En la madrugada del 18 de septiembre, un patrullero de la Policía de la provincia de Buenos Aires, persiguió la moto en la que se trasladaba Esteban Vella. Hubo disparos durante la persecución. Encontraron en el patrullero un cargador sin declarar por los policías.
Domingo 21 de noviembre de 2021 16:21
Tenía solo 15 años. Esteban Vella salió una noche de septiembre con la moto que trabajaba haciendo delivery en el quiosco de su tío. Como no le pagó, se llevó la moto. El tío le avisó a un amigo policía. Fue así que comienza la persecución policial desde el centro de la ciudad. El adolescente cayó al agua en un lugar conocido como puente de las “tres bocas”, donde encontraron el cuerpo. En la persecución, los uniformados dispararon.
“No hay ningún disparo, la autopsia es clara”, sostuvo el intendente de Chivilcoy Guillermo Britos días después de los hechos. El objetivo de Britos, un excomisario, fue el intento de dejar impune el accionar de las fuerzas de seguridad.
Mientras en las redes sociales se hablaba que en la persecución policial hubo disparos, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) visitó la ciudad a pocos días de los hechos para reunirse con la familia y el personal judicial interviniente y constató que la policía había disparado.
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Recientemente, personal de criminalística y estudios forenses de Gendarmería Nacional realizaron la reconstrucción de la persecución y peritaron el patrullero. Durante ese procedimiento, debajo de la alfombra del asiento del acompañante, se encontró un cargador de una pistola Bersa 9mm, con capacidad para 17 cartuchos y que sólo tenía 8. Ese cargador no estaba declarado.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como querellante institucional, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, requirió que ese cargador se incorpore a la pericia balística de las armas reglamentarias entregadas por los policías que participaron de la persecución. También designó como perito de parte al licenciado en accidentología Jorge Garetto, quien ya estuvo durante el procedimiento realizado por Gendarmería.
“Es una hallazgo de importancia para la causa y de enorme gravedad institucional porque ese cargador no había sido denunciado por nadie, es decir, se trata de un armamento que no fue declarado y que podría haber sido utilizado por fuera de cualquier marco de legalidad en esta o en otra situación”, expresaron desde el área de Litigio estratégico de la CPM. Otro de los datos que se investiga en la causa, es que mientras en la persecución el adolescente cayó al agua, la moto quedó en buen estado del lado de un terraplén, lo que a los abogados de la querella les abre varias hipótesis. Los abogados que representan a la madre de Esteban son Ismael Jalil de la Correpi y Marcelo Parrilli (fundador del Cels).
Las pruebas y testimonios de la causa dan cuenta de una persecución, de noche, en una zona semi-rural y efectuando disparos cuando no había riesgo para la vida de nadie, muestran el accionar de los uniformados. Se trate de fuerzas de seguridad de la nación, provincial o de la Ciudad, todas ellas ejercen sus funciones con el respaldo de impunidad que le da el poder político. Esto les garantiza que las fuerzas de seguridad pueden armar o fraguar causas, perseguir a un joven bajo cualquier pretexto -entre los más habituales se encuentra el intento de cooptar a pibes para sus negocios ilegales, o el control social sobre los jóvenes de barrios populares-.
No es una manzana podrida, es toda la institución. El Estado es responsable.
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