Chile: ¿Qué implica derogar la ley de amnistía?

El 8 de Julio del 2014 el estado chileno a través del subsecretario de relaciones exteriores, Edgardo Riveros, declaraba la promesa de “derogar la Ley de Amnistía, en respuesta a un requerimiento directo hecho por un miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU”.

A pesar de esto, el mismo el secretario afirmó que aún estando vigente la ley no existe aplicación alguna, expresando una coordinación entre los tribunales chilenos con la corte interamericana de justicia. En un acto simbólico este 11 de septiembre la presidenta Michelle Bachelet afirmó no solo la derogación de esta ley, sino la nulidad del artículo 93 del código penal referida a la extinción de cargos penales, entre otras demandas por parte de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos.
La tramitación de una derogación de la ley de amnistía ha traído variados temas a colación, entre ellos, la actual situación de los familiares de detenidos desaparecidos, como uno de los sectores más afectados por el decreto de ley Nº 2.191 redactado por la entonces Ministra Mónica Madariaga y dado a conocer el 19 de abril de 1978, que “beneficia a todas las personas que hayan cometidos delitos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978”.

Si bien ha sido un tema tratado en el parlamento las discusiones se han trabado en torno al carácter que puede tener esta acción. Es decir, si se anula o se deroga la ley.

La iniciativa

Por su parte, parlamentarios que impulsan estas discusiones, como el actual senador Guido Girardi (PPD) y Juan Pablo Letelier (PS), por mencionar algunos, han mostrado sus intenciones de “reabrir casos de violaciones de DD.HH. en Chile” aseguraron en declaraciones, el martes 16 de septiembre.

En una reunión con la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón, los legisladores han ido afianzando las voluntades de “que en Chile se termine con una institución que viola los DD.HH., que es la ley de amnistía. Es posible que las sociedades establezcan leyes de amnistía para pacificar y son grandes consensos democráticos, pero esta es una ley de amnistía totalmente espuria" declaro Girardi.

Esto es una clara alusión de la iniciativa por parte del gobierno de mantener una línea de concesiones en materias de DD.HH, así como lo fue el anuncio de la creación de una subsecretaría de derechos Humanos hace algunas semanas.

El respaldo

A su vez, diversas organizaciones de derechos humanos expresaron este lunes su respaldo a la iniciativa legal que busca impulsar este debate en el congreso.

Mediante una declaración pública firmada por la Agrupación de familiares de Ejecutados políticos, familiares y amigos de los 119, Coordinadora de Ex Presas y Ex Presos Políticos, Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, Comunidad Ecuménica Martin Luther King, el diputado Tucapel Jiménez (PPD), el abogado de DD.HH. David Osorio y Red de Sitios de Memoria; declararon que "es nuestro convencimiento y exigencia que la anulación de la Ley de Amnistía debe dar paso a la reapertura de los casos que fueron cerrados por esta oprobiosa ley, y darle la entereza moral a los jueces encargados de las investigaciones para romper con el pacto de silencio por parte de las fuerzas armadas", además de agregar que "De igual manera que este hecho jurídico y político debe ser el inicio de un conjunto de modificaciones legales que terminen con la impunidad".

Los límites

Tras 20 años de aplicación de la ley de amnistía la gran pregunta que se hacen tanto organismos de DD.HH., organizaciones de familiares y los mismos parlamentarios es qué efectos tendrá la posible derogación de la ley. Por un lado especialistas concuerdan que, de haber efectos retroactivos, estos sólo pueden aplicarse a delitos de lesa humanidad.

Aun así, para algunos expertos, no son del todo claro los efectos inmediatos y de largo plazo que ejercería la eliminación de la ley de amnistía en las causas que ya fueron cerradas con la aplicación del mismo. Cabe destacar que más 500 militares fueron favorecidos con este decreto que mantiene aun en secreto el paradero de muchos detenidos desaparecidos a lo largo del País.