En junio del año pasado, el gobierno lanzó la consigna “patria o buitres” con inflamadas proclamas de defensa de la soberanía que alegremente había entregado en los canjes de deuda de 2005 y 2010. Para ganar tiempo en las cortes neoyorquinas, avanzan acuerdos con China que salen caros.
Esteban Mercatante @EMercatante
Martes 3 de febrero de 2015
Fotografía: DyN
Por si quedaban dudas, a estas alturas podemos decir que Cristina Fernández ya eligió. Terminará su mandato cubriendo sus necesidades financieras de la mano del gigante asiático. O al menos va a intentarlo. En esa clave fue unánimemente leídas por diversos analistas la votación de apuro llevada a cabo en el Senado en diciembre del acuerdo marco con China, que en medio de la crisis desatada por la muerte del fiscal Alberto Nisman no pudo tratarse en diputados antes del viaje de la Presidenta iniciado el sábado. La cosa venía desde principios de 2014, pero adquirió prioridad desde que la decisión de la Corte Suprema de los EE.UU. Rechazó tomar la apelación de la Argentina al fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa que obligaba a pagar a los “buitres” que rechazaban quita sobre su deuda el 100% de lo que reclamaban. La confirmación de ese fallo significó un traspié para el objetivo que se había trazado el gobierno argentino hace poco más de un año, después de acelerar la devaluación del peso (que sólo en enero de 2014 cayó 23% frente al dólar). Para este fin el gobierno acordó pagar generosamente a Repsol por la expropiación de su tenencia en YPF S.A., y pactó con el Club de París para regularizar la deuda en default. Iniciativas amigables hacia los mercados que se vieron frustradas por la disputa con los buitres.
Durante la segunda mitad de 2014, durante la turbulenta y fallida negociación en Nueva York que derivó en un nuevo default, uno de los bálsamos que contuvo la macroeconomía argentina, cuando se esbozaba una nueva corrida contra el peso, fue la contribución de fondos del Banco de China al Banco Central de la República Argentina (BCRA). Gracias a estos giros, que suman 3.100 millones de dólares de los 11 mil millones comprometidos en julio, así como a la liquidación que hicieron las cerealeras y las inversiones de compañías de telefonía para la red 4G, el BCRA logró reponer sus reservar, terminando el 2014 arriba de los 30 mil millones de dólares (hoy casi 31.500 millones).
Las fuertes expectativas que había sobre el mes de enero, cuando venció la famosa cláusula RUFO puesta por el gobierno como límite para un acuerdo con los buitres, se han ido diluyendo. Griesa puso fecha de audiencia para marzo, pero cada vez son menos los que esperan algún acuerdo. Para el gobierno, bajarse ahora del “patria o buitres” tendría más costos políticos que beneficios económicos, ya que los “frutos” de una bonanza basada en deuda y entrada de capitales (siempre relativamente efímeros como muestra la vasta experiencia del país en bancarrotas financieras) los disfrutaría el próximo gobierno. Ante esto, tirar con la cosecha de soja, algo diezmada por el desplome en la cotización de los últimos meses, y con los dólares (yuanes) de China, es la clave para 2015.
Soberanías de ocasión
Los acuerdos con China han despertado críticas desde varios sectores. A las quejas industriales que vienen de larga data, y que se profundizaron en el último año por las inversiones ferroviarias o el trato preferencial para contrataciones sin licitación, se sumaron también las de banqueros y otros sectores que agitan el temor a la avanzada hostil de capitales chinos, en un momento donde las empresas locales tienen valuaciones notoriamente bajas.
Pero el elenco oficial, fiel al estilo kirchnerista desde su origen, no va a preocuparse hoy por lo que será un problema de mañana. Como ha ocurrido en numerosos aspectos desde que el “proyecto nacional” está en el gobierno, la tolerancia hacia la avanzada imperialista es sumamente amplia, e incluso hay una recepción entusiasta, en tanto ayude -o al menos no estorbe- con la estabilidad de la macroeconomía. Así, en 2009, la presidenta acudía a la sede de Repsol-YPF y se refería a un plan de “inversión” de la empresa -que ya entonces era un plan de vaciamiento- como una iniciativa que “sobre todas las cosas reafirma un optimismo y una esperanza en el presente y en el futuro”. No sería hasta que el fardo de la importación energética se proyectara a sumar 12 mil millones de dólares en 2012 que la empresa se transformaría en para el gobierno en la “vaciadora” que, en los hechos, siempre fue. El desplome de la producción y las exportaciones de gas y petróleo no se desarrollaron de un día para el otro, sino de forma paulatina durante los gobiernos kirchneristas.
Así también, poco más de un año después de haber proclamado la “soberanía hidrocarburífera”, el gobierno firmó con Chevrón un pacto ante el cual palidecen todas las atribuciones discrecionales que tuvo Repsol mientras fue dueña de YPF. Detalle no menos, la prórroga de soberanía que permite que la deuda argentina se litigue en el extranjero, se encuentra también presente en este convenio. La ley de hidrocarburos aprobada el año pasado, generaliza y amplía esos beneficios para todos los que quieran lucrar en suelo argentino con hidrocarburos no convencionales.
Poco importa, entonces, desde la mirada oficial, que el acuerdo marco conceda a China un acceso privilegiado a negocios energéticos, mineros y de infraestructura. En una peculiar interpretación, la “soberanía” queda acotada a darle largas a cualquier acuerdo con los buitres en la corte de Griesa, mientras se abraza de forma entusiasta las condiciones para profundizar con el gigantea asiático una nueva dependencia.
La disyuntiva que el gobierno pretende resolver con la “ayuda” de China, es consecuencia de que durante lo que fue la década más pródiga para el comercio exterior argentino, donde el país percibió ingresos netos por 163 mil millones de dólares sumando los superávits comerciales anuales del 2003 al 2014, estos se dilapidaron en su totalidad tan rápido como entraban. Esto se explica por la alegre tolerancia a las gangrenas de la dependencia y la rapacidad de la burguesía argentina. La contrapartida fue una sangría que tuvo entre sus capítulos principales la fuga de capitales (94.500 millones de dólares desde 2003) el giro de utilidades de las empresas extranjeras (7 mil millones de dólares al año desde 2003 hasta 2011) y los “pagos seriales” de la deuda pública externa.
Sólo un repudio de toda la deuda, unido a otras medidas fundamentales como la nacionalización de toda la banca bajo control de los trabajadores, y un genuino monopolio estatal del comercio exterior y de todos los movimientos de divisas, permitirá cortar los nudos de la dependencia que el gobierno kirchnerista refuerza hoy en un lado para sólo pretender que relaja en otro.
