El balance socioambiental 2020 de Chile Sustentable da cuenta de la pésima gestión del gobierno de Piñera en torno a las medidas sanitarias y ambientales durante la pandemia de coronavirus. Así, la negativa para firmar el acuerdo Escazú y el tráfico de influencias de la oficina Gestión de Proyectos Sustentables son parte de lo peor del año.
Miércoles 23 de diciembre de 2020
Mediante la publicación del balance socioambiental 2020de la Fundación Chile Sustentable, da cuenta de la negativa del gobierno a la preservación del medioambiente ante la negativa de firmar el Acuerdo de Escazú, aludiendo a que Chile tiene “una imagen internacional contradictoria al ser uno de los países iniciadores de este acuerdo”.
"Socioambientalmente 2020 fue un año complejo, primero dada la incidencia peligrosa de contagios en zonas de sacrificio donde estudios confirmaron que la contaminación y las enfermedades de base agravaban los síntomas de esta nueva enfermedad. Las empresas no quedan fuera de lo negativo de este año, destacando a la estadounidense Aes Gener que, a pesar de los graves impactos de la contaminación emitida por las termoeléctricas a carbón en la población, aún no define fecha de cierre para 13 centrales en Chile, de las 17 que aún no tienen fecha de cierre en el voluntario y laxo plan de descarbonización acordado entre el Gobierno y las empresas.", expresa el documento.
Lo negativo de este 2020 ha sido el veto presidencial a la derogación a la Ley Longueira "ley de pesca" junto con el rechazo de parte del gobierno al Acuerdo Escazú, acuerdo que busca mejorar el acceso a la información, a la justicia y la participación pública en materia ambiental en países de América Latina y el Caribe.
Un aspecto grave que marcó este 2020 fue la utilización de fondos públicos para favorecer intereses privados por parte de la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables.
"El 30 de julio un reportaje de Interferencia reveló un convenio de transferencia de recursos entre “empresas de menor tamaño” y la Oficina GPS dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo que traspasó sumas de hasta $92 millones al Servicio de Evaluación Ambiental para facilitar la tramitación de los proyectos que patrocina, ejerciendo una influencia ilegitima, tomando como ejemplo acciones específica para facilitar aprobación de Expansión de Los Bronces de Angloamerican.", señala el documento.
El documento indica lo "positivo" del año 2020, con la transición energética y el cambio climático ante la adhesión de la empresa Enel al Plan de de Descontaminación local al eliminar toda su generación a carbón en Chile, a esto se suma la aprobación de la Cámara de Diputados para cerrar las termoeléctricas a carbón y el fin de la minería de la Isla Riesco. También compromisos de mitigación de la NDC, donde Chile se comprometió a a alcanzar un máximo de emisiones (peak) de GEI al 2025, y a alcanzar un nivel de emisiones de GEI de 95 MtCO2eq al 2030.
En cuanto al agua, este año entró en vigencia la ley de protección a humedales urbanos y "la conservación de las fuentes naturales de agua". Mientras que aún, a casi 10 años de la discusión a la reforma al Código de Aguas, la tramitación de este proyecto aún se mantiene en pie.
