Desmienten la "campaña" oficial que busca deslindar responsabilidades a las fuerzas represivas nacionales y de la provincia gobernada por el peronismo.
Celeste Vazquez @celvazquez1
Viernes 7 de septiembre de 2018 12:18
El fiscal Marcelo Soto decidió dejar en libertad, el jueves pasado, a las ocho personas que permanecían detenidas en el marco de la investigación judicial por el asesinato de Ismael Ramírez.
Ismael es el niño de 13 años que murió producto de un disparo en el pecho en el marco de una protesta en reclamo de comida en la localidad de Sáenz Peña en la provincia de Chaco, gobernada por el peronista Domingo Peppo, quien reivindicó la "rápida" intervención policial.
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La liberación, según el fiscal, se dio luego de que una serie de allanamientos en los domicilios de los sospechosos “dieron negativo”. La fiscalía sostiene el argumento de que el disparo que le causó la muerte a Ismael podría no provenir de las fuerzas represivas presentes en el operativo, la Policía Federal y la Policía Local, y sí en cambio de un arma "casera o tumbera”.
La estrategia de desligar responsabilidades de las fuerzas represivas y ponerlas en “vecinos” o “amigos” de la víctima no es nueva. Tampoco lo es la estrategia de “ensuciar” a la víctima, haciendo circular fotos falsas, desmentidas por la propia familia de Ismael, en la que se vía a un joven posando con una arma.
Idéntica actitud tuvo el Estado y las fuerzas de seguridad este mismo año, cuando Facundo Ferreira fue asesinado por las balas de otra fuerza represiva a manos de un gobernador peronista en la provincia de Tucuman, y cuando desapareció Santiago Maldonado, en agosto de 2017, cuyo cuerpo fue hallado sin vida unos meses después.
Las "irregularidades"
Lo cierto es que, mal que le pase a las autoridades judiciales y políticas, son varias las irregularidades en la manera en la que actuaron las fuerzas represivas.
Según indicó el Diario Chaco, los agentes de la Policía Federal tenían autorización sólo para “recorrer” la localidad chaqueña, pero no para “intervenir”. Sin embargo, lo hicieron y sin pedir permiso. Quizás esa sea una de las razones por las cuales, una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso el paso a disponibilidad del comisario Julio Gustavo Romero, responsable de la Subdelegación Sáenz Peña de la Policía Federal y a Walter Enrique Bernal, el titular regional en el NEA.
Además, familiares y vecinos de la localidad desmintieron en varias oportunidades la versión oficial que hablaba de “saqueos” y que intenta echar culpas del homicidio de Ismael a los mismos vecinos.
Verónica Varela, coordinadora del merendero al que concurría Ismael, le explicó a Página 12 que los habitantes del barrio se encontraban concentrados frente a las puertas del supermercado no con el objetivo de saquear el comercio. “La gente de Santa Mónica fue a retirar mercadería de Impulso (el supermercado) como lo suele hacer, ya que el dueño del mercado les retiene la tarjeta de alimentos. Como no les quiso dar productos por los aumentos de esos días –fue en medio de la más reciente devaluación del peso–, la gente se enojó”. A través de dicha tarjeta los habitantes reciben la miserable suma de $ 200 de vale, por parte del Estado provincial, para comprar mercadería.
Héctor La Cruz es el tío de Ismael. Contó a Radio Sudamericana que Ismael estaba con su hermano Daniel cuando quedo “atrapado” entre la Policía y los vecinos del barrio que estaban frente al supermercado. “Corren y ahí es donde un señor sale con un arma, le dispara y le da a Ismael en el tórax”. Agregó además que Daniel “vio todo” y que “este hombre estaba de civil y que era un arma 9 milímetros”, negando así la posibilidad de que Ismael haya muerto producto de un arma “casera o tumbera”.
“Lo único que pedimos es justicia”
Son las palabras de su tío y toda su familia.
Ismael tenía 13 años, vivía con su mamá (de la comunidad qom) y sus hermanos en un hogar muy humilde. “Con 13 añitos andaba cargando y descargando ladrillos para poder ayudarle a su madre y para poder comer. Él era un chico estudioso, iba todos los días a la escuela y le gustaba jugar al básquet, le gustaba el deporte. Su travesura era andar revolcándose por el piso jugando a la bolita, al básquet, o al fútbol”, cuenta conmovido Héctor.
Chaco es una de las provincias donde los índices de pobreza y desnutrición infantil arrasan. Según datos de junio de este año, el 52,3 % de la población es pobre y el 23,2 % es indigente. Y más de 15 mil niños menores de 14 años están “desnutridos, mal nutridos y anémicos”, según el Índice Barrial de Precios (IBP). Una provincia además donde es sistemática la política de hostigamiento y persecución a la población qom y sectores más humildes.
Y hay un responsable político. El Estado, tanto nacional y provincial. Mientras los padecimientos y carencias de los sectores más vulnerables de la población aumentan de la mano de una inflación galopante, tarifazos que no paran y un aumento en la pérdida de fuentes laborales, el Estado responde con represión.
La represión, con estas terribles consecuencias, es la contracara de este nefasto saqueo. ¡Justicia para Ismael!
