La larga y tormentosa sesión parlamentaria del lunes 30 terminó con la censura a la primer ministra Ana Jara, considerada como responsable política del espionaje interno ilegal llevado a cabo por la DINI (Dirección Nacional de Inteligencia). La moción, impulsada por la oposición, fundamentalmente apristas y fujimoristas, fue aprobada por 72 votos contra 42 del oficialismo y 2 abstenciones.
Jueves 2 de abril de 2015
Foto: REUTERS
La primera ministra Ana Jara debió renunciar, arrastrando a todo el gabinete en lo que es la peor crisis política que enfrentó hasta ahora el gobierno de Ollanta Humala. Desde 1963, cuando el voto de desconfianza congresal derribó a un gabinete del presidente Belaúnde, que no se registraba un antecedente similar.
La caída de Jara constituye una seria derrota política para Humala, que ya sufrió varias crisis de gabinete y ahora debe buscar un séptimo primer ministro en reemplazo de la renunciante. Ésta había sido elegida hace menos de un año con acuerdo de una parte de la oposición y jugaba un papel importante al frente del equipo ministerial, en la relación con los partidos políticos y ante una situación de tensiones sociales y regionales.
En enero, tras dos meses de importantes protestas juveniles, fue archivada la llamada “Ley Pulpín” de precarización del trabajo para los jóvenes. En febrero Humala ya debió cambiar a 5 ministros buscando tender puentes con la oposición, que ya amenazaba con una censura. Allí cayó el ministro del Interior, Daniel Urresti, tras la violenta represión a una protesta contra la petrolera Pluspetrol que dejó un muerto y decenas de heridos.
Un gobierno cada vez más débil, un “modelo” cuestionado
La caída de Jara y su gabinete deja a Ollanta Humala en una situación de debilidad y aislamiento político cuando queda poco más de un año para el fin de su mandato, mientras la economía afronta una prolongada “desaceleración” que ha reducido a menos de la mitad la tasa de crecimiento (en 2014 apenas alcanzó entre un 2,4 a 2,8 %). Si bien auguran una recuperación para este año, el horizonte sigue cargado de nubarrones ante la baja de los precios internacionales de las materias primas (las exportaciones peruanas dependen en un 70% del oro, la plata, cobre y otros minerales), una menor expansión de China y las menores posibilidades de captar inversiones extranjeras.
Tiende al agotamiento del “milagro peruano” -estrella de la “Alianza del Pacífico - festejada por el imperialismo y la derecha continental-, lo que fogonea las disputas en las alturas. Como dice el ex vicepresidente Toledo, aliado al oficialismo, se expresa “un país muy polarizado, muy fragmentado y muy enfrentado”, donde “todo vale” en las pugnas de la clase política, arriesgando “la gobernabilidad”.
La votación adversa refleja la ruptura de los acuerdos con un sector opositor que hace un año le dio a Humala una precaria mayoría parlamentaria para nombrar a Jara y elegir la directiva congresal. Se fortalece la oposición más dura, del fujimorismo y el APRA, que busca desgastar lo más posible al oficialismo, de cara a la cercana disputa electoral. Por lo pronto, y en un panorama complejo, el gobierno queda con escasa capacidad de iniciativa y obligado a maniobrar ante un parlamento adverso.
El presidente tiene 3 días para proponer un nuevo jefe de gabinete y deberá negociar un acuerdo para lograr su aprobación congresal, lo que restringe mucho sus opciones. Si no hubiera consenso, Humala podría apelar al recurso constitucional de disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones. Entre tanto, la Confederación de los empresarios así como la Sociedad de Minería, han llamado a la “moderación” a los políticos y el “prócer” neoliberal Mario Vargas Llosa se ha solidarizado con Ana Jara, en un gesto político que busca poner límites a la ofensiva del APRA y de Keiko Fujimori (cuyas perspectivas electorales van en ascenso) y sobre todo ilustra la voluntad del establishment de defender la estabilidad del modelo de entrega a las transnacionales, extractivismo minero y petrolero y represión a las protestas que el “nacionalista” Humala (por el que los progresistas latinoamericanos todavía sienten alguna ternura) ha preservado y defendido bajo su mandato.
De las negociaciones para hallar un sucesor “potable” a Jara depende el curso inmediato de la crisis política, y si puede delinearse un nuevo pacto para garantizar la “gobernabilidad”. Lo más probable es que no sea este el último episodio en los tropiezos gubernamentales.
Un escándalo de espionaje en que “el muerto se asusta del degollado”
El escándalo se destapó a comienzos de año, cuando trascendió que agentes de la DINI recopilaban información sobre opositores. El oficialismo buscó un pacto con un sector de la oposición para contener las denuncias a cambio de una reorganización de la DINI, pero sin lograr el acuerdo del aprismo y los fujimoristas. Las revelaciones de los “DINIleaks” continuaron, revelando que habían sido espiados cientos de políticos, periodistas, empresarios e incluso miembros del gobierno como la vicepresidente Espinoza. Jara destituyó incluso a altos jefes de los servicios de inteligencia, pero sin poder evitar la compulsa en el Congreso.
Que los seguidores del expresidente Alan García y de Keiko (la hija del encarcelado Fujimori) sean los principales denunciantes no deja de ser irónico, ya que las actividades en gran escala de los servicios de inteligencia se iniciaron bajo el primer gobierno de García y florecieron bajo los mandatos de Fujimori, es decir, en la época más siniestra de la “guerra sucia”, justificada en nombre de enfrentar a la guerrilla de Sendero Luminoso, con una represión que costó decenas de miles de muertos, desparecidos, torturas y prisión para innumerables luchadores. En tiempos de Fujimori el SIN (Servicio de Inteligencia Nacional), en la órbita del siniestro Vladimir Montesinos, fue una especie de “policía política” de enorme poder.
Tras la caída de Fujimori, y como parte de la política de “lavar la cara” del Estado, el SIN fue reemplazado por la DINI, y siguió cumpliendo tareas de “inteligencia interna” bajo los sucesivos gobiernos.
Por supuesto, ni oficialistas ni opositores quieren revisar estos antecedentes, comprometidos como están con ese período oscuro, con la impunidad de los militares y represores y con la conservación del plan neoliberal impuesto en los 80 y 90, vigente hasta hoy y que todos defienden.
En el oficialismo hay figuras cuestionadas por su papel en la represión y violaciones a los derechos humanos, como el ex Gral. Daniel Urresti, que fuera ministro de interior, acusado del asesinato del periodista Bustíos, en 1988, y el propio presidente, el ex Tte. Cnel. Ollanta Humala, que arrastra denuncias por desapariciones y ejecuciones en los 90, cuando prestaba servicio al mando de una unidad en la base de “Madre Mía”, en Huánuco.
Al respecto, toda la “clase política” peruana tiene responsabilidades políticas y “trapitos sucios” que esconder. Ni oficialistas ni opositores querrían que se haga pública la actuación pasada y presente de la “inteligencia” estatal y militar, y menos, que el pueblo peruano reclame verdad y justicia.
Eduardo Molina
Nació en Temperley en 1955. Militante del PTS e integrante de su Comisión Internacional, es columnista de la sección Internacional de La Izquierda Diario.
