Chile, es que el próximo Gobierno de Piñera, pueda darle un tratamiento más flexible de lo que los pasados gobiernos de la Concertación. Buscarán, por todos los medios legales el dilatar y en lo posible, evitar la devolución de los terrenos restantes comprometidos.
En este orden, podemos señalar, que la serie de conciliaciones efectuadas entre el Consejo de Defensa del Estado y Cema, a todas luces son una jugada para evitar las responsabilidades penales y civiles que puedan existir respecto de quienes conformaron el directorio de la fundación. Esto, porque queda de manifiesto la intención de defraudar al Estado a través de estas donaciones y al mismo tiempo de enriquecerse ilícitamente todo el tiempo que duró esta entidad.
No está de más el cuestionarnos, que con todo el dinero acumulado en las propiedades de la fundación o éstas en sí mismas, perfectamente podrían haber funcionado como centros o casas de acogida transitorios para las mujeres víctimas de la violencia machista, o también, como refugios transitorios de calidad, para todas y todos aquellos jóvenes LGTBI que son expulsados de sus hogares por su orientación sexual. Sobre todo, para aquellas mujeres o parte de la juventud precarizada, que no tienen los medios económicos y materiales mínimamente necesarios para encontrar una salida a esta situación de violencia y opresión, en donde producto de la dependencia económica, no tienen otro lugar en donde albergarse al momento de ser agredidas o violentadas, lo que lamentablemente termina engrosando las cifras de femicidios.
En ese sentido, Bárbara Brito, ex Vicepresidenta Fech y dirigente de la agrupación Pan y Rosas, señaló: "Es indignante la manera en que el Estado ha permitido uno de los más bullados robos de la dictadura, donde Lucía Hirart, viuda del genocida Pinochet se ha hecho de casi 90 inmuebles pertenecientes al Estado, aún sin ser devueltos y mucho menos condenada. Es la herencia de la dictadura militar, que como la educación, pensiones salud y vivienda permanecen bajo la tutela de los empresarios y políticos corruptos, que se llenan los bolsillos a costa de nuestros de derechos sociales"
