La reciente reelección de Trump en Estados Unidos abre un nuevo escenario en la región para los bonapartistas y los gobiernos autoritarios en general, alineando a las nuevas derechas en Centroamérica. La visita de Bukele a Costa Rica refleja esa dinámica.
Martes 10 de diciembre de 2024
Mientras el país y la región en general atravesaban una verdadera catástrofe climática; Rodrigo Chaves celebraba en Casa Presidencial la visita de Bukele. Se mencionaron varios puntos durante los discursos pronunciados como la limitación de las garantías de las personas privadas de libertad o sobre las posibilidades para la construcción de una mega cárcel en Costa Rica, sin embargo hay un eje que vale la pena destacar por ser justamente el del papel que jugarán los gobiernos de la región frente a la elección de Trump. Respecto de su rol con el gobierno norteamericano, ambos presidentes señalaron su iniciativa por la creación de una “Liga de Naciones” o un club de socios menores del imperialismo gringo, buscando sumar otros gobiernos con líneas semejantes a las suyas y con la mira puesta en la “seguridad y la prosperidad” de la región, alineándose y presentándose de conjunto al gobierno Estadounidense.
En el caso de Chaves, ha quedado clara su subordinación al capital transnacional y más en en específico su compromiso con los imperialistas en el caso particular de la visita de Laura Richardson, ex-comandante del Comando Sur, que dejó muy en claro que la “cooperación” de la que hablaron se limita a atar la política de los países de la región a la competencia con Rusia y la guerra comercial contra China. Este mismo año Chaves anunció entre bombos y platillos la intención del Gobierno Federal Estadounidense de hacer una inversión multimillonaria para impulsar la fabricación de superconductores en el país, justo cuando diferentes comunidades peleaban por su derecho al acceso al agua, como en Hatillo o Guadalupe en donde se mantuvieron bloqueos de calle y otras acciones de protesta. En otras palabras, la posición del Gobierno respecto del capital imperialista siempre ha sido una de subordinación política y económica, con la clara perspectiva de entregar recursos naturales como por ejemplo el acceso al agua potable del país, a las grandes empresas transnacionales, mientras cientos de familias y sus necesidades quedan al margen.
El gobierno sin partido de Chaves no había encontrado un par en quien pudiera apoyar su política internacional. En principio sus alianzas apuntaban al TLC con el gobierno de Lasso en Ecuador y con el gobierno de Netanyahu, del estado sionista de Israel; sin embargo, Lasso atraviesa un profundo proceso de juicio político por corrupción desde el 2023 y Netanyahu se encaminó a una guerra en la que Chaves no ofrece nada. Por otro lado, la necesidad de resolver las expectativas económicas nacionales, llevan a Bukele a buscar alianzas con gobiernos como el de Chaves. La visita de Bukele y la formación de una “amistad” más estable entre ambas figuras refleja parte del impacto que tiene la reelección de Trump en la política en general, con la posibilidad abierta para mayor radicalización del bonapartismo derechista y el autoritarismo. No es casualidad en el clima de envalentonamiento de la derecha retomar las negociaciones del TLC con el gobierno genocida de Netanyahu.
Al día siguiente de este acto, ambos pronunciaron discursos después de visitar el Centro Penitenciario La Reforma. Tanto en su acto de bienvenida, como en su visita a la cárcel el centro de la discusión fue el tema de la inseguridad, en lo que Bukele insistió en el uso del monopolio de la violencia, en sus palabras que “nadie puede ser violento más que el Estado”, y también en la necesidad de que no exista oposición alguna al plan de seguridad del Gobierno ya que “se necesita que la sociedad total en su conjunto esté detrás del plan”. Sin embargo, en el fondo del fenómeno mediático y su discurso de mano dura, la política de seguridad de Bukele ha mostrado consecuencias en pérdida de derechos y abusos sistemáticos para miles de personas, con el reconocimiento de al menos 4 mil detenciones de personas inocentes y un segundo mandato bajo un régimen de excepción que se ha prorrogado más de 30 veces.
Por su lado, Chaves agregaba lo propio argumentando contra el problema de “diluir en exceso el poder que le dan al gobernante” en Costa Rica, refiriéndose a los diferentes contrapesos institucionales que ha encontrado en sus choques contra las instituciones del Estado, la alta burocracia y el propio Liberación Nacional en tanto representante histórico de la burguesía tradicional del país.
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Es importante señalar que a pesar de que estos contrapesos han significado golpes a la política del Gobierno, como lo fue el caso de la Ley Jaguar, la popularidad del gobierno, y más en concreto de la figura de Chaves, ha mantenido un porcentaje de aprobación favorable y en crecimiento en los últimos meses. En este sentido, la visita de Bukele también es significativa porque refuerza la tendencia a la derechización de la vida política que Chaves ha promovido desde el inicio de su gestión. No sorprende que exista ya una iniciativa electoral en Costa Rica con un familiar de Bukele a la cabeza en proceso de inscripción, que seguro intentará vehiculizar el apoyo a Chaves y el uso de la figura de Bukele y su agenda punitiva y autoritaria para las elecciones de 2026.
Inseguridad y polarización política
Diferentes fuentes estadísticas, desde el INEC hasta el Programa Estado de la Nación, señalan que la inseguridad es percibida por la población como el problema más importante del país, por encima del desempleo o el costo de la vida. Hemos señalado en el pasado que el Gobierno ha anunciado como mérito suyo la estabilización de la economía, principalmente a través del control de la inflación o la reducción del desempleo y amparándose también en datos macroeconómicos en torno al 4% de crecimiento del PIB; sin embargo, las cifras que presenta Chaves ocultan tendencias preocupantes como la constante reducción de la participación de personas, especialmente jóvenes menores de 24 años de edad, en la fuerza laboral. Es decir que los índices económicos y las estadísticas reflejan unas condiciones de estabilidad aparente que se traducen por igual para el grueso de la población trabajadora en una “estabilidad” de precarización, de la amenaza del desempleo y de una inflación cada vez más dependiente del precio del dólar y del mercado internacional.
Por otro lado, la contradicción de la estabilidad de los números vs la desigualdad en los hechos, está en la base del problema de la actual crisis de inseguridad asociada con el narcotráfico y las diferentes formas de violencia vinculadas a este, sobretodo la violencia homicida. La degeneración económica en vastas zonas del territorio, especialmente en zonas costeras y fronterizas, ha facilitado que el narcotráfico se vea fortalecido.
Frente a esta situación, Chaves ha usado el problema de la inseguridad como parte de sus palancas electorales para el 2026, ahora mucho más claro con su alineamiento a la “Estrategia Bukele” como rumbo para la política de seguridad en Costa Rica. A pesar de presentar el camino punitivo y la mano dura como la única salida para la crisis de la inseguridad y el narcotráfico, las razones estructurales en el corazón del problema están más allá del alcance de una gestión de gobierno. Más aún, cuando hablamos de gobiernos capitalistas, cuyo fin no es el bienestar de la mayoría, sino la descarga de la crisis sobre los hombros de las masas trabajadoras. Es la propia desigualdad la que está en el centro de la emergencia de las condiciones de precarización del trabajo y de la vida.
Estructuralmente, la desigualdad y la falta de oportunidades, se combinan con otros fenómenos como la violencia patriarcal; a la vez que las instituciones bajo el capitalismo se limitan únicamente a administrar la crisis y no a frenar el deterioro de las condiciones de vida de las familias trabajadoras y el pueblo pobre. Estas condiciones son inherentes del sistema de la explotación del trabajo y traen consigo otras formas de precarización y violencia que sirven de caldo de cultivo al narcotráfico y las redes de trata. La salida de la mano dura solo atiende el síntoma de un mal que se encadena directamente con la base de la explotación del trabajo. No hay una salida definitiva del problema de seguridad que no pase por la discusión de la profunda desigualdad de la que se alimenta la producción capitalista.
¿Porqué pelear y cómo hacerlo?
Ante este situación es necesario que los sindicatos tengan una política agresiva de recuperación del salario y de la estabilidad laboral, creando comisiones que agrupen a todos los trabajos precarizados. En la última movilización, del 31 de Octubre, los sindicatos de la Caja del Seguro se movilizaron combinando la defensa del seguro social como conquista social y sus reivindicaciones salariales. Este camino debe mantenerse y profundizarse. La base necesita percibir una voluntad seria de articular luchas por parte de las direcciones. La confianza ingenua en las direcciones es algo que se perdió en 2018, en la huelga contra el Combo Fiscal y no debe perderse de vista. Como manera de combatir el deterioro de la democracia electoral, es necesario que los sindicatos constituyan espacios democráticos para las corrientes opositoras a las juntas directivas, a las organizaciones de izquierda, para los sectores sin partido y para los trabajadores que son parte de partidos opositores en general. Esa democracia permitirá que se exprese libremente la voluntad de la base, opuesto a la mayoría de regímenes sindicales actuales, donde brilla el control burocrático de las direcciones.
Ante la violencia, es necesario que las comunidades se organicen y toman la tarea de garantizar la seguridad en sus barrios. Las personas trabajadoras de las comunidades pueden organizarse por centro de trabajo o por barrio, junto con las madres de la comunidad, para garantizar el control de los espacios.
Frente al avance del narcotráfico, estamos por la legalización de las drogas y su producción por el Estado, controlada democráticamente por consumidores y puesta en manos de los trabajadores futuros de esa rama industrial. Para combatir las bandas narco, estamos por darle programas de arte y cultura, de reingreso a la educación formal, a toda la juventud a la que el capitalismo no ofrece más horizonte que la violencia homicida.
Responsabilizamos al gobierno de los Estados Unidos por la violencia que genera su política contra las drogas, negocio que más bien se alimenta de la ilegalización, destruyendo el tejido político y social de las sociedades, fenómenos asociados a todas las sociedades al sur de la frontera estadounidense, llegando a Colombia, Ecuador, etc.
Ante el fortalecimiento de la derecha más rancia, es importante no caer nuevamente en el camino que nos propone el Frente Amplio, de un pacto de las clases medias con las clases altas progresistas a la cual se sume como ‘pueblo’ las clases trabajadoras, las clases medias asalariadas y pequeño propietarias del país. La hegemonía de la clase trabajadora debe ser el centro al que tienda lo mejor de la clase trabajadora y de la izquierda, así como de las y los compañeros sin partido. Por ello es necesario construir espacios de frente único donde confluya la clase trabajadora y las otras clases subalternas, con la izquierda y lo mejor del activismo sin partido, juntos con las direcciones sindicales y el reformismo, desde donde se proceda a defender las conquistas sociales, mejorar el salario, exigir plan de mejora de viviendas (especialmente ante las inclemencias climáticas que vendrán), exigir justicia por los femicidios, etc.
Es fundamental luchar por el no pago de la deuda externa y redirigir esos recursos a la solución de nuestros problemas materiales concretos. Es absurdo que mientras cientos de centros educativos en el país operan bajo órdenes sanitarias por sus pésimas condiciones estructurales poniendo en riesgo a miles de jóvenes y educadores, se estén entregando miles de millones de dólares en una deuda impagable con que la nos mantienen atados al mercado internacional.
Además, no debemos quedar solo en un plano de exigencias reivindicativas, también debemos llevar adelante prácticas que eviten los femicidios y la violencia homicida en las comunidades, tomar en nuestras manos las difíciles tareas que el Estado y la policía no pueden garantizar y que significan la muerte y el estrés crónico, sumado a la pobreza y violencia general que viven las comunidades pobres del país.