Comunidades indígenas. Chichén Itzá es del pueblo maya y vamos a defenderlo

Esto, en respuesta a que achichincles del director de la zona arqueológica de Chichén Itzá, Marco Antonio Santos Ramírez, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con apoyo de elementos de la Guardia Nacional, les impiden trabajar sus tierras a las afueras del recinto, además de discriminarlos y prohibirles hablar en su lengua maya, lo que pone en riesgo su derecho a la identidad, la preservación de su cultura ancestral y su fuente de alimento y trabajo para vivir.

Desde hace 3 años las y los campesinos enviaron un pliego petitorio y denuncias con pruebas al presidente de México, López Obrador y al director general del INAH, Diego Prieto Hernández, para que resolvieran el problema y no han tenido respuesta. Por el contrario, Santos Ramírez opera con el apoyo de alrededor de 50 agentes de la Guardia Nacional que se mantienen al interior del recinto. El personal destruye las milpas de campesinos y ejidatarios de la zona y les impide el paso a guías de turistas que se niegan a pagar un porcentaje de ganancias por su trabajo.

Al ser el sitio arqueológico más visitado y redituable en México, además de ser considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO y una de las maravillas del mundo, las autoridades estatales lo han convertido en un espacio más turístico que histórico, que recibe de 3 mil a 10 mil personas al día. Y aunque está prohibido subir desde 2008, denuncian que las autoridades dejan a turistas llegar a la cima de la pirámide por hasta 5 mil dólares (100 mil pesos), sin considerar los posibles daños a la construcción.

Esto se vuelve más indignante por el hecho de que el costo del boleto es bastante alto, lejos de los bolsillos de las familias trabajadoras, campesinas e indígenas de bajos recursos. El costo para turistas extranjeros es de 85 pesos de recuperación por parte del INAH, a esto se suman 490 pesos por concepto de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY), sumando un total de 576 pesos por persona; mientras que el costo para un visitante nacional es de 253 pesos, niñxs y locales pagan 85 pesos. Únicamente los domingos la entrada es gratuita. Aún así, el sitio recibe millones de turistas anualmente.

El gobierno excluye a las familias más empobrecidas del acceso a la cultura, esto mismo pasa con los recursos naturales, indispensables para la vida; el acceso a los mantos acuíferos y a la tierra queda restringido a quienes puedan comprarlos y se privatizan para despojar a las familias pobres de sus territorios.

El INAH sufre la política de austeridad del gobierno

A inicios del año pasado, el gobierno de la 4T golpeó al INAH a través de un duro ataque a la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y de la desaparición del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INAI), lo que significaba echar a la calle a 350 docentes eventuales y frenar proyectos de investigación en 16 laboratorios y procesos de inscripción de nuevo ingreso y de posgrado.

Este ahorro del gobierno pretendía dirigirse a la construcción del Tren Maya, pero del descontento generado salió el movimiento que logró arrebatarle la contratación de personal en la ENAH. Sin embargo, la desaparición de materias y los recortes laborales y adeudos salariales se venían arrastrando desde 2019.

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Es por ello que las y los trabajadores de la ENAH, acompañados por las y los estudiantes, deben unirse a la lucha contra el despojo y por una vida digna, por salarios acordes a la canasta básica, con contratos que brinden estabilidad laboral y derecho a la jubilación, con horarios que permitan tiempo de recreación y descanso, a la par de presupuesto para instalaciones escolares que permitan la investigación y el desarrollo de futuros empleos en la rama cultural e histórica del INAH.

¡Alto al despojo!

Por su parte, la construcción del Tren Maya ha sido controversial desde su anuncio, debido a la alta contaminación y destrucción ambiental que implica, por lo que ha generado la lucha de biólogos, antropólogos, artistas, comunidades indígenas y campesinas organizados por salvar la selva, los mantos acuíferos y ecosistemas que son el hábitat de cientos de especies animales y vegetales en una zona que no sólo es rica en biodiversidad, sino también en restos arqueológicos de un pasado excepcional que no ha sido explorado por el México actual.

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El rol que actualmente juegan los gobiernos del panista Mauricio Vila en Yucatán y el gobierno de la 4T a nivel federal, es justamente el de segregación y despojo, privando a campesinos e indígenas de usar sus tierras para vivir, obligándolos a desplazarse a otros sitios para continuar con la privatización y el beneficio de unos cuantos.

Es por eso que las y los maestros debemos respaldar la lucha de estos valientes pobladores de más de 14 comunidades indígenas aledañas que, acompañadas de otros pueblos originarios y personas solidarias, hoy bloquean los accesos para exigir la devolución de sus tierras y de su cultura.

Sólo la unidad entre trabajadores precarizados, la población despojada y la solidaridad de organizaciones y trabajadores de todos los sectores confluyendo en un gran movimiento que repudie estas condiciones de vida que los gobiernos nos quieren imponer, podrá detener el avance de la privatización y el empobrecimiento, como un paso más por la recuperación de nuestros derechos y la lucha por una vida digna, libre de la opresión y la miseria del sistema capitalista que hoy impera.