Christian Castillo participó recientemente del programa Demasiado Humo del canal bonaerense QM y debatió sobre la protesta que realizan las patronales agrarias y la cuestión de la propiedad de la tierra.
Viernes 17 de julio de 2015 16:33
La pelea por la resolución 125 que establecía un esquema de retenciones móviles, representó en 2008 un antes y un después en los períodos de gobierno kirchneristas.
Fue uno de los hitos que permitió al oficialismo desarrollar su discurso épico: el gobierno que quiere redistribuir a favor de los sectores populares, versus los dueños de la tierra que quieren concentrar la riqueza proveniente de nuestro suelo en la menor cantidad de manos posible.
Este hecho fue lo que desató además la madre de todas las batallas que sigue siendo eje de discusión cotidiano para los paneles de 6,7,8: la disputa entre el gobierno que quiere democratizar la palabra, versus los medios hegemónicos de comunicación. El Grupo Clarín se ubicó en defensa irrestricta de sus socios, los empresarios del “agro power” y esto enemistó hasta nuestros días a Cristina con el multimedio.
En ese momento los grandes propietarios de la tierra realizaron contundentes cortes de ruta y medidas de lucha contra una modificación en la estructura tributaria que afectaría mínimamente sus ganancias. El voto “no positivo” de Cobos fue el hecho que consagró su victoria. Y ese voto que impidió la sanción de la 125, es homenajeado y recordado casi como una fecha patria por parte de algunos sectores que en 2008 conformaron la mesa del enlace.
Para el día de hoy la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Coninagro convocaron una "jornada nacional de protesta" en reclamo de un "cambio en las reglas de juego" en materia agropecuaria. La medida fue presentada en el predio ferial del barrio de Palermo de la SRA por el presidente de esa entidad, Luis Miguel Etchevehere, junto a Rubén Ferrero (CRA) y por el titular de Coninagro, Ejidio Mailland.
La Federación Agraria, que no adhiere a la convocatoria, ya había impulsado una jornada de protesta masiva en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chaco y Formosa. La entidad sostiene que se debe eliminar el sistema ROEs de permisos de embarque, además de bajar a cero las retenciones para pequeños y medianos productores en trigo.
Pero ¿qué reglas del juego quieren cambiar las patronales del campo? Sin dudas, quienes reclaman hoy no hablan en nombre de los peones rurales, altamente precarizados. Tampoco hablan en nombre de las poblaciones aledañas a los cultivos de soja, enfermos de cáncer por el uso irracional del glifosato. Como bien sostiene Christian Castillo, precandidato a gobernador por la lista 1A del Frente de Izquierda en un debate en el programa "Demasiado Humo" del canal bonaerense QM, los que protestan hoy no son nada más y nada menos que los que se la llevaron en pala durante los gobiernos kirchneristas.
La tierra no cae del cielo: la cuestión de la propiedad
La realidad indica que “las reglas del juego” han estado a favor de las ganancias de los dueños de las tierras. De hecho, la reciente declaración de Cristina que afirmó que la 125 fue un “error de cálculo del ministro de economía”, permite ver que la “gesta” contra el campo no fue más que discursiva. En el conflicto de 2008, el gobierno sólo buscaba más renta para subsidiar a otras fracciones del empresariado, una disputa por el reparto del excedente entre fracciones del capital, en la que poco tienen que ver los intereses del pueblo trabajador.
“En Argentina los 4 mil principales propietarios tienen la mitad de toda la tierra que se usa para agricultura y ganadería. Y eso se lo ganaron apropiándoselo de los pueblos originarios y con los grandes negociados con el estado. Si toda esa riqueza en vez de fugarse al exterior como va la mayoría, fuese a satisfacer las necesidades de vivienda, educación y salud, otra sería la situación del pueblo trabajador. La propiedad de la tierra no les cayó del cielo. ¿Cuándo vamos a discutir tocarles la propiedad de la tierra a esos 4 mil?”, preguntó Castillo en el debate televisivo, en contrapunto con Norma Urruty, vicepresidenta de Carbap.
Al problema de la concentración de la propiedad, hay que sumar la concertación de la producción agropecuaria en manos de grupos que a través del arriendo de tierras, el alquiler de maquinarias y la innovación tecnológica, han ganado un peso central en el mundo de la explotación agropecuaria. Estos grupos y los pequeños y medianos propietarios, estuvieron detrás de las jornadas contra la 125 y fueron parte importante de las movilizaciones en las principales ciudades.
La oligarquía y los grandes terratenientes han sido uno de los principales beneficiarios de la “década ganada”. Sólo en el caso de la soja la renta agraria promedió durante la última década los u$s 7.500 millones. Avanzada la primera década del siglo XXI, las propiedades en manos de nombres tradicionales en la Provincia de Buenos Aires siguen siendo formidables: el grupo Bemberg posee 143.000 hectáreasas. Whertein, 98.000. La familia Blaquier, 45.000. Bunge, 260.000. Los herederos de Amalia Lacroze de Fortabat 220.000. Los Anchorena, 40.000 y los Gómez Alzaga, 60.000.
En el caso de Santa Fe los 17 principales terratenientes son propietarios de 617.000 hectáreas. Los tradicionales terratenientes se renuevan (un poco), se “fusionan” con lo nuevo (Benneton es dueño de 900.000 hectáreas en el Sur; Cresud de Elztain tiene 460.000), pero siguen dominando el panorama. De las 35 familias que en 1913 concentraban la mayor parte de las tierras, 30 siguen siendo grandes propietarios en el siglo XXI. Hoy son 1.250 propietarios que poseen 8 millones 700 mil hectáreas, el 32% de la superficie cultivable en la Provincia de Buenos Aires.
La “cuestión agraria” en la Argentina actual pasa por acabar con la apropiación de una formidable masa de riqueza por parte de los terratenientes. Sólo la propiedad privada de la tierra fundamenta que esta clase se apropie de la renta diferencial. Las retenciones a las exportaciones de granos apenas afectan una parte de esta renta, en promedio durante la última década el 51% en el caso de la soja, mucho menos en el caso de otras producciones. Cortar con el reparto de esta riqueza social que hacen la burguesía terrateniente, los rentistas, pools, y demás capitalistas de la cadena agroalimentaria es una cuestión básica para cualquier aspiración de transformar de la sociedad.
“En la provincia de Buenos Aires existen 1.300 grandes propietarios. A nivel nacional son alrededor de 4.000. Cobrar retenciones o cualquier otro impuesto sin afectar la propiedad, significa sólo discutir una pequeña parte de la renta y no cuestionar el poder social de este estrato”, afirmó Castillo en diálogo con LID. Liquidar a este pivote central en la articulación del agropower, permitiría también discutir una organización de la producción agraria que ponga el acento en las demandas sociales postergadas, el medio ambiente y la recuperación de actividades abandonadas por no ser tan rentables como la soja.
Los obreros rurales del país –850.000 según el ex Renatre, menos de la mitad según el actual registro público Renatea– cargan con las jornadas más duras y los salarios más bajos. El 80% en negro y bajo condiciones de extrema precariedad. A pesar de la tecnificación de la actividad agropecuaria, la carga de trabajo no ha disminuido en lo más mínimo para los obreros rurales. Para poder afrontar el costo de vida anual los maquinistas trabajan entre 8 y 10 meses sin descanso, sábados, domingos y feriados, en distintos cultivos, cruzando todo el país.
La “gesta” de 2008 nunca puso en cuestión el derecho de un estrato social a percibir un ingreso por el mero hecho de monopolizar la propiedad del suelo. No hay sorpresa: sería impensable que un gobierno de este Estado cuyo fin es garantizar la reproducción social del capitalismo y por tanto la propiedad privada de los medios de producción (incluyendo la tierra), avance en liquidar la propiedad terrateniente, ya sea mediante la expropiación o con un impuesto verdaderamente confiscatorio.
Los que protestan hoy como bien sostiene un panelista en el debate que protagonizó Castillo, “si les fue tan mal lo disimulan bastante bien”. “Cambiar las reglas del juego implicaría en realidad, tal como sostenemos desde la lista 1A del Frente de Izquierda, terminar con la concentración de la propiedad de la tierra y establecer un plan de producción agropecuaria basado en las necesidades populares”, sostuvo Castillo.
