Constitución. Chile: hacia un nuevo "pacto de unidad nacional" posplebiscito

Este domingo se celebra el Chile el plebiscito para definir si se Aprueba o Rechaza el texto de la nueva Constitución que se discutió en una Convención el último año y medio.

En estas últimas semanas previas al plebiscito hubo dos fenómenos que parecen contradictorios: un escenario de polarización social y política, y una búsqueda de moderación y acuerdos por arriba.

Por un lado estan los sucesivos escándalos políticos y noticiosos que pretenden mover la aguja del resultado electoral: La detención del dirigente mapuche Héctor Llaitul y la caída de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, por haber dicho que existían presos políticos mapuche, el escándalo por una performance en el acto de cierre de la campaña por el Apruebo en Valparaíso, el atropello de ciclistas por partidarios del Rechazo, o una escena de pugilato entre diputados en pleno Congreso.
Un clima enrarecido y que da cuenta de la polarización política y social.

Por otro lado, al mismo tiempo que ocurre todo esto, el tono de moderación, búsqueda de acuerdos y giro al centro se acrecienta día a día empujado por todos los partidos, medios de comunicación y grupos empresariales.

Como informaba el diario El Mercurio, “los últimos hechos despertaron preocupación en La Moneda por el eventual clima de enfrentamiento que se podría producir el domingo. Una de las bajadas comunicacionales de La Moneda fue hacer un llamado a la moderación, sea cual fuere el resultado”.

Pero no se trata simplemente de un giro comunicacional. Se trata de una definición estratégica sobre cómo encarar el escenario posplebiscito. El gobierno del Frente Amplio, Partido Comunista y la ex Concertación, está protagonizando una reedición de la “política de los acuerdos” basado en tres pilares: consensuar con la derecha las modificaciones a la nueva Constitución si gana el Apruebo o acordar un nuevo proceso constituyente aún más limitado y antidemocrático si gana el Rechazo; buscar una “normalización” de la economía en base al ajuste del gasto fiscal, de la política monetaria y el consumo (y desde ahí buscar políticas tímidamente redistributivas a la medida de lo que permitan los grandes grupos económicos) y recomponer la autoridad del Estado profundizando medidas bonapartistas como la militarización del sur y la criminalización de “los extremos”.

El resultado del domingo será la base sobre la cual se concretizará esta política de grandes consensos. El Apruebo y el Rechazo son dos vías de restauración de la gobernabilidad capitalista luego de la rebelión popular de 2019 y la crisis económica pospandemia. No es extraño, por tanto, que los términos y condiciones para un nuevo “pacto de unidad nacional” estén ya sobre la mesa.

Actores y contenidos del nuevo pacto

Resulta sintomático que una alta ejecutiva del banco de inversiones suizo Julius Baer, sintetizara la disyuntiva política chilena de la siguiente forma: “como sea, lo importante es ver que detrás del Rechazo y del Apruebo, en ambos campos, la gran mayoría está convencida de que se necesita hacer cambios a la Constitución existente o crear otra nueva. Ambas partes están diciendo tenemos que buscar más consenso en el centro”. Y no es raro si el propio Gabriel Boric ha repetido hasta el cansancio que “no habrá ni vencedores ni vencidos”.

No se trata solo de una declaración de buenas intenciones. Las negociaciones entre los partidos de gobierno y la derecha para consensuar un plan de acción posplebiscito continúan de manera frenética. El jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, aseguró que existen varios puntos de consenso en el caso que gane el Rechazo: el presidente Boric debe ser protagonista del acuerdo, un nuevo plebiscito de entrada es innecesario y debe existir una nueva Convención constitucional, pero mucho más limitada y expedita.

El ánimo general es restringir el número de escaños reservados a los pueblo originarios (se habla de dejarlo sujeto al número de votantes y no al padrón), no permitir las listas de independientes y buscar mecanismos para que puedan ser electo “expertos” (una de las propuestas sobre la mesa es hacer listas cerradas por parte de los partidos). Según trascendidos, las conversaciones no se estarían dando únicamente en el Congreso. El gobierno también sería parte de ellas y habría disposición de llegar a un acuerdo.

Todos los poderes reales están presionando para un acuerdo amplio. En definitiva, todos se quieren subir a un nuevo “pacto de unidad nacional”.

Desde la vereda de la gran burguesía, el expresidente de la central fabril empresaria SOFOFA, Bernardo Larraín Matte, aseguró que “abundan razones para no descansar en que la política por sí sola trace una nueva ruta y nos conduzca con éxito por ella. En los últimos años ha fracasado una y otra vez en alcanzar los acuerdos y liderar los procesos necesarios para enfrentar el remezón del estallido, las brechas sociales profundizadas por la pandemia, el crecimiento económico que no sale de su letargo (y ahora con inflación), la confianza en las instituciones que no se recupera y la inseguridad que sigue golpeando a las personas. Por el bien de nuestro país, ojalá emerjan el 5-S [día posterior al plebiscito] liderazgos en el oficialismo y en las oposiciones que llenen con sentido y acuerdos el -a esta altura- manoseado concepto de nuevo pacto social”.

En la misma vereda, aunque con un tono más “humilde”, se posicionaba el empresario y consultor Eugenio Tironi: “Cualquier sea el resultado el domingo -decía Mario Marcel hace pocos días-, el proceso constituyente no va a concluir y se requerirán acuerdos amplios para conducirlo a buen puerto. Quienes fuimos parte de la Concertación podríamos poner nuestra experiencia al servicio de ese desafío (...) y continuar respetándonos no obstante que hoy estemos en posiciones distintas”.

Ir al centro para golpear a los extremos, mientras la clase trabajadora paga los costos de la crisis

Detrás del clima de polarización y los escándalos de campaña, se va fraguando un nuevo pacto de unidad nacional que va desde el reformismo del Partido Comunista, el progresismo pequeñoburgués del Frente Amplio, los representantes de la burguesía progresista del Partido Socialista y la ex Concertación, hasta la derecha de Chile Vamos y los grandes grupos económicos nacionales e internacionales.

Pero este nuevo acuerdo “de centro” se sustenta en dos apuestas fundamentales. Por un lado, que los costos fundamentales de la crisis económica recaigan sobre los hombros de la clase trabajadora y los sectores populares. No se trata aún de ataques frontales por parte del gobierno al movimiento de masas. Boric tiene, más bien, una apuesta tímidamente redistributiva (así se vio en su discurso en la SONAMI en donde le pedía a los grandes empresarios mineros que distribuyeran algo de sus utilidades). Pero en un contexto de crisis económica, de inflación galopante y una recesión que se avecina, las reformas tienen un carácter más bien paliativo, puesto que son incapaces de detener la pérdida de salario, aumento de la pobreza, los campamentos, el estancamiento en el empleo y la precarización del trabajo.

La segunda apuesta es reprimir y criminalizar duramente a quienes desafíen el nuevo pacto de gobernabilidad. No es casual que exactamente al mismo tiempo que Michelle Bachelet hacía su desembarco a la franja electoral hablando de que la nueva Constitución es un piso que requerirá ajustes y mejoras, la Policía de Investigaciones (PDI) mostraba como trofeo la detención de Ernesto Llaitul, hijo del histórico dirigente mepuche de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). Toda una postal de los últimos días de campaña.

La operación de la campaña del apruebo (en donde todos los partidos actúan con celosa unidad de acción, en una amplio arco que va desde la ex Concertación hasta Movimientos Sociales Constituyentes y el reagrupamiento dirigido por el alcalde de Valparaiso Jorge Sharp), es ir aceptando las distintas exigencias de la derecha bajo el manto de derrotar al Rechazo en las urnas. Concederle sus puntos, “todo sea para no ver a los fachos celebrando un triunfo”. Sin embargo, cuando el gobierno de Gabriel Boric hace el trabajo sucio que el gobierno de Piñera no pudo hacer, es la derecha también la que celebra.

Por eso resulta indispensable impulsar una alternativa política independiente desde las y los trabajadores y los sectores populares, que se plantee no sólo en oposición por izquierda al gobierno de Boric, sino también desenmascare el nuevo fraude histórico que fraguan con la nueva Constitución e impulse un programa para que la crisis la paguen los capitalistas retomando el camino de la movilización y lucha en las calles.

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