El abogado Jaime Bassa lanzó un libro en abril de este año con la editorial Planeta, en donde aborda la crisis de legitimidad de la Constitución de Pinochet y el proceso constituyente que se vive en Chile.
Daniel Vargas Antofagasta, Chile
Viernes 9 de octubre de 2020
En su reciente libro “Chile decide por una nueva Constitución”, el abogado Jaime Bassa aborda el proceso constituyente. El libro vio la luz en abril de este 2020 junto a diversos títulos que buscan brindar una explicación de lo sucedido en Chile. Tal como reseñamos anteriormente el libro de Mario Garcés, en esta ocasión abordaremos este ejemplar de la Editorial Planeta.
Jaime Bassa hace una visión interesante del proceso constituyente mediante un libro en el cual se realiza una pormenorizada explicación de porqué la Constitución de 1980 se encuentra profundamente deslegitimada y de cómo ésta es fuente de trabas y obstáculos. Bassa, en este sentido, aclara porqué la Constitución heredada de la dictadura es profundamente autoritaria.
Este análisis es profundamente correcto e ilustrativo para pensar los problemas del régimen Pinochetista actual; este régimen que la revuelta de octubre cuestionó.
Sin embargo, la visión de Bassa, sobre lo que debe hacer una Constitución, es modificar relaciones de poder en donde establece que una nueva Constitución es la depositaria de la modificación de las relaciones de poder en términos jurídicos-técnicos con “super-ciudadanos”, con muchos derechos y privilegios, o “sub-ciudadanos”, que no tienen derechos sino promesas de derechos que finalmente no son cubiertos.
Lo que plantea Jaime Bassa es que es necesario alterar esta relación de poder y que el proceso constituyente está para ello. Y, en tal sentido, según el autor, lo que estaríamos viviendo en Chile, la eventual Convención, sea mixta o constitucional, serían una Asamblea Constituyente pues en términos jurídico-técnicos se cumplirían los requisitos que nos permitirían hablar de una verdadera Asamblea Constituyente.
Según Bassa bastan 4 requisitos para definir una Asamblea Constituyente: que sea un órgano colegiado el que la redacte, que los participantes de la misma sean electos por sufragio universal y de manera democrática, que ésta elabore una nueva Constitución y que ésta, una vez cumplido su cometido, sea disuelta.
Asimismo, embellece el proceso, señalando que las diversas trabas que hemos denunciado ampliamente no serían tal. Entre otras cosas afirma que los quórums de 2/3 no entregan poder de veto a una minoría, o que la Convención tendría poder originario y no derivado. Hay toda una serie de vueltas por la cual Bassa legitima a ciegas el proceso constituyente señalando que tenemos la oportunidad de decidir.
Esta visión jurídico-formal deja fuera el hito que abrió el proceso constituyente, que es la protesta social. El estallido de Octubre aparece como un hecho de la causa y no como un motor que es bombeado por la lucha y la protesta, así en su elaboración habla de los “agentes subalternos”, cuya participación le daría legitimidad al proceso actual.
No obstante, no se señala nada de las dificultades que tienen estos “agentes subalternos” para participar en el proceso constituyente por las dificultades que impone la ley de votaciones populares y escrutinios, la ley de partidos políticos, por los costos materiales (y morales) que implica declararse legalmente como candidato, las prohibiciones de ser candidatos los dirigentes sindicales o gremiales, etc. Todos estos obstáculos son legales y regularán la eventual Convención, en cualquiera de sus versiones.
En este sentido, Bassa olvida este problema de participación. Si la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios asegura a los partidos tradicionales el arrastre de candidatos menos votados, o las dificultades que tiene la población y las organizaciones sociales que no cuenten con un partido político legal, ¿cómo serán representados estos sectores subalternos que él llama a participar?
Además, para pensar la participación, hay que tomar en cuenta que hoy realizar cualquier tipo de manifestación implica o la prisión (gracias a la Ley Anti-protestas que contó con la aprobación desde el Frente Amplio hasta la UDI) o graves agresiones, como el intento de homicidio de un joven de 16 años el pasado 2 de octubre. Obviar estas importantes trabas para la participación no hace más embellecer un proceso constituyente ordenado entre cuatro paredes en un “Acuerdo por la Paz” que no aseguró nada de paz, sino que impunidad.
Bassa pareciera confiar demasiado en el proceso, demasiado en las urnas, sin ver que el problema no son la relaciones de poder que deben modificarse, sino que lo que hay que modificar es una relación de fuerzas, para lo cual es necesario constituir y desarrollar esa fuerza.
Lamentablemente, en vez de desarrollar esa correlación de fuerzas las organizaciones sociales y sindicales dirigidas por el Frente Amplio y el Partido Comunista prefirieron restarse de convocar una nueva paralización como la del 12 de noviembre, o convocar alguna movilización en repudio la represión que vimos el pasado 2 de octubre.
El problema de la fuerza está dado no solo en la capacidad de movilización de las fuerzas motrices del estallido de octubre, sino que además por el desarrollo de grupos reaccionarios, como el paro de de camioneros, las bandas fascistizantes convocadas por la APRA o bien los matones del Rechazo. El problema de la fuerza radica en pensar que la derecha y los sectores reaccionarios de país respetarán las urnas.
Bien sabemos que la derecha y la reacción son campeones olímpicos de pasar por alto el “estado de derecho” y las constituciones cuando se ven tocados los intereses de los poderosos del país imponiendo sus mandatos por la fuerza, a través de golpes de estado si es necesario.
Esta relación, de poder y fuerza, es un vacío en el relato que Bassa desarrolla en su libro, esta es la principal contradicción del libro. Si bien, es un excelente libro que sirve mucho para pensar a qué proceso constitucional vamos, el gran problema es que al leerlo pareciera que el proceso constituyente es un proceso sumamente feliz, donde todo está bien, donde la burguesía y la derecha respetarán los acuerdos constitucionales, que mantendrán su palabra, como si el poder fuera un tema de un acuerdo entre caballeros.
Un proceso constituyente en donde el pueblo realmente decida, con completa soberanía y libertad para determinar las demandas urgentes y estructurales del país, es algo que indudablemente hará patalear a los grandes empresarios que verán amenazados los negocios que por 30 años les aseguraron millonarias ganancias.
El límite del análisis de Bassa radica en su confianza en el régimen democrático burgués y el respeto de las reglas del juego democrático. Sin embargo, la perspectiva que quedó planteada post estallido es cómo avanzar a un cambio profundo en el régimen que implique echar abajo los pilares de la dictadura. En tal sentido, hablando como Bassa, cambiar esa relación de poder requiere cambiar la correlación de fuerza, y esto es algo de lo que Bassa no se hace cargo.
En tal sentido, Bassa pasa por alto el factor de lucha espontáneo que tuvo la revuelta. Al obviar el elemento de la lucha de clases, las huelgas, las protestas o manifestaciones (algo que sí analiza Mario Garcés en otra reseña que desarrollamos) elimina este componente de espontaneidad, de choques y lucha callejera con la policía y las fuerzas del Estado.
Con esto se tiende a obviar elementos propios de la revuelta, como la existencia de la Primera Línea, de la expresión de sectores de vanguardia, la violencia estatal, la represión, los presos políticos de la revuelta. Es decir, el elemento de la lucha y choques de fuerzas están fuera del análisis de Bassa. Este es un problema que lleva a Bassa a pensar el desarrollo del estallido social en términos jurídicos y no en términos de choques de fuerzas, de relaciones entre fuerzas concretas, de crisis de las instituciones y del gobierno.
Esto último hace que el elemento social aparezca, en el análisis, como un antecedente más de la causa más, es decir, la acción callejera es sólo un antecedente de la causa y no algo que logró desequilibrar la balanza. O sea, pareciera que, según nuestra interpretación, para Bassa lo que desequilibró la balanza e hizo entrar en crisis los 30 años de democracia pactada hubiese sido sólo que la gente se cansó de abuso.
Finalmente, hay otro elemento que está totalmente por fuera del análisis del libro. El rol que jugaron los partidos políticos y las organizaciones como la CUT o la Mesa de Unidad Social no están en el análisis. Sin embargo, partidos como el Partido Comunista, a la cabeza de la CUT, o el Frente Amplio son también gestores del actual estado de la situación, toda vez que luego del paro nacional del 12 de noviembre se borraron de la escena entregando espacio al gobierno para imponer el “Acuerdo por la Paz”. ¿Porqué Bassa no tomó este elemento?
El libro de Bassa permite hacerse una buena visión jurídico-técnica, sin caer en aburridos tecnicismos legales, del proceso, sin embargo, esta omisión del rol de las organizaciones políticas y de la lucha de clases le resta un poco de mérito al trabajo de este destacado jurista ya que, visto desde ese ángulo, abre muchas más dudas.
