A unos días del vencimiento del plazo de entrega de agua de México a EE. UU. por el Tratado de Aguas, las tensiones políticas continúan con la aseveración de Marcelo Ebrard de que se entregará lo que falta para evitar que se convierta en un tema electoral.
Jueves 8 de octubre de 2020
El pasado 6 de octubre, luego de la reunión del canciller Marcelo Ebrard Casaubón con el consejero del Departamento de Estado de EE. UU., T. Ulrich Brechbuh, donde se tocó entre otros temas de la relación binacional el cumplimiento del Tratado de Aguas, que vence el próximo 24 de octubre, el canciller mexicano declaró que la entrega del agua faltante se cumplirá en el tiempo preciso para evitar que se convierta en un tema electoral, antes de la jornada que comienza en noviembre por las elecciones presidenciales en el país vecino.
De acuerdo con las declaraciones de Blanca Jiménez, directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ya está cubierto el 82 % del adeudo de este periodo y la presa La Boquilla adeuda un 10 % del faltante.
Sin embargo, se han dejado de lado los problemas reales debido a la escasez de los recursos acuíferos desde la sequía desatada en el 94 que fue la peor que ha sufrido México y que se extendió hasta 2011, llegando a un escurrimiento menor al 50 % del que había en 1991, es decir, de 499 hm3 en promedio por año, sin que se haya recuperado la afluencia pasada.
Las protestas por el agua en Chihuahua, los argumentos utilizados desde la presidencia, y retomados por Ebrard son que el conflicto es de carácter político en contra de su actual administración, pero realmente su postura es a favor de los intereses del imperialismo estadounidense.
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Debido a las muestras de represión en contra de los manifestantes por parte de la Guardia Nacional, así como en otras manifestaciones, podemos pensar que el gobierno no se detendrá en amedrentar y reprimir, brutalmente, a toda oposición en contra de la entrega del agua que falta para cubrir las condiciones del Tratado.
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En efecto, es un problema político, porque el gobierno no está respondiendo ante la falta de agua de la población, mientras continúa sus diligencias con el gobierno estadounidense. Mientras, no solo México sino todo el mundo enfrenta una grave escasez del recurso para el consumo vital, agricultura y ganadería, siendo el propio cambio del uso de suelo, uno de los principales factores de desertificación, así como la modificación del cauce de los ríos por obras de infraestructura, como es el caso del norte del país.
Desde fines del siglo pasado ya se proveía la sequía por la devastación natural, pero no hay a la fecha un plan serio acerca de la necesidad de la conservación de aguas, entre otros tantos problemas ambientales derivados del sistema de explotación rapaz.
Aunque en 2012 se reformó el artículo cuarto constitucional para incluir el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua, hasta hace dos años se estimaba que un aproximado de 12 millones de mexicanos no contaban con acceso al agua potable, además que el 80 por ciento de los cuerpos de agua se veía contaminado con descargas industriales, según cifras del libro El agua en México. Actores, sectores y paradigmas para una transformación social-ecológica, publicado por la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung.
De esta forma vemos que el actual gobierno mantiene la misma política de asegurar la diplomacia para mantenerse sin problemas en el poder, subordinándose a los intereses mercantiles frente a las necesidades reales y profundas de la población pobre, campesina y trabajadora del norte del país ni, tampoco, a las condiciones actuales de la región a 76 años del Tratado. Es urgente la organización del pueblo independiente de todos los partidos del régimen para defender y decidir el uso de un recurso natural tan importante como el agua.
Con información de iAgua
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