Contrario a la justificación ofrecida por el Congreso chiapaneco para premiarlo, Patrocinio González Garrido está más relacionado con la represión que con cualquier aspiración de igualdad que no significara mantener igual de subyugados a trabajadores del campo y la ciudad, periodistas y a la comunidad LGBTI+.
Nancy Cázares @nancynan.cazares
Lunes 13 de agosto de 2018
Esta tarde el Congreso del estado de Chiapas entregó, de manos del actual gobernador, Manuel Velasco Coello, la medalla "Miguel Álvarez del Toro" al exgobernador priista José Patrocinio González Garrido, señalado por activistas como responsable de crímenes en contra de periodistas, persecución de campesinos y maestros opositores, así como por más de una decena de crímenes de odio durante su gestión que abarcó de diciembre de 1988 a enero de 1993.
De 1993 a 1994 González Garrido encabezaría la Secretaría de Gobernación, bajo las órdenes de su primo Carlos Salinas de Gortari y sería retirado del cargo apenas una semana después del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Su gobierno se caracterizó por su mano dura con todas las organizaciones sociales independientes.
Hijo del también exgobernador de Chiapas, Salomón González Blanco, González Garrido fue galardonado, para indignación de distintas organizaciones, por "siempre haber estado comprometido con Chiapas y la igualdad a través del estado de derecho".
Su presunta labor como "promotor" de la preservación de los recursos naturales en Chiapas, misma que hoy fue galardonada con una medalla al mérito ambiental, ha sido duramente cuestionada. No sólo por quienes hoy protestan en contra de premiar al priista, sino por quienes en 1994 se levantaron denunciando que apenas a un año del gobierno en Chiapas de González Garrido, en 1989, la penetración de "la bestia" capitalista en lo más profundo de la Selva Lacandona tenía a la población subyugada bajo la pobreza y la represión.
Según señala el subcomandante Marcos en su "Chiapas: el sureste en dos vientos, una tormenta y una prefecía", en 1989 cortar un árbol podía significar a un campesino una multa de 10 salarios mínimos y cárcel, mientras que las empresas contaban con permiso del gobierno para arrasar con hectáreas enteras. Todo bajo la mirada del hoy premiado González Garrido.
Contrario a la justificación ofrecida por el Congreso chiapaneco para premiarlo, González Garrido está más relacionado con la represión que con cualquier aspiración de igualdad que no significara mantener subyugados a campesinos, trabajadores, periodistas y sectores como la comunidad LGBT por igual. Así lo afirma un informe de Amnistía Internacional, en donde se registra que el exgobernador está vinculado a por lo menos 15 crímenes de odio y tres asesinatos de periodistas cometidos en Chiapas. Activistas y líderes campesinos, indígenas y magisteriales también enfrentaron la persecución y represión del gobierno de Patrocinio González Garrido.
Activistas señalan que previo al levantamiento zapatista, en Chiapas se llevó a cabo una "limpieza social" que implicó una serie de asesinatos de mujeres trans. Destaca el caso de Vanessa Ruiz, vicepresidenta del Grupo Gay Travesti de Tuxtla Gutiérrez y promotora de protestas por el esclarecimiento de los asesinatos, quien fuera baleada por un agente de la Policía Judicial Estatal el 4 de noviembre de 1992, según detalla Amnistía Internacional.
Los horrores de su administración no son, sin embargo, exclusivos de ella. La historia de Chiapas, estado rico en recursos naturales, ha estado marcada por el saqueo y la expoliación capitalista. Su población se enfrenta ante una realidad de violencia y pobreza que tiene a Chiapas entre los tres estados más pobres del país y ocupando uno de los cinco primeros lugares en crímenes de odio por homolesbotransfobia.
Gobernado actualmente por Manuel Velasco Coello, Chiapas continúa clamando por justicia. La imposición de la reforma educativa, la crisis del sistema de salud y la reconstrucción tras los sismos de septiembre de 2017 son algunos de los temas que se suman a una larga lista de agravios cometidos contra la población por las empresas y sus gobiernos.
Las promesas del gobierno federal entrante han ofrecido a Chiapas un plan de reforestación que, de cara a la realidad descrita líneas arriba, resulta insuficiente. Cualquier discurso de "arriba los de abajo" y que promueva "pagar la deuda histórica" con los pueblos indígenas, si no contempla verdad y justicia para las víctimas, no es sino demagogia en un estado en donde la borrachera democrática llegó trastabillando y llevó a la impugnación de la mitad de las elecciones municipales por el clima de violencia y de compra y coacción del voto en que se desarrolló la jornada electoral del 1 de julio.
