El pasado 22 de mayo el gobierno de derechista de Sebastián Piñera, dio inicio a la denominada “Consulta Indígena”, dirigida a los 9 pueblos originarios reconocidos por la ley 19.253. Es el paso previo para que la Administración Central pueda enviar al Congreso una modificación de la legislación existente desde el año 1993.
Martes 28 de mayo de 2019 00:41
En la actualidad y según datos del CENSO 2017, 2.185.792 personas se declararon Indígenas en Chile, dentro de las estadísticas entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, los pueblos que presentan el mayor porcentaje de pertenencia a nivel nacional son el Pueblo Mapuche, Aymara y Diaguita, seguido de “pueblo ignorado”, Quechua, Lican Antai, “otro”, Colla, Rapa Nui y Kawésqar y Yagán o Yámana, respectivamente.
Podemos observar que un 79,8% se considera perteneciente al pueblo Mapuche, el 7,2% del pueblo Aymara y un 4,1% del pueblo Diaguita. Según el INE (Instituto Nacional de Estadistica), dentro de la población que se considera parte del pueblo Mapuche, representa un 9,9% de la población total censada a nivel nacional.
La Consulta Indígena comenzó siendo un proceso con diversas falencias, partiendo por su procedimiento, el cual no garantizaba un consentimiento libre, previo e informado a los pueblos indígenas, es más, los que tienen el mayor manejo de la mayoría de los temas a consultar, la metodología y la forma de participación son el equipo del Ministerio de Desarrollo Social, no así los pueblos a consultar.
El Investigador y académico de la USACH, Fernando Pairicán expresó en una entrevista a Radio Uchile que “Aquí no existe modernización, más bien es un retroceso acorde a la lógica del modelo económico que busca generar propietarios de tierra. Se están preparando para resolver conflictos futuros por los llamados arriendos a 99 años, donde destacan las casas de autoridades de Gobierno a orillas de lagos de la zona, entonces, lo que se quiere hacer es legitimar la usurpación de tierras a partir de la ley del año 1993, que ha sido utilizada por personas con mayor poder económico para apoderarse de distintos espacios territoriales”.
Sumado a esto, nos encontramos con que dicha consulta, no cumple con los parámetros que se establecen por el Derecho Internacional ni cuenta con las condiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Mientras que el año 2016, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), manifestaba una preocupación de que los Pueblos Indígenas no sean consultados previamente a la hora de tomar decisiones que afecten sus derechos ni que existan mecanismos que sean realmente efectivos para participación indígena en base a normas internacionales.
¿En qué consta la Consulta Indígena del Gobierno de Piñera?
Once son los puntos que se encuentran dentro de la consulta y que se quieren modificar, atentando con la cosmovisión de los pueblos indígenas, intentado legalizar el arrendamiento y/o la venta de tierras a través de la división de forma parcial o total de los títulos de dominio que poseen las comunidades.
El gobierno de derecha establece 11 puntos principales, que se los mostramos a continuación:
1. Posibilitar a las comunidades indígenas recibir o generar títulos individuales de dominio
2. Permitir que el Derecho Real de Uso y Derecho Real de Goce puedan constituirse en título individual de domino.
3. Eliminar la restricción de subdivisión mínima de 3 hectáreas, aplicándose las reglas generales de subdivisión.
4. Permitir la venta de tierras indígenas entre indígenas a partir de los 5 años contados desde su entrega.
5. Reglamentar el mecanismo de permuta de tierras indígenas para clarificar y precisar sus condiciones.
6. Permitir la realización de contratos de arriendo, comodatos o medierías en tierras indígenas por un plazo de hasta 25 años.
7. Permitir mecanismos alternativos y voluntarios de reparación a los problemas de tierras indígenas.
8. Permitir el acceso a beneficios asociados a la calidad indígena solamente a personas con calidad indígena adquiridas por el artículo 2° letras a) y b) de ley N° 19.253.
9. Mayores requisitos para la constitución de nuevas comunidades indígenas.
10. Permitir que las Asociaciones Indígenas puedas ser constituidas por un mínimo de 2 integrantes.
11. Permitir que las Asociaciones Indígenas puedan postular al fondo de desarrollo Indígena.
¿Cómo se está viviendo el proceso a nivel nacional?
La consulta Indígena se estableció a lo largo de todo Chile y en cada una de las regiones, a partir del día 22 de Mayo se fueron estableciendo diversas mesas para comenzar con el proceso, hasta el día 20 de Junio, que el gobierno derechista espera finalizar.
Desde diferentes ciudades se evidencia un total rechazo a la consulta del gobierno, comunas como Padre Las Casas, Victoria, Arica, Osorno, Coyhaique, etc.
El día lunes 20 de Mayo, en la ciudad de Temuco, cientos de personas y organizaciones mapuches y sociales se manifestaron por las calles de la ciudad para demostrar su amplio rechazo al proceso, exigir la liberación de los presos políticos mapuche y justicia para Camilo Catrillanca.
La Werkén de la Agrupación Ad Mapu, Ana Llao Llao, dio a radio UChile, que este proceso impulsado por el gobierno, es solo una justificación de las autoridades para efectuar las compras de tierras indígenas de forma totalmente irregular. Así mismo, manifestó que esta propuesta es nada más que un retrocesos a tiempos de la dictadura de Pinochet, quitando lo que se ha conseguido hasta ahora sobre reivindicación territorial.
“Hoy día el Ejecutivo, con esto, nos está asesinando sutilmente, desde el punto de vista legal y administrativo. Como no nos pueden disparar todos los días por la espalda, lo hacen de frente con esta consulta, pero hay que tener en cuenta que algunos mapuches, a lo único que aspiran es a tener 300 mil pesos a través del arriendo de tierras, esto es algo lamentable, no solo para ellos, sino que también para generaciones futuras. Entonces, disponibles si quieren hablar de tierras, para abrir el espacio y ampliar el territorio, pero un rotundo no para la venta y arrendamiento” Expresó al mismo medio.
Desde Xawn Temucuicui manifestaron su total rechazo a la pseudo-consulta indígena, en su comunicado público expresaron que “El gobierno ha venido desarrollando una agenda completamente ajena a los intereses del pueblo mapuche, con su actuar solo incrementa el colonialismo, la domesticación y la promoción de odio, alejando cada vez más a la paz que tan rimbombante declara irresponsablemente por los medios”
En la provincia de Osorno las comunidades rechazaron de forma categórica la consulta y decidieron no ser partícipes del proceso, Ximena Licán, quien es Presidenta del Consejo de Comunidades de Osorno, expresó a los medios de comunicación, que este tipo de consultas responde a otros tipos de intereses. Mientras que el Lonko Luis Pailapichún, también manifestó que el proceso de Consulta Indígena es una política de mala fé, que representa un retroceso en todo lo que tiene relación con las políticas indígenas.
Mientras tanto en Arica, el pueblo Aymara y Quechua también demostraron su descontento y rechazo total al proceso impulsado por el Gobierno de Sebastián Piñera, manifestándose con gritos y pancartas contra la Consulta Indígena.
En las comunas de Padre Las Casas y Cunco, en la Región de La Araucanía, representantes de las comunidades se negaron de forma rotunda a ser parte del proceso, expresando que los puntos expresados solo van a favorecer la compra y el arriendo de tierra por parte de empresarios y privados.
Mario Curihuentro, representante de las comunidades, manifestó que primero debe existir un reconocimiento constitucional y posteriormente proponer cambios a la ley, que deben surgir de las propias comunidades. “Aquí lo que está ocurriendo es que se instalarían las empresas particulares, se le daría espacio a que se enajenen prácticamente todas las tierras mapuche", agregó Eduardo Curín, dirigente del Trawun de Temucuicui.
Las falsas Consultas Indígenas del Gobierno de Piñera y la Nueva Mayoría
Tampoco debemos olvidar el conjunto de promesas establecidas por la Nueva Mayoría durante el Gobierno de Michelle Bachelet, donde la Administración se había comprometido con la participación Indígena de un Proceso Constituyente para la supuesta redacción de una nueva Constitución política. Donde según datos que entregaba el gobierno, cerca de 17.000 representantes de los 9 pueblos indígenas habían participado.
Fuertes cuestionamientos desde las organizaciones indígenas comenzaron a expresarse tras dicho proceso, la Organización Mapuche Ad-Mapu afirmaba que “las consultas que se hicieron para el Ministerio de Pueblos Indígenas fueron súper chantas, sin una participación real, porque se juntaron solamente los amigos del gobierno de turno, donde quedamos una gran parte de personas que no participamos”. Mientras que en ese momento, los Consejeros de la CONADI denunciaron que: “Los textos o enunciados que se someten a consulta, son claramente insuficientes frente al avance en materia de Derechos que la Comunidad Internacional ha reconocido en diversos instrumentos jurídicos internacionales”
Actualmente y bajo el gobierno de Piñera, evidenciamos que este proceso no constituye una sorpresa para los pueblos Indígenas, ya que se propone legitimar lo que sería una reforma a la Ley Indígena 19.253 (1993), esta reforma, viene siendo parte importante del denominado Plan Araucanía impulsado por el Gobierno, que tiene como objetivo realizar un catastro de tierras, para limitar la restitución de estas a los Pueblos Indígenas.
El Ministro Moreno, propone flexibilizar el uso de las tierras pertenecientes a los pueblos originarios, entregándole una mirada desde la propiedad privada, incentivando el uso de las tierras sagradas para los pueblos indígenas con fines particulares, donde los grandes empresarios y privados puedan acceder a estos.
Es necesario recordar que la Ley Indígena no establece devolver las tierras usurpadas a los pueblos, mientras estas se encuentran en manos de empresarios forestales y agrícolas como es el caso del sur de Chile, es más, esta ley viene a reafirmar una vez más la usurpación de tierras.
No parece nada extraño la hipocresía que existe detrás de la denominada Consulta Indígena, impulsada por el gobierno, la cual viene a plantear una vez más la mercantilización de los territorios, sumado a la política de militarización de la Araucanía, la serie de montajes tras el asesinato de Camilo Catrillanca por parte de Fuerzas Especiales, la policía desplegada por los territorios Indígenas, los drones y los patrullajes en helicópteros. Además de la aprobación de Centrales Hidroeléctricas, forestales, agrícolas y Mineras en territorios que pertenecen a los Pueblos Indígenas.
