Centro de estudios públicos de la Universidad Católica de Chile señala que el Estado puede aumentar de manera inmediata el presupuesto para la infancia en residencias.
Martes 3 de octubre de 2017
Según el último estudio realizado por el Centro de Políticas Públicas UC, un 44% de los niños y niñas que viven en residencias de la red Sename ha sido víctima de algún tipo de maltrato destacando además que un 10% ha sufrido abuso sexual. Cifras que reflejan un gran problema en la red de protección a la infancia, considerando que debieran ser instituciones que garanticen seguridad y bienestar de los niños, niñas y jóvenes. Contrario a la realidad actual, en donde terminan siendo quienes ejercen en diversos casos situaciones de vulneración de derechos.
Estas vulneraciones están asociadas a diversas variables, entre ellas el abandono del Estado respecto de políticas públicas sobre la infancia, destacando el estancamiento de las propuestas para la mejora de este sector las cuales se encuentran congeladas en el parlamento. Así mismo, se evidencia en el paupérrimo financiamiento en el ámbito proteccional y reparatorio en la infancia, en donde constantemente se aumenta la exigencia en la red de centros colaborares de Sename solicitando una intervención especializada y de excelencia. Sin embargo, se entregan escasos recursos para poder garantizar la efectividad de estos, relevando que muchos centros funcionan con un déficit considerable de fondos, lo que no alcanza para cubrir necesidades básicas de los centros como recursos técnicos para la intervención con niños, materiales de aseos o incluso hasta para pagar sueldos de profesionales. Por lo que en muchos casos, los centros deben realizar malabares con el presupuesto para poder cumplir con la atención y servicio hacia los niños, generando alto nivel de desgaste entre los trabajadores de la red, quienes deben cumplir con metas inalcanzables, las cuales están pensadas para un sistema ideal que dista bastante de realidad en la que se cuenta con precarios recursos para funcionar.
Debido a lo anterior es que diversas organizaciones se estarían retirando de las licitaciones como proveedores de servicios para el Sename. Tal como sucede con Fundación María Ayuda, la cual acaba de cerrar dos hogares en Concepción señalando, “es inconcebible que tengamos que cerrar dos centros muy bien evaluados por falta de recursos. Una persona en la cárcel gasta $ 600 mil, por lo tanto, $ 800 mil no es un volumen significativo para el Estado. Es, en consecuencia, una decisión política y no presupuestaria. El Sename aumentó las exigencias en los programas, y nos parece bien, pero no lo aparejó con más presupuesto”, señaló Ximena Calcagni, subdirectora nacional de María Ayuda.
Para remediar esta gran crisis, el centro de investigación UC ha identificado entre las medidas más urgentes que han sido estudiadas por expertos en trabajo social, sicología, derecho, economía y medicina, consta en aumentar el aporte que realiza el Estado a las residencias especializadas, pasando de $ 262 mil por niño al mes a $ 800 mil. Destacando que si bien la cifra no es la óptima para las necesidades de la residencia y tratamiento de los niños, niñas y jóvenes en éstos centros. Si estaría aterrizada a la realidad nacional y la posibilidad de aprobarse en la discusión del presupuesto nacional ahora en octubre de manera inmediata, sin necesidad de un proyecto de ley. “Estamos hablando de fondos muy menores en el contexto del gasto público y completamente abordables, y aun así estaríamos bajo los estándares internacionales óptimos”, señala Irarrázaval.
